2013 fue un año de éxitos para el gobierno de Enrique Peña en el sentido del cumplimiento de sus metas legislativas prioritarias. 2014 será un año de retos a fin de convencer a la opinión pública de los beneficios de sus reformas. El riesgo primordial de la autoridad será pretender modificar la realidad a su favor de manera artificial, tal como la ha hecho en el tema de la inseguridad. La tentación de promover un bienestar falso por medio del gasto –lo cual puede hacer con los ingresos adicionales a percibir vía contribuciones—podría maquillar a 2014, e incluso a 2015 (año de elecciones legislativas federales), como ciclos de prosperidad y despegue económico. No obstante, esa clase de maquillajes se deslavan con gran facilidad y tienen pocas probabilidades de sobrevivir a la realidad económica y financiera contemporánea. En los próximos meses, veremos si valdrá la pena la carga que ha tocado, sobre todo, a los contribuyentes cautivos del país.
1-La “nueva dentadura” de Hacienda. A partir del primer día de 2014, todo el paquete fiscal aprobado el 11 de diciembre pasado ha entrado plenamente en vigor. Dicha normatividad no sólo incluye aumento y creación de impuestos –si bien también algunos desaparecieron como el Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE) y el Empresarial a Tasa Única (IETU)—, sino cambios a los procedimientos de declaración de contribuciones y hasta la facultad de que la autoridad hacendaria haga pública la información acerca de personas físicas y morales con conductas descritas en los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación (es decir, morosos y/o acreedores a condonaciones fiscales y/o defraudadores, entre otros). Independientemente de discutir la conveniencia económica de tales medidas –asunto que para la engorda del erario público es indiscutible—, o de la “justicia” de las mismas, es importante echar un vistazo a cómo serán utilizadas esas nuevas herramientas. ¿Qué utilidad práctica tiene la publicación de la “lista negra” de contribuyentes (asumiendo que estén todos los que debieran estar en ella)? ¿Cómo podrá fiscalizar la ciudadanía el gasto público producto de esa derrama de impuestos?
2-El falso debate acerca del TLCAN. El 1 de enero de 1994, después de un interesante proceso de negociaciones al más alto nivel y enmarcado en una época de cambio de paradigma económico y geopolítico, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entraba en vigor. A veinte años del suceso, todavía permanecen resabios de dudas sobre los beneficios derivados de la firma de dicho histórico acuerdo comercial. Otros argumentan que uno de los signos del fracaso del tratado es su incapacidad para transitar a un nivel de integración más avanzado (aunque tal vez nunca haya sido ése el objetivo). Algunos más indican que el acuerdo es la causa principal del aumento en la desigualdad y el número de personas en condición de pobreza en México. Ciertamente, las promesas paradisiacas de un TLCAN como fórmula infalible de detonación del crecimiento han quedado cortas de la retórica promocional de principios de la década de 1990. No obstante, el TLCAN tampoco es el “demonio neoliberal” que victimiza a México. ¿Cuál sería un balance objetivo de las dos décadas del tratado?
3-La regulación de la publicidad gubernamental: el gran pendiente de Peña. De las tres iniciativas que anunció hace varios meses Enrique Peña Nieto en su calidad de presidente electo –la de transparencia, la anticorrupción, y la de control al gasto gubernamental en publicidad—, sólo una vio la luz en el pasado periodo ordinario de sesiones –la reforma al IFAI—y no recibió precisamente un tratamiento de prioritaria, además de haber estado sumida en intensas polémicas. Sin embargo, la que de plano pasó desapercibida, aun habiendo sido colocada entre los 95 puntos del Pacto por México, fue la relativa a la creación de un órgano autónomo de fiscalización de la publicidad de los tres niveles y poderes del gobierno. La bancada senatorial del PAN presentó un proyecto de reforma sobre el particular, aunque poco eco encontró, sobre todo desde Los Pinos. En las últimas semanas, ante el escándalo generado por el considerable despliegue de megalomanía del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, el tema ha vuelto a adquirir relevancia mediática. Se rumora que el Ejecutivo federal podría usar por primera vez su facultad de iniciativa preferente a fin de promover la legislación en la materia a partir de febrero. ¿Qué puntos habría que atender en la regulación de la publicidad gubernamental? ¿Es necesario crear otro órgano burocrático fiscalizador?
4-¿Cuál es el camino de la “oposición” para 2014? La vida útil del Pacto por México, al menos como lo conocíamos, llegó a su fin con la aprobación de la reforma energética. Ello era previsible, en especial porque los beneficios políticos ya parecen haber sido distribuidos entre el gobierno federal y las dirigencias del PAN y el PRD. Eso no significa que el Pacto pudiera retomarse usando como base las agendas pendientes –a pesar de que las reformas constitucionales cruciales ya han transitado y, por tanto, la aprobación y modificación de leyes secundarias requerirá menos esfuerzos para el PRI y sus aliados—, ni que la administración Peña y sus operadores en el Congreso acuerden otras formas de convivencia con la oposición. Por otra parte, panistas y perredistas de seguro querrán intervenir en el diseño de la reglamentación de las distintas reformas de 2013, además de impulsar otros temas de su interés. Asimismo, la oposición estará preparándose para seis procesos electorales locales donde se renovarán ayuntamientos y legislaturas en Baja California Sur, Nayarit, Coahuila, Guerrero, Hidalgo y Michoacán, todas entidades de relevancia nacional por distintos motivos. En un contexto donde no son pocos quienes resaltan un desdibujo de PAN y PRD a causa de su colaboración con el gobierno federal, ¿qué estrategia podrían asumir estos partidos a fin de permanecer competitivos electoralmente?
5-La “ronda cero” petrolera ya está en marcha. A partir del pasado 20 de diciembre, tras la publicación del decreto de la reforma energética en el Diario Oficial de la Federación, comenzaron a correr 90 días naturales para que Petróleos Mexicanos (PEMEX) presente las solicitudes ante Secretaría de Energía (SENER) a fin de continuar operando en sus actuales áreas de exploración y campos de producción. Esto, tal como lo mandata el artículo sexto transitorio de la reforma, será estudiado en su momento por la dependencia encabezada por Pedro Joaquín Coldwell, la cual tendrá 180 días naturales con el propósito de determinar si PEMEX continúa trabajando en los proyectos solicitados o éstos deberán ser reasignados a otras compañías. Este proceso es relativamente independiente a la aprobación de la legislación secundaria en la materia. Los resultados de la denominada “ronda cero” no son para nada menores, ya que determinarán cuáles serán las primeras oportunidades de inversión de capitales privados en la industria petrolera. ¿Qué tan transparente será el proceso? ¿Qué criterios se privilegiarán en la reasignación de proyectos? ¿Qué tan crucial es este trámite en el futuro éxito de la reforma?
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