Con el mes de abril, también llega la cuenta regresiva para la atareada agenda del Congreso en una multiplicidad de materias. Ya son bien conocidos los buenos propósitos que constituyen la reglamentación y/o la plena implementación de los dictados de las reformas constitucionales de 2013. No obstante, las prioridades no parecen coincidir entre las del Ejecutivo federal con las de las fuerzas políticas representadas en la LXII Legislatura. En este sentido, tampoco se le está invirtiendo la misma energía y concentración desde Los Pinos que en los partidos “de oposición”. La administración Peña navega plácidamente en las aguas de sus proyectos de gobierno, mientras el PAN y el PRD se salpican en los turbios océanos de su desesperanza, sus divisiones intestinas, y la ausencia de costas donde puedan encontrar el refugio de la recuperación de la confianza y la credibilidad de los ciudadanos. Entretanto, tal como se hizo en la temporada de reformas del año anterior, el gobierno federal amenaza con bombardear al Congreso con un vasto paquete de iniciativas de leyes secundarias, con muy poco lapso para el análisis, mucha urgencia para su votación y, muy posiblemente, una enorme lejanía de los óptimos operativos y legales.
1-La violencia en el Estado de México: una enfermedad crónico-degenerativa. Justo el último día de marzo, la Secretaría de Gobernación anunció la implementación de un “plan estratégico” encaminado a combatir la inseguridad en los complejos territorios mexiquenses. Si bien no se estima la puesta en marcha de una figura metaconstitucional como la del comisionado especial instituido en Michoacán, habrá que ver cuál será el plan para apaciguar un entramado delincuencial compuesto por los más distintos matices, desde crimen organizado vinculado con el narcotráfico, hasta violencia de género (la incidencia de feminicidios lleva años siendo la más alta de todo el país), pasando por episodios como el incendio de la alcaldía de Huehuetoca (noviembre 2013), en protesta ante presuntos actos de corrupción de policías municipales, o la cada vez menos rara aparición de decapitados, desaparición de personas, y demás eventos considerados por el gobernador Eruviel Ávila como “atípicos”. De entrada, ha sido nombrado un nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado en la persona de Damián Canales, ex director de la Policía Judicial del Distrito Federal (en la administración de López Obrador) y ex subsecretario de seguridad de Hidalgo (en tiempos de Osorio Chong en la gubernatura). ¿Cuáles son los principales retos en la materia para el Estado de México? ¿Cómo le podría afectar políticamente al gobernador Ávila supeditar el manejo de la seguridad de su estado a la Federación?
2-El engrudo de la reforma en telecomunicaciones. Es probable que no haya existido un órgano autónomo con una autonomía tan extraña como la del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). También es posible que el gobierno federal esté replanteando la conveniencia o no de otorgarle el estatus de autónomo a un regulador o, en su defecto, de dejar en claro las diferencias entre autonomía plena e independencia –que no son lo mismo—, con el propósito de que el mismo organismo aludido conozca tanto sus atribuciones como sus limitaciones legales. Ahora bien, el conflicto se acrecienta cuando la autoridad y, en última instancia, el Legislativo, han sido negligentes respecto al cumplimiento en tiempo y forma de la definición de los detalles de las modificaciones constitucionales aprobadas en junio de 2013. El IFT ha debido operar sin más reglamentación que la previa existente para su institución precedente, la COFETEL. Independientemente del debate sobre cuestiones como la validez del recurso del juicio de amparo contra resoluciones del regulador, el carácter preferente de la atención del IFT a asuntos dictados desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los muchos incentivos para los grandes concesionarios, las múltiples trabas para los pequeños, entre otros, es pertinente resaltar que el problema de fondo es la ausencia de claridad en cuanto a las reglas del juego y el riesgo potencial de que, ya finalmente establecidas, pudieran interferir de manera negativa en el trabajo de los primeros meses de operación del instituto. El Senado planea organizar foros de análisis a lo largo de la presente semana como parte del proceso de dictaminación de las reglamentarias en telecomunicaciones. Entonces, si se supone que todavía habrá espacio para la discusión y la propuesta, ¿cuál sería un marco jurídico idóneo en el tema?
