1-La figura de la consulta popular: la gran farsa. El proceso para concretar la figura de la consulta popular a nivel constitucional, reglamentarla y, por último, intentar ponerla en práctica, fue tortuoso y no tuvo un final feliz. Cuando las dos nuevas herramientas de democracia semi-directa –la consulta popular y la iniciativa ciudadana—vieron la luz con la reforma político-electoral promulgada el 9 de agosto de 2012 por el entonces presidente Calderón, apenas iniciaría un camino colmado de decepciones y desaguisados. Dejando de lado un poco que su reglamentación tardó casi dos años (marzo 2014), y ello fue en varias ocasiones pretexto para no dar curso a las escasísimas peticiones realizadas para poner en funcionamiento ambas figuras consagradas en el artículo 35 constitucional, es interesante revisar cómo se les fue quitando fuerza legal hasta dejarlas como meras farsas de participación política. En pocas palabras, si se hiciera un análisis minucioso de su potencial de incidir en la toma de decisiones, es muy probable concluir que es igual si existen o si nunca hubieran sido legisladas. En el caso específico de la consulta popular, es conocido cómo ninguna de las cuatro solicitudes, presentadas por sendos partidos políticos con el propósito de realizar dicho ejercicio en la concurrencia de los comicios federales del 7 de junio de 2015, fue capaz de transitar el cerrado filtro de la declaratoria de constitucionalidad a la cual está facultada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Si bien PAN y PRI acataron sin demasiados reclamos los fallos de la SCJN, MORENA y PRD han despotricado contra la máxima institución del Poder Judicial e, incluso, han declarado su intención de llevar sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El intento por trasladar el costo político a la SCJN es una muestra más de la mezquindad con la cual los actores políticos se han desenvuelto con las “cortinas de humo” en las que se constituyeron las consultas populares fallidas. Aunque se eliminó de la reglamentación la prohibición planteada en el proyecto original donde no podía consultarse acerca de reformas constitucionales, en cualquier caso las restricciones estipuladas en el artículo 11 de la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP). Si a esto se le suma la experiencia de las discusiones en el pleno de la SCJN sobre las solicitudes de consulta popular respecto al salario mínimo (PAN), la reducción de congresistas plurinominales (PRI), y la reforma energética (PRD y MORENA), parece imposible someter asunto alguno a este instrumento. Sin embargo, los partidos políticos gastaron tiempo y recursos en intentar impulsar un ejercicio que, de entrada y por ley, estaba condenado al fracaso. Por otra parte, llama la atención cómo los partidos se escudan en la consulta popular para ocultar sus omisiones en la labor legislativa, ya que tienen toda la facultad de emprender las iniciativas propuestas sin necesidad de someterlas a este proceso contaminado por la demagogia, la manipulación y el engaño. ¿Vale la pena mantener la consulta popular? ¿Debe replantearse como propondrá el PAN en próxima fecha –eso dicen los panistas—o simplemente debiera desaparecer? ¿Qué conclusión se puede sacar de los primeros intentos de activar esta figura constitucional de democracia semi-directa?
2-La fórmula hacendaria del PRI: deuda e ineficiencia fiscal. En una nota publicada este lunes 3 de noviembre en La Jornada, se señala que los niveles de endeudamiento contratado por el gobierno mexicano en los primeros nueve meses de 2014, han sido 119 por ciento mayores a los registrados en el mismo periodo del año anterior, lo cual equivaldría a alrededor de 412 mil millones de pesos. Con esto, se habría ampliado en 842 por ciento las necesidades financieras enfocadas en la cobertura del gasto público. Por otra parte, en una entrevista concedida a la revista digital Sin embargo, el senador panista por Baja California, Ernesto Ruffo, resaltó cómo la tendencia de diseño presupuestario del gobierno federal priista no tiene nada distinto a la manera en la cual se hacía en los sexenios previos a la alternancia. Para Ruffo, los “baches financieros” no se cubren con medidas responsables, sino con una fórmula sencilla aunque costosa en términos de sustentabilidad: el incremento del déficit. Asimismo, tal como lo hicieron algunos legisladores de oposición en las tribunas de ambas cámaras del Congreso durante las discusiones acerca de la Ley de Ingresos 2015, la miscelánea fiscal aprobada en 2013 no sólo no ha dado buenos resultados en materia de impulso a la economía, sino que ha afectado de forma importante la competitividad del país, disminuido el ingreso de los contribuyentes cautivos, y simulando un combate a la informalidad que continúa brillando por su ausencia, aún con las cifras infladas por medio de la incorporación de los desaparecidos beneficiarios del Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS). Por si fuera poco, Ruffo fue más allá y advirtió sobre presiones hacia una eventual devaluación del peso mexicano. Para el senador, la moneda nacional se está sobreexponiendo a la especulación global y se podría abusar del recurso de un dólar caro so pretexto de capitalizarlo en las ganancias obtenidas por las exportaciones, en especial las petroleras. En suma, aun con la persistencia en la retórica oficial de que la reforma energética tiene como uno de sus objetivos “despetrolizar” las finanzas públicas, la autoridad federal parece querer exprimir los recursos petrolíferos a su máxima y más ineficiente expresión. Por lo pronto, el Presupuesto de Egresos 2015 está en plena revisión y proceso de aprobación en la Cámara de Diputados –recordar que, al no tener carácter de ley, no pasará por el Senado—y los partidos políticos discuten, como es la costumbre, cómo gastarán el dinero público en un entorno de poca (o nula) transparencia y con la mira puesta en la temporada electoral. Las crisis recurrentes en México durante el régimen autoritario se debieron en buena medida por la irresponsabilidad en el manejo y administración de los recursos. ¿Qué tan cerca se está de un escenario parecido a los presentados hace tres o cuatro décadas en el país? ¿Qué cambios del entorno nacional y de la dinámica económica internacional han cambiado desde la década de 1980 para hacer más riesgoso emprender una política fiscal y de gasto como la actual?
3-Contra la violencia, ¿un nuevo Pacto por México? Este 3 de noviembre, al concluir su discurso de presentación de los reglamentos vinculados con la reforma energética, el presidente Peña llamó a las distintas fuerzas políticas a concretar un nuevo acuerdo nacional con el propósito de abatir la violencia en México. En su peroración en Palacio Nacional, el mandatario llamó a unir esfuerzos por el fortalecimiento del estado de derecho, el combate a la corrupción y “cerrar el paso a la impunidad”. Es cierto que estos dichos no son congruentes con las prioridades establecidas en la práctica por el actual Ejecutivo federal: una reforma de justicia penal que tiene amplias probabilidades de no estar cumplimentada para cuando venza el plazo perentorio de su implementación en junio de 2016, un órgano anticorrupción que debió existir desde hace casi dos años y sigue congelada su legislación en la Cámara de Diputados, la incertidumbre sobre el futuro de la PGR y su eventual transformación en Fiscalía General, el refreno mediático a la cobertura de la hasta ahora incontrolable violencia en todo el país (en unas entidades y regiones más que en otras, pero en todos los casos igualmente intolerable), y la continuación del ejercicio de una procuración de justicia discrecional, donde la impunidad y la apuesta por el olvido siguen siendo “el sello de la casa”. También llama la atención cómo Peña subraya que la próxima propuesta de establecer un nuevo pacto nacional responde a la coyuntura de los recientes sucesos desencadenados en Guerrero. Lo inquietante de este enfoque es que se sigue viendo el problema de la delincuencia, la violencia, la corrupción, la debilidad del estado de derecho y sus instituciones como una cuestión coyuntural y no estructural. El mismo presidente se refirió hace unos días a la corrupción como un problema cultural, frase por la cual fue linchado en los medios y la opinión pública. No obstante, si no se quiere reconocer una aseveración tan radical como la emitida por el jefe del Ejecutivo federal, sería crucial emprender un ejercicio donde se asuman las verdaderas raíces de la problemática y puedan entonces atenderse. La manera en la cual las autoridades han encontrado fosas clandestinas en las inmediaciones de Iguala, pero terminan desestimando la identidad de los restos hallados en ellas por el simple hecho de que no son los estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, es una ilustración de cómo suelen atenderse este tipo de conflictos en México: acallar la fuente del ruido y luego preservar el silencio de un país donde se quisiera pensar que no pasa nada, al tiempo que se cae a pedazos. Con esto en mente, en los siguientes días seguro veremos una magna ceremonia donde se congreguen empresarios, partidos políticos, líderes sindicales, gobernadores, miembros respetabilísimos de la sociedad civil –académicos, activistas, interesados y demás—, además de, muy importante, medios de comunicación, quienes firmarán/proclamarán/anunciarán (da igual) un renovado “Pacto por México”. En esta ocasión no será el compromiso por reformas inocuas como el publicitado el 2 de diciembre de 2012, sino la cíclica promesa de que todo cambiará y será mejor porque “¡ya basta!”, “¡ni uno más!”, “¡hasta aquí ha llegado nuestra tolerancia!”, y demás arengas huecas. Entonces, ¿qué habrá de nuevo en el “tan esperado” pacto nacional? ¿Por qué Ayotzinapa parece estar condenado a ser no un punto de inflexión, sino otra más de las crestas dentro del enorme valle que dibuja la situación del país desde hace décadas?
4-¿Y si llega a faltar la autoridad? En la noche del pasado viernes 31 de octubre, la opinión pública se enteró de la noticia de que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, había sido sometido a una cirugía para atender una arritmia cardiaca. Como no es poco frecuente en los procedimientos médicos en México, y a pesar de que, a decir de los propios especialistas, una operación programada como la del funcionario tiene un riesgo de fallo de entre 1 y 2 por ciento de los casos, el ex procurador de la Ciudad de México acabó engrosando ese 1 y 2 ciento. Una perforación accidental ocasionó una hemorragia que llevó a los médicos a decidir emprender una maniobra a corazón abierto y evitar un daño mayor al convaleciente Mancera. La historia hasta ahora ha tenido un final feliz y el mandatario capitalino se recupera poco a poco y, en palabras del secretario de Gobierno de la entidad, Héctor Serrano, ya está despachando “desde un reposet”. Más allá del anecdotario en que se espera quede el incidente –a reserva de indagar un posible caso de negligencia médica o mala praxis—, es ineludible hacer la pregunta acerca de qué pasaría si un jefe de gobierno, gobernador, legislador y hasta presidente de la República llegara a faltar de forma definitiva. En términos procedimentales, cada constitución estatal y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (EGODF), indican los trámites a seguir en caso de una ausencia absoluta de los titulares de los Ejecutivos locales. El caso de la Ciudad de México es sui generis al estar sujeto tanto a las prescripciones del artículo 122 de la Constitución General de la República, como al EGODF, aunque sí es un órgano local, la Asamblea Legislativa, la que estaría facultada para designar al sucesor de un jefe de gobierno ausente. Cuando se habla del presidente de la República, los procesos están consagrados en el artículo 84 constitucional. Con base en ello, por ejemplo, es que Andrés Manuel López Obrador ha exigido la renuncia de Enrique Peña antes del 1 de diciembre próximo, fecha en la que se cumplirán los dos primeros años de gobierno del mexiquense. En el inverosímil evento de que esto ocurriera, la ley mandata que el secretario de Gobernación asuma de manera provisional el despacho presidencial, que el Congreso de la Unión se erija como Colegio Electoral y vote por un presidente interino que deberá convocar a elecciones anticipadas para elegir nuevo mandatario. Sin embargo, si la falta del presidente acaeciera en los últimos cuatro años del periodo constitucional, el Congreso también fungiría como Colegio Electoral, pero se votaría por un presidente sustituto que estaría llamado a concluir el sexenio. Las conjeturas y ejercicios hipotéticos producto de estas disposiciones legales son interesantes, tanto por los personajes que pudieran estar en la baraja de los legisladores a la hora de dicha fatídica decisión, como de las consecuencias políticas de que una autoridad de ese nivel falte, tanto en el ámbito estatal como en el federal. Aunque en Guerrero y Michoacán las ausencias de sus respectivos gobernadores no han sido necesariamente por fallecimiento –si bien en el caso michoacano fue una combinación entre la salud física de Fausto Vallejo y la “salud jurídica” de Jesús Reyna—, en ambas oportunidades surgieron dudas similares: ¿cómo incidiría una contingencia de esta índole en la gobernabilidad?; ¿en qué estado quedaría la legitimidad del gobierno?; ¿faltaría algo más grave para enrarecer el entorno político?
5-Las “leyes terciarias” de la reforma energética. Aparentemente estaban ya listas desde hace algunos días. Sin embargo, el presidente Peña tuvo que posponer el anuncio de la publicación de los reglamentos vinculados con las leyes secundarias de la reforma energética hasta este lunes 3 de noviembre. En una breve ceremonia de poco más de media hora celebrada en Palacio Nacional, en la cual tuvieron más protagonismo hablando en el tema energético los secretarios de Energía, Hacienda y Medio Ambiente, que el propio Peña, sólo se hicieron visibles los 26 reglamentos promulgados la semana pasada y publicados el 31 de octubre en el Diario Oficial de la Federación. Destaca que 9 de esos reglamentos corresponden a entidades o procedimientos relacionados con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la compleja y complicada regulación en la materia. De implicaciones prácticas más inmediatas están los reglamentos de legislaciones nuevas como la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (donde estarán los cómos de los contratos a firmar con inversionistas particulares), la Ley de la Industria Eléctrica y la de la Comisión Federal de Electricidad (con las reglas para los nuevos esquemas de operación en este trascendental sector energético). Del mismo modo dará de que hablar el análisis del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en el cual se establecerán los lineamientos para las distintas modalidades de ocupación temporal, renta y/o venta de terrenos susceptibles a convertirse en campos de exploración y producción, sobre todo de hidrocarburos. Sin duda, la introducción de estos reglamentos en el punto más álgido de la coyuntura enmarcada en los trágicos acontecimientos del 26 de septiembre en Guerrero habría sido totalmente anticlimática y, en una de esas, contraproducente. No obstante, hacerlo en una ceremonia posterior a su promulgación y sin dar a conocer demasiados detalles acerca de los mismos, implica que instituciones como CIDAC den seguimiento a los contenidos de estos documentos y se haga un análisis puntual y objetivo sobre las bondades y, de ser el caso, omisiones y fallas en los mismos. La relevancia de esto es clave porque la letra de los reglamentos resulta más significativa en términos prácticos que cualquier cuestión estipulada en una ley secundaria (aunque se supone que no debe haber contradicción entre unas y otros) o en la misma Constitución. El estudio y discusión de las “leyes terciarias” será fundamental a fin de darle seguimiento a una reforma energética que tantos beneficios económicos promete.
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