La segunda semana de julio será inusitada comparada con la de años anteriores dada su intensa actividad legislativa. En época electoral, julio solía ser el mes para resarcir las heridas o comenzar a organizar la repartición de botines políticos emanados de los procesos comiciales de principios de mes. Con la reciente reforma político-electoral, esa dinámica pasará a junio y julio quedará más como un mes de preparación para el arranque del calendario político en septiembre. En 2014, julio es la última oportunidad a fin de contar con algún tipo de avance en las reglamentaciones pendientes a las reformas de 2013. La de telecomunicaciones se perfila a tener trámite relámpago en la última aduana legislativa en San Lázaro, sin mayor discusión, eso sí, con una sesión maratónica de Pleno de por medio. El asunto energético no se ve tan de terso trámite aunque, a mediados de esta misma semana, ya podrían haberse desahogado en comisiones senatoriales tres de los cuatro paquetes de leyes secundarias en la materia. Ahora bien, si el proceso legislativo no ha visto la luz para finales de julio, agosto será un mes plagado de obstáculos de agenda, en especial si se considera que los partidos realizan sus reuniones plenarias de cara al periodo ordinario de sesiones del Congreso. Por lo pronto, julio no le dará en lo absoluto vacaciones a la polémica política.
1-El tercer paquete de la reglamentación energética: el destino de PEMEX y CFE. De acuerdo con el líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, las comisiones dictaminadoras de las leyes secundarias en materia energética habrán de reanudar sus trabajos este martes 8 de julio. La intención será sacar adelante la discusión relativa a la expedición de la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como modificaciones a otros tres ordenamientos vinculados con esas entidades paraestatales que, de acuerdo a la reforma constitucional de diciembre de 2013, están en vías de constituirse como empresas productivas del Estado. Ante la posibilidad de que PEMEX continúe como el actor preponderante en el sector petrolero y que CFE siga, al menos en el corto y mediano plazo, como principal proveedor del servicio eléctrico, resulta fundamental conocer bajo qué reglas van a operar en lo individual y en lo concerniente a alianzas corporativas, inversionistas y congéneres, en el caso de los eventuales generadores de energía eléctrica. Hay temas cruciales como la manera en la cual transparentarán sus planes de negocios, sus evaluaciones de desempeño, su potencial participación en los mercados de valores y, por supuesto, el marco jurídico en el que se supone competirán en sus respectivos ámbitos. ¿Cómo podría ser la transición de CFE y PEMEX en su nuevo papel dentro del entorno energético posterior a la apertura de 2013? ¿Qué factores dentro del nuevo diseño de las futuras empresas productivas del Estado pudieran limitar los beneficios de la reforma constitucional? ¿Qué tanto importa consolidar los regímenes de transparencia y rendición de cuentas, sobre todo en lo vinculado con los recursos que aporten a las arcas públicas?
2-Los medios públicos y la reforma en telecomunicaciones. Está en marcha la segunda etapa de la recta final de la retrasada reglamentación en materia de telecomunicaciones, derivada de la reforma constitucional de junio de 2013. Este lunes 7 de julio, en una fecha inusual para reunirse, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión autorizó a la Cámara de Diputados la celebración de un periodo extraordinario de sesiones a partir del 8 de julio, con el propósito de discutir la minuta que fue aprobada la madrugada del 5 de julio en el Senado. Son trece ordenamientos legales involucrados en el documento, aunque destacan la creación de dos: la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Entre las diversas polémicas emanadas de este proceso de leyes secundarias se encuentra un interesante debate acerca del futuro y potencialidades de los medios públicos. Llama la atención un comunicado publicado el 3 de julio pasado por los trabajadores de Radio Educación –una de las emisoras más antiguas en activo del país, dependiente de la Secretaría de Educación Pública—, donde manifestaron a los legisladores federales su preocupación por que los proyectos de leyes secundarias dejaban trunco el proceso encaminado a otorgarle a los medios públicos “independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras de transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías, [y] reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales”. Los congresistas que han abogado por una reforma más aventurada para los medios públicos se centran en la apertura a la obtención de recursos por publicidad, cosa que ya se permite en entidades como Canal 22 (CONACULTA) y Canal Once (Instituto Politécnico Nacional), pero se prohíbe en radiodifusoras como las del sistema del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y la misma Radio Educación. En estos últimos casos, su presupuesto depende en su totalidad de lo que se apruebe en el Poder Legislativo cada año. Ahora bien, ¿cuál debe ser el papel de los medios públicos en una sociedad como la mexicana?; ¿existe algún riesgo de que la línea editorial de los medios públicos, la cual curiosamente goza (aún) de un grado significativo de libertad en la mayoría de sus foros, pueda comenzar a ser acotada vía el control de contenidos?; ¿vale la pena continuar financiando estos medios mayormente vía gasto público o podrían buscarse esquemas más sustentables?
3-El primer reto operativo del INE: la elección interna del PRD. Sin hacer demasiado ruido, este principio de semana ha sido de resoluciones significativas en el Instituto Nacional de Elecciones, en especial relativas al futuro de la izquierda partidista en general, y del Partido de la Revolución Democrática en particular. En concordancia con los postulados de la recién aprobada reforma político-electoral, el PRD y el INE firmaron un convenio por medio del que dicho partido ha dejado la responsabilidad de organizar su próximo proceso de renovación de dirigencia nacional en las manos del Instituto. Los perredistas pagarán la suma de 80 millones de pesos al INE a fin de llevar a cabo sus comicios. La de por sí conflictiva vida interna del “sol azteca” ahora pretende encontrar un remanso bajo la tutela del novel árbitro electoral. Sin embargo, la complejidad del asunto va desde cómo funcionarán las reglas del convenio, pasando por la puesta al día de temas como el desorden en el padrón de militantes del partido –cabe señalar que un informe del mismo INE develó que alrededor de 719 mil miembros presentan inconsistencias como estar registrados en otros partidos (sobre todo en el PRI), haber perdido sus derechos políticos por alguna causa e, incluso, estar muertos—, hasta la eventual presencia de factores de desestabilización como corrupción y operación política de autoridades propias y ajenas al perredismo. Asimismo, este mismo lunes 7 de julio, la Comisión de Prerrogativas del INE estaría por avalar el dictamen que daría, a partir del 1 de agosto, el registro como partido político al MORENA de Andrés Manuel López Obrador. Con todo lo anterior presente, la institución presidida por el consejero Lorenzo Córdova tendrá frente así un enorme reto. ¿Qué riesgos representan para el prestigio del INE la presencia de posibles controversias, conflictos y escándalos en los comicios perredistas?; ¿qué pasará si, como ha sucedido en no pocas oportunidades, las facciones perredistas divergen en el reconocimiento de la validez de los resultados?
4-La frontera sur: el monstruo desatendido. Enmarcada en la crisis de l@s menores migrantes provenientes de Centroamérica hacia México y Estados Unidos, los presidentes de México y Guatemala se reunieron en la población chiapaneca de Cazatajá. En el acto, Enrique Peña Nieto, acompañado de su homólogo Otto Pérez Molina, presentó su Programa Frontera Sur. Dicho plan contempla cinco líneas de acción: 1) facilitar la obtención de la Tarjeta de Visitante Regional para guatemaltecos y beliceños; 2) crear los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo; 3) mejorar las condiciones de albergues y estaciones migratorias; 4) planear e implementar un mecanismo para la atención de menores migrantes no acompañados; y 5) constituir una Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur. Como de costumbre, no faltaron en los discursos de las autoridades de ambas naciones las manifestaciones de buena voluntad referentes al mejor trato a los migrantes y las promesas de mejorar la infraestructura fronteriza. Desafortunadamente, este nuevo programa podría engrosar la lista de estrategias, cruzadas, pactos, convenios, y demás, que nunca terminan por atender los severos problemas de la franja limítrofe entre México y América Central. Ruta obligada –y a veces libre—del crimen organizado vinculado con el narcotráfico, la frontera sur es una preocupación en materia de seguridad, derechos humanos, gobernabilidad e, incluso, relaciones hemisféricas. La pregunta entonces no es si esta reciente propuesta presidencial tendrá éxito o no (ya que la respuesta más segura, dados los antecedentes y el grado de compromiso de la autoridad en el rubro, es que no), sino más bien cuáles son las opciones para atender la multifactorial problemática de la región. En el mismo tenor, ¿por qué es importante o no invertirle a la modernización de la frontera sur?; ¿qué elementos han nutrido la negligencia y desinterés del gobierno mexicano en el tema?
5-Los eventos masivos: entre la inseguridad y la corrupción. La madrugada del domingo 6 de julio se suscitó una tragedia desencadenada por los desórdenes dentro de un concierto de música popular en el Estado de México. En un sitio conocido popularmente como Explanada 30-30, localizado en el municipio de Ecatepec, se llevó a cabo un acto masivo con la asistencia de alrededor de 20 mil personas, concentradas en un área más o menos equivalente a cuatro canchas de futbol soccer. El problema es que la superficie está flanqueada por bardas, algunas de ellas improvisadas por vecinos de un fraccionamiento aledaño, y sólo cuentan con una vía de acceso. La estampida humana provocada por una supuesta trifulca dejó como saldo el derrumbe de una de las mentadas bardas y la muerte de tres personas. El incidente llama la atención en particular cuando se recuerda que la misma autoridad mexiquense, ante condiciones de organización, logística e infraestructura de alojamiento de públicos masivos mucho menos precarias que las de la Explanada 30-30, armó un escándalo al impedir la realización de un evento musical similar –el festival Hell & Heaven—hace unos meses en el recinto ferial de Texcoco. Del mismo modo, fue curioso cómo, a tan sólo unos días de la prohibición de dichos conciertos de rock, Protección Civil de la entidad no tuvo inconveniente alguno en que se celebrara la Feria Internacional del Caballo en el municipio texcocano, un evento que, a diferencia del Hell & Heaven, no dependía del ayuntamiento (en cuanto a la recaudación), sino del estado. Más allá de que la preocupación por asuntos de protección civil y seguridad parece tener distintos raceros en la administración del gobernador Eruviel Ávila –más aún cuando se trata de Ecatepec, su demarcación de origen—, el tema de la reglamentación de los espectáculos masivos tiende a convertirse en un tema de creciente interés a la luz de factores típicos como la corrupción y sus diversas facetas (reventa, permisos otorgados sin necesariamente cumplir con los requisitos mínimos de seguridad y salubridad, sobrecupo), sino a problemas crecientes relacionados con el descontrol en el consumo de sustancias y la facilitación de la violencia. ¿Es momento de revisar el marco legal a fin de prevenir el incremento en el número y magnitud de incidentes como el de Ecatepec?
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