1-El “arrastre lento” del sindicato petrolero. En el contexto de la inminente apertura energética, hay un actor cuya participación en la dinámica del sector está por cambiar de forma casi inexorable: el sindicato petrolero. A lo largo del último cuarto de siglo, conforme se han dado diversos procesos transformadores de la estructura económica del país, el papel del sindicalismo mexicano ha experimentado sensibles transformaciones. Desde la privatización del monopolio telefónico, pasando por las reformas al sistema de pensiones y jubilaciones, la consolidación de una sola paraestatal en la industria eléctrica, hasta los cambios impulsados en el presente sexenio en dos materias fundamentales: la educación y lo energético. Como es sabido, ante la reticencia del anterior liderazgo sindical del magisterio respecto a la reforma educativa, el gobierno del presidente Peña fue implacable. La cúpula del gremio petrolero ha estado en otro escenario de “negociación” (muy probablemente dado que su secretario general, el senador Romero Deschamps, y su tesorero, el diputado Ricardo Aldana, están guarecidos en sus respectivos fueros constitucionales). En cualquier caso, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) podría estar viendo sus últimos meses como lo conocemos. Ya hace más de un año trascendió un acuerdo entre el gremio y PEMEX para reestructurar y reducir el tamaño de la plantilla laboral de la empresa vía retiros voluntarios y otras opciones (varias de ellas con importante impacto en el crecimiento de los pasivos de la paraestatal, próximamente por incorporarse al déficit público). También se ha especificado la futura renegociación del contrato colectivo de trabajo, el cual vencerá en 2015. Por último, los trabajadores petroleros serán de los últimos en mudarse del régimen de pensiones y jubilaciones al de cuentas individuales de ahorro para el retiro. Con esto en mente, se ha visto relativamente poca resistencia del sindicato. ¿Qué explica esto? ¿Cuál es la relevancia para la eventual atracción de inversiones al sector que pudiera generar sentar un mal (o un buen) precedente en las negociaciones con el actual sindicato? ¿Qué tipo de transición tendrá el STPRM en esta primera etapa de la apertura; una al estilo del sindicato de telefonistas, una a la manera del magisterio, una combinación de ambas, o ninguna de las anteriores?
2-El régimen fiscal de la exploración y explotación de hidrocarburos: ¿ya no tanto de PEMEX? Después de haber sido aprobados en la Cámara de Diputados los tres paquetes referentes a cuestiones de ingresos y gastos vinculados con la reforma energética, esta semana se procesarán en el Senado las minutas correspondientes. Sin duda, el eje troncal de esa parte de la reglamentación de la apertura energética será la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LIH). Según su artículo 1, dicho ordenamiento determinará tanto el régimen de ingresos a recibir por parte del Estado mexicano, así como las contraprestaciones a obtener vía los contratos estipulados en los transitorios de la reforma constitucional. En esa misma parte de la LIH se dice prescribir las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas derivadas de esas actividades, aunque casi se hace de forma retórica. Durante muchos años se habló de la imperiosidad de modificar el régimen fiscal de PEMEX a fin de reducir la carga que la todavía paraestatal tenía al ser la “caja grande” de los ingresos gubernamentales (entre 30 y 40 por ciento de esa cuenta). Luego comenzó a surgir la preocupación de que Petróleos Mexicanos se privatizara o, de plano, desapareciera o se desmantelara, lo cual pagaría de manera negativa en las finanzas públicas (eso sin mencionar la pérdida de control del recurso estratégico petrolero). Conforme han ido tomando forma las leyes secundarias se ha dejado ver una lógica primordialmente rentista de la reforma, la cual privilegia el crecimiento de los ingresos por hidrocarburos, pero carece de un enfoque de desarrollo económico derivado de los mismos. De esta manera, el proyecto energético del gobierno no parece estar del todo interesado en fomentar la competitividad de PEMEX, sino en garantizar la dotación de recursos fiscales emanados del sector, vengan de donde vengan. Algunos analistas económicos internacionales han señalado que el modelo mexicano pudiera ser más agresivo que el presentado hace algunos años en países como Brasil, en lo concerniente a controles del Estado, porcentajes de contenidos nacionales y cargas fiscales. Sin embargo, los brasileiros fueron endureciendo la flexibilidad con la cual iniciaron su apertura y modificaron las expectativas que tenían los inversionistas en principio. ¿Cómo podría incidir en el ánimo de los nuevos actores del sector la conciencia de que el gobierno mexicano continuará apostándole a los hidrocarburos como su mayor fuente de ingresos fiscales? ¿Por qué es insostenible la visión rentista en el ramo?
3-El fantasma de la judicialización de la implementación de la apertura energética. A lo largo de sus intervenciones en tribuna en el marco de la aprobación de los dictámenes de la reglamentación de la reforma energética, los diputados y senadores del PRD han solido finiquitar sus peroraciones con la arenga: “¡Y nos vemos en la consulta popular!”. Si bien es cierto que la restricción de someter asuntos relacionados con ingresos y gastos del Estado a un ejercicio de democracia directa como el establecido en el artículo 35 constitucional, hace poco factible que los puntos nodales de la reforma energética pudieran afectarse por la amenaza perredista, hay otras cuestiones menos idílicas que si tienen ese potencial. En otros tiempos y circunstancias, las bravatas de los legisladores opuestos a determinadas resoluciones gubernamentales se enfocaban en el clásico: “¡Y nos vemos en tribunales!”. Aunque esa ya no ha sido opción recurrente de los congresistas –tal vez reconociendo la claudicación que ellos mismos han fomentado en el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes de la Unión—, la realidad es que no son pocos los casos en los cuales la judicialización de procesos ha sido tradicionalmente un dolor de cabeza para la actividad económica en México. De hecho, en una nota publicada en Reforma este lunes 4 de agosto, se reporta cómo el gobierno tiene detenidas obras de infraestructura con un valor equivalente a 8,200 millones de pesos, tan sólo en cuestiones donde se involucran derechos de protección a las comunidades indígenas. El reportaje destaca que la idea no es atropellar derechos, sino conciliarlos. Por ejemplo, al no consultar, ni considerar los potenciales conflictos de propiedad, de impacto ambiental y hasta de afectaciones culturales, y tomar estos factores en cuenta a la hora del diseño de proyectos, se propician quilombos de gestión política y social como los ocurridos en obras tan cruciales como la fallida nueva terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que nunca se pudo construir en los predios de San Salvador Atenco. ¿Qué garantías –no arbitrarias—está ofreciendo el gobierno mexicano a los inversionistas para los próximos proyectos en el sector energético? ¿Cuál debe ser el papel del Poder Judicial en equilibrar los derechos de terceros versus los del presunto interés público invocado en la erección de planes de infraestructura?
4-Oaxaca: el gran reto de la reforma educativa (y de la gobernabilidad). Desde hace varias semanas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha impedido en Michoacán y Oaxaca la realización del concurso de oposición para el ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD). Como se recuerda, el SPD es producto de la reglamentación de la reforma educativa promulgada en septiembre de 2013. Como medida emergente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó la aplicación de dicho examen extraterritorialmente en el Distrito Federal. Aunque dicha prueba se llevó a cabo con dos semanas de retraso (28 y 29 de julio) respecto al resto de las entidades del país (12 y 13 de julio), el pasado fin de semana la SEP ya ha presentado la totalidad de sus resultados. Independientemente de analizar las deplorables calificaciones de la inmensa mayoría de los aspirantes a nivel nacional (61 por ciento se clasificaron en el ámbito de “no idóneos” para el ejercicio docente), es relevante revisar cómo es que han atendido las autoridades los disturbios y conductas delictivas derivadas de la inconformidad de la CNTE con el procedimiento para otorgar plazas dentro del SPD. Asimismo, a reserva de cuestionar la principal demanda de los maestros disidentes, es decir, la asignación automática de una cuota de lugares a egresados normalistas, no es posible desviar la mirada de la inoperancia de la fuerza pública estatal y federal al encarar desde bloqueos carreteros, hasta daños graves a la propiedad y la integridad de los ciudadanos de Oaxaca (en Michoacán parece que el estado de intervención federal ha reducido –o inhibido—la agresividad de este descontento). Oaxaca no es un tema menor. Aun cuando no habrá comicios en la entidad hasta 2016, el PRI está muy interesado en recobrar la triada de estados que perdió en 2010 en el marco de la sui generis coalición PAN-PRD. El gobierno estatal de Gabino Cué no sólo ha sido cuestionado por su manejo de la crisis magisterial actual, sino por su actuación frente a los constantes movimientos de protesta en la entidad. ¿Qué tanto Oaxaca pudiera escalar como “foco rojo” de gobernabilidad en los próximos meses? ¿Será necesaria una intervención federal, tal vez de otro estilo a la ejercida en Michoacán, para hacer valer la reforma educativa?
5-El Gobierno del Distrito Federal y su etapa de negación. Después de que Reforma presentó, el pasado 28 de julio, los resultados de su encuesta de medición de aprobación de las autoridades capitalinas y de la posible intención de voto para cargos de elección popular en el D.F. para 2015, sin duda hay dos grandes perdedores: el PRD y Miguel Ángel Mancera. De acuerdo con dicho levantamiento, aunque los perredistas prevalecen en el primer lugar de las preferencias rumbo a los comicios del año próximo, sus porcentajes han bajado a estratos inferiores al 30 por ciento. En el mismo tenor, el PAN permanece muy cerca…de su piso mínimo, o sea, muy lejos de volver a ser un contendiente a considerarse en la entidad. En cambio, el PRI ya ronda el nivel de 20 por ciento y MORENA, aun sin ser partido político oficial al momento de la aplicación del estudio, ya mostraba índices de alrededor de 15 por ciento. Por su parte, Mancera ha llevado a la figura del jefe de gobierno a números de desaprobación sin precedentes para cualquiera de los cuatro personajes que han llegado a ese cargo vía las urnas (Cárdenas, López Obrador, Ebrard, y él mismo). El ex procurador de justicia capitalino ha conseguido transformar los casi 7 de cada 10 sufragios a su favor en la elección local de 2012, a una cifra similar pero de opiniones reprobatorias de su gestión. Mancera achaca su desplome a la reciente determinación de ampliar el impopular programa de restricción de circulación vehicular “Hoy no circula”. No obstante, el titular del ayuntamiento capitalino podría no estar considerando en su análisis todo un conglomerado de eventos que le han sumado de forma constante y segura al desprestigio de su gobierno. Para el PRD, quien ni siquiera tiene formalmente a ese funcionario en sus filas, el costo de estar vinculados a él, aunado al surgimiento de MORENA y a la eventual reaparición de Marcelo Ebrard en la escena –vía Movimiento Ciudadano—no le da expectativas halagüeñas. ¿Cuáles son los principales yerros de Mancera? ¿Existen todavía algunas ventanas de oportunidad para él y el partido que lo condujo al poder? ¿Tiene el actual jefe de gobierno algún incentivo para mejorar su imagen?
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