1-La “superación” de Ayotzinapa. El 4 de diciembre, cuando Enrique Peña realizó su primera gira de trabajo por Guerrero desde mayo pasado, el presidente volvió a dar motivos para avivar el fuego de la crítica, en particular en redes sociales. En un discurso pronunciado en el emblemático municipio de Coyuca de Benítez –recordado por la masacre de campesinos perpetrada por elementos policiacos en el vado de Aguas Blancas en 1995—, el mandatario llamó a los guerrerenses a superar la etapa enmarcada por el caso Ayotzinapa y dar “un paso hacia adelante” a favor del desarrollo de la entidad. Resulta evidente la inmensidad del potencial de descontextualización de la frase dado lo delicado del tema referido. Sin embargo, esto es una muestra de cómo el gobierno federal parece estar convencido de que la coyuntura presente podrá irse solventando con el tiempo, y sin mayor necesidad de acciones específicas más que hacer como si no pasara nada y con la promesa fatua de que no se volverá a repetir un hecho como los del 26 de septiembre en Iguala. La tragedia de los normalistas y el reclamo central de “vivos se los llevaron, vivos los queremos” son elementos de una realidad compleja que la autoridad sigue dando indicios de no comprender. No es sólo saber si los restos encontrados en basureros incinerados, fosas clandestinas o en la parte posterior de una cama corresponden o no a determinadas personas. Tampoco es cuestión de calificar como absurda la exigencia de presentar vivos a estudiantes cuyo destino es incierto (salvo, se supone, el de uno de ellos, Alexander Mora). Ayotzinapa se ha constituido como un eje alrededor del cual se ordenan reclamos crónicos contra el maltrecho sistema de justicia y seguridad en México. Las omisiones de la autoridad, su lentitud en la procuración de justicia, los abusos de los cuerpos del orden, la infiltración delincuencial de las instituciones, y hasta la indolencia de ciertos funcionarios públicos, son apenas algunos de los vicios que delinea el caso Ayotzinapa. En este sentido, parece insuficiente el decálogo de propuestas que anunció el presidente de la República el 27 de noviembre en Palacio Nacional, sobre todo por la poca imaginación y la reiteración de iniciativas cuestionadas y cuestionables. La pregunta entonces es: ¿cómo podrá superar la administración Peña esta crisis?
2-¿El fin del conflicto en el IPN? Después de la firma de ocho acuerdos entre las autoridades del Instituto Politécnico Nacional y los representantes de la Asamblea General Politécnica (AGP) –los cuales se concretaron en la tarde del viernes 5 de diciembre—, este lunes 8 iniciaron las negociaciones con el director de la institución, Enrique Fernández Fassnacht, con el propósito de lograr una nueva calendarización y fijar el regreso a clases. De los diez puntos que incluía el pliego petitorio que los estudiantes inconformes entregaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el pasado 30 de septiembre, prácticamente todos han sido cubiertos. Como se recordará, la primera inmolada fue la hoy ex directora politécnica, Yoloxóchitl Bustamante, quien, por cierto, con la llegada de los recientes convenios, ha perdido una cosa adicional a su cargo: el derecho a pensión vitalicia. Hay ciertos puntos que podrían ser incontrovertibles, como la salida de cuerpos externos de vigilancia y la próxima creación de un órgano interno dedicado a resguardar el orden en las instalaciones del Poli (tal vez en un esquema similar al que opera en Ciudad Universitaria con la UNAM), la garantía de las autoridades judiciales y académicas de no emprender represalias contra miembros del movimiento estudiantil –siempre y cuando no hayan cometido algún delito, claro debería estar—, o el compromiso del gobierno a iniciar una investigación respecto a quienes hubieren atentado de manera dolosa contra la vida politécnica. Sin embargo, hay elementos más polémicos como la exigencia de un “incremento sustancial” en el gasto en educación superior, así como en los ramos de ciencia, tecnología, e innovación, para el Presupuesto de Egresos 2015, el cual ya fue aprobado hace unos días y resulta incierto si en verdad podría reabrirse. Ahora bien, más allá del contenido de los acuerdos, el conflicto del IPN se incorporó a una ecuación explosiva para las autoridades federales. Aunque en un primer momento incluso sorprendió el desplante el secretario Osorio Chong de recibir el pliego petitorio ante cientos de manifestantes enfrente del Palacio de Cobián, poco a poco la situación se complejizó, en especial tras los eventos de Iguala. Con lo anterior en mente, y ahora que parece que la coyuntura del IPN estaría por resolverse, ¿cómo queda el gobierno en general, no tanto la Secretaría de Educación Pública en lo particular, tras los resultados de las conversaciones? ¿Qué clase de precedente sienta este conflicto?
