“El dinero no hace la felicidad; ¡pero cómo hace falta!”. Esa máxima viene a la mente una y otra vez cuando se piensa en la principal fuente de los conflictos políticos. La Unión Europea ha ido transitando por su primera gran prueba de fuego para su cohesión debido al tema de los recursos. Estados Unidos vive hoy una parálisis gubernamental producto de desacuerdos en el uso de los recursos públicos (adicionados, por supuesto, con tintes políticos, ideológicos y hasta fanáticos). En México, el regreso del PRI a Los Pinos ha exacerbado el conflicto por los dineros, ya que no sólo se ha transitado de un partido a otro, sino también de un modelo político a otro. En su comparecencia ante diputados federales, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, afirmó que el actual gobierno pretende instaurar una “nueva política social para el siglo XXI”. El significado de ello es inquietante, sobre todo si tomamos en cuenta que el régimen autoritario se puso en “modo de pausa” poco antes de terminar el siglo XX…
1-La política de desarrollo social: ¿el chantaje ideal para la reforma hacendaria? La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, compareció ante comisiones de la Cámara de Diputados en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno. La ex jefa de gobierno del Distrito Federal puntualizó cuáles son los ejes de la política pública en su rubro, es decir, el combate a la pobreza alimentaria y la atención a la carencia de un “paraguas” de seguridad social para la mayoría de la población, sea esta formal o informal desde el punto de vista laboral. En la actualidad, a las críticas originales al programa “Sin Hambre” por considerarlo una herramienta electorera, se han sumado las aseveraciones respecto a que la iniciativa de reforma hacendaria, a la cual se le ha atado una estrategia de seguridad social como anzuelo, sólo pretende financiar un asistencialismo trasnochado, aunque también electoralmente redituable. ¿Cuál es el verdadero perfil de la política de desarrollo social de la administración Peña?
2-La regulación de las manifestaciones y la protesta social: ¿es factible? El pasado 3 de octubre, el diputado federal panista, Jorge Sotomayor, presentó una iniciativa para crear la denominada Ley de Manifestaciones Públicas del Distrito Federal. En dicha propuesta –la cual ciertamente responde al clamor de un sector de la población de la Ciudad de México por controlar las desquiciantes marchas, plantones y bloqueos que caracterizan la cotidianidad urbana—, se plantean cuestiones tan imprácticas y absurdas como avisos anticipados, prohibición de insultos, apelar a “las buenas costumbres”, y cosas de mayor fondo como legitimar a la protesta en las calles como vía infalible con el propósito de conseguir interlocución política. Esto generó un acalorado debate, en particular con los partidos de izquierda (la principal fuerza política en la capital del país, por cierto), enmarcada por el precedente de los hechos violentos suscitados unas horas antes durante las conmemoraciones de los trágicos eventos del 2 de octubre de 1968. ¿De verdad se requiere un marco normativo para “regular” las manifestaciones, o únicamente sería suficiente con aplicar la ley y los protocolos policiacos?
3-Las posibles enmiendas a la reforma hacendaria. De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en las próximas horas se estaría por presentar una serie de modificaciones al plan original de la Ley de Ingresos 2014. Estos cambios habrían sido producto de un conjunto de mesas de negociación entre el gobierno federal y los liderazgos de la principal cámara empresarial del país. Han trascendido cuestiones como la marcha atrás en el IVA a las colegiaturas, la acreditación industrial del impuesto a emisiones de carbono, el aumento a los límites de deducibilidad, el ajuste sólo a ciertas operaciones fiscales la responsabilidad solidaria de los accionistas, y algunas pequeñas concesiones en materia de gravámenes a vivienda. Con esto, quedan confirmadas dos cosas fundamentales: primero, el modus operandi gubernamental de “obligar” a los actores afectados (y con capacidad y voluntad de pronunciamiento e influencia) a sentarse a negociar y, de cierto modo, corresponsabilizarlos de las reformas; segundo, que la “defensa de la clase media” desde el empresariado, se da desde la perspectiva de un “generador de empleo” –pensando bien—y no como un actor solidario. Si los grandes empresarios quedan satisfechos, ¿habrá algún beneficio para las clases medias?
4-La visita presidencial a Indonesia: el refrendo de sus promesas al exterior. En el marco de la Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2013, llevada a cabo en Bali, el presidente Peña defendió en diversas ocasiones todos sus proyectos de reforma, desde la educativa hasta la hacendaria. El jefe del Ejecutivo señaló su intención de “romper con paradigmas, con modelos o estereotipos que hoy ya no funcionan”. En México, no pocos han identificado esa supuesta narrativa de innovación, con una manera de legitimar el regreso a políticas muy socorridas en el periodo autoritario posrrevolucionario, las cuales van desde el asistencialismo, hasta el control centralizado del poder. Aun cuando se rumoraba que el mandatario también se dispensaría de esta gira internacional por la crisis de los desastres naturales (el presidente Obama sí hizo lo propio ante el problema de cierre del gobierno en Estados Unidos), parece que Peña no quiso dejar pasar el foro de APEC para seguir “avivando la velita” del llamado “momento mexicano”. ¿Hasta cuándo podrá sostener este discurso?
5-¿Qué sistema educativo necesita México? Durante su comparecencia ante comisiones del Senado, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, aseveró que tanto la reforma educativa, como las leyes reglamentarias de la misma, van en el camino correcto rumbo al mejoramiento del sector. En este tenor, el presidente Peña ha calculado que en alrededor de 5 años se comenzarán a ver sus primeros efectos positivos. Chuayffet indicó como un avance el aumento de 8% en el presupuesto educativo, al tiempo que se pronunció en contra del no nato IVA a las colegiaturas, así como a favor de los renovados instrumentos de evaluación a los profesores. Sin embargo, estas cuentas al aire contrastan, por ejemplo, tanto con la propuesta hacendaria de recorte al subsector cultura de 4 mil millones de pesos, como con el subejercicio actual en el rubro, el cual ascendía en agosto a 90% de lo presupuestado. ¿Se está construyendo un modelo educativo o, más bien, un modelo de administración burocrática de la educación?
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