3-Los dineros invisibles del erario: mucha transparencia, pero poca claridad. En estos días que las comisiones del Senado están escuchando las comparecencias de los 158 aspirantes a ocupar una de las siete plazas de comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), resultaría importante hacer una reflexión acerca de en qué estado se encuentra el país en materia de transparencia y rendición de cuentas. En ocasiones, y a la luz de incidentes recientes, pareciera que conocer cifras multimillonarias de desvíos, malgastos, derroches, “moches” y demás usos ineficientes y/o ilícitos de los recursos públicos, así como los nombres de quienes fueron responsables de los mismos, termina convirtiéndose en un ejercicio de cinismo político al estilo del “debo no niego, pago no tengo”. Se sabe de subejercicios de las dependencias en todos los niveles de gobierno, pero poco se conoce del destino del dinero no gastado y tampoco son claras las sanciones a los implicados. Asimismo, tal como acaba de suceder con el reporte de la Secretaría de la Función Pública (por cierto, una entidad desaparecida formalmente desde diciembre de 2012, aunque sin institución sucesoria), el cual señala la existencia de 489 millones de pesos no comprobados por el gobierno del Distrito Federal en las obras de la línea 12 del Metro, de seguro no se sabrá de dónde provendrá la plata para reembolsar a la Federación ese recurso, ni tampoco adónde sería reinvertido. Algo similar sucederá con los salarios de los 39 mil profesores “fantasma” –docentes en nómina, pero sin que haya evidencia de su existencia—contabilizados en el censo escolar llevado a cabo por la Secretaría de Educación Pública y el INEGI. Con este panorama, ¿cómo honrar el principio de “follow the money”, cuando se sabe de su presencia y se desconoce su paradero?
4-La informalidad: ¿es posible “mover a México” con un lastre? En el marco de la LV Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el titular de dicho organismo, José Juan Ruiz, resaltó la incidencia negativa que tiene la informalidad en el fomento a la productividad y el crecimiento económico en los países de América Latina. Sin embargo, el sector informal ha sido por décadas una válvula de escape útil a fin de satisfacer la demanda de trabajo que los mercados formales no han sido capaces de absorber. Del mismo modo, ciertas decisiones de política pública son responsables de generar incentivos perversos, tanto a empresarios, como a potenciales emprendedores y trabajadores en general, para preferir a la informalidad como opción de desarrollo, subsistencia y hasta de modo de vida. En México, donde ya de por sí es preocupante la cifra aproximada de que 6 de cada 10 personas económicamente activas se cuentan como informales, el entorno económico, fiscal y laboral no es el más halagüeño. La reforma a la Ley Federal del Trabajo impulsada en el ocaso del sexenio del presidente Calderón creó un régimen de flexibilidad laboral que sólo ha dado rienda suelta a los empleadores para darle la vuelta al otorgamiento de prestaciones a sus nuevas contrataciones o, en el mejor de los casos, condicionarlas. Por otra parte, la miscelánea fiscal para el ejercicio 2014, con toda su gama de novedosas contribuciones, se vendió como una serie de estímulos a la formalidad aunque, en la realidad, le da hartos pretextos a personas físicas y morales para incorporarse a la informalidad. ¿Será que la añeja incapacidad de ampliar la base de contribuyentes, aunado al gusto por la opción fácil de continuar exprimiendo a los cautivos, será lo que acabe poniéndole el freno al proyecto de “mover al país”?
5-Los “milagros” esperados de la reforma energética. El pasado 20 de marzo, Petróleos Mexicanos (PEMEX) cumplió, en el plazo estipulado en el aparato transitorio de la reforma energética, con su obligación de presentar ante la Secretaría de Energía una lista con los proyectos y campos donde la paraestatal pretende seguir operando. Los trascendidos respecto a esto, lo cual cerró la primera etapa de la denominada Ronda Cero, no indican demasiadas sorpresas. PEMEX habría pedido mantener la potestad sobre 8 de cada 10 puntos de operación vinculados con hidrocarburos. Aquellos donde la empresa ha tenido poco éxito, interés o una combinación de ambos, serán los primeros que serán licitados a nuevos actores en cuanto se formalicen las leyes reglamentarias y se defina el diseño de los contratos de participación de consorcios privados. Entre éstos destacan los proyectos en aguas profundas, las cuencas de explotación del gas y el petróleo de lutitas (shale), y lugares de difícil acceso como el célebre caso de las reservas de Chicontepec, en la sierra de Veracruz. En este último caso en particular, cuyo descubrimiento data de más de ocho décadas atrás, y el cual ni siquiera los 193 mil millones de pesos que se le han inyectado en los años recientes han sido suficientes a fin de capitalizar el potencial estimado de crudo (alrededor de 600 mil barriles diarios; hoy sólo se extrae menos del 10% de esa cifra), la reforma energética se erige como una “esperanza” para poder finalmente explotar esa riqueza. ¿Por qué podría la participación de particulares combatir los rezagos de la industria nacional de hidrocarburos? ¿Cuáles son los principales obstáculos a los cuales podría enfrentarse? ¿Se están esperando milagros o simplemente mayor eficiencia?
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