3-El Congreso en temporada electoral: ¿tregua legislativa? A falta de siete días para que concluya el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, los líderes parlamentarios de las tres principales fuerzas partidistas en ambas cámaras legislativas se reunieron en la antigua casona de Xicoténcatl –la anterior sede del Senado—, con el propósito de delinear la agenda de temas a tratar antes del 15 de diciembre. Ha trascendido que no habría la convocatoria de un periodo extraordinario de sesiones –o, al menos, se querría evitar—, por lo cual es muy probable que los asuntos no procesados previo a la fecha mencionada, tendrían trámite hasta después del 1 de febrero o, en su defecto, en un extraordinario en enero de 2015. Como es sabido, parte de las “10 medidas para mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho en México” anunciadas por el presidente Peña a finales de noviembre, incluyen una serie de reformas constitucionales que, a pesar de haber recibido el beneplácito de las bancadas del PRI y sus aliados, el PAN y el PRD han manifestado su intención de no otorgar un “cheque en blanco” al Ejecutivo. Uno de los temas de mayor controversia es la instauración del modelo de mando único policial para las 32 entidades federativas. Este y otros detalles podrían demorar más de lo esperado la implementación del decálogo propuesto desde Los Pinos. También es pertinente señalar que la oposición perredista y panista ha puesto énfasis en modificar la conceptualización del esquema anticorrupción que se ha quedado en el limbo legislativo por meses. Esto implicaría cambios en la minuta congelada desde febrero en San Lázaro (donde destaca la figura de la Comisión Nacional Anticorrupción) y podría erigirse como “moneda de cambio” para los temas de supuesto interés del gobierno federal. No obstante, es poco claro si en realidad el Ejecutivo tiene prisa en sacar adelante su propio decálogo de seguridad y justicia. En el mismo tenor, tampoco es muy nítida la urgencia de la oposición en crear un genuino sistema de combate a la corrupción. El panorama más bien invita a pensar en una conveniente inacción legislativa que entorpezca lo menos posible el proceso electoral 2015, ya en curso. ¿Qué tanto perjudica la agenda nacional una eventual “tregua legislativa”? ¿Puede el país darse ese lujo? ¿Será preferible esta pausa a una serie de legislaciones inocuas y hechas “al vapor”?
4-La policía del Distrito Federal: ¿de vuelta a los tiempos de la Regencia? Después de una sucesión de polémicas actuaciones de los cuerpos policiacos de la capital del país, sobre todo en lo referente a su desempeño durante las grandes manifestaciones por el caso Ayotzinapa, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció haber recibido la renuncia de su secretario de Seguridad Pública (SSP), Jesús Rodríguez Almeida. En los últimos dos sexenios de la administración local, el puesto de titular de la policía ha estado sumido en controversias. Cabe recordar cuando, en la gestión de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard fue relevado de la SSP tras los linchamientos ocurridos en San Juan Ixtayopan (Tláhuac, 2004). Lo polémico del caso fue que la decisión se tomó desde Los Pinos por el entonces presidente Vicente Fox, en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales en el particular. Ya en el sexenio de Ebrard al frente del Palacio del Ayuntamiento, la cabeza de Joel Ortega cayó, ahora sí por decisión del jefe de gobierno (ante la amenaza tácita creíble del mandatario federal de aquel entonces, Felipe Calderón), después de la tragedia del News Divine (Gustavo A. Madero, 2008). En esta ocasión, ni Mancera ni el presidente Peña participaron (al menos de manera formal) en la salida de Rodríguez Almeida. Sin embargo, el ex jefe de la policía surge como el “chivo expiatorio” de un aparato local y federal con una actuación ineficiente, cuestionable e, incluso, violatoria de los derechos humanos de los ciudadanos. Los yerros en cuanto a la coordinación de los cuerpos policiacos que operan en el Distrito Federal no se circunscriben a la coyuntura actual; de hecho, tampoco se remontan al desastre del 1DMx en 2012. Antes de la reforma política de la capital que terminó legalmente con la figura del Departamento del Distrito Federal a partir de 1997, la policía capitalina era total señorío del gobierno federal. La cuestión es que el sistema de seguridad y justicia del D.F. continuó con un esquema mixto donde el titular del Ejecutivo federal tiene mayores potestades que el propio jefe de gobierno de la Ciudad de México. Mancera deberá contar con el beneplácito de Peña en la designación del nuevo jefe policiaco. La lógica de la conservación de este modelo responde a que, como ha sucedido en los eventos recientes, lo sucedido en la capital puede afectar más al gobierno federal que al local (sobre todo si el gobernante capitalino cuenta con un perfil débil). En tiempos en los cuales sigue (y seguirá al parecer) pendiente una nueva reforma política del D.F., ¿qué tan conveniente es replantear el modelo policiaco en la capital? ¿Qué tan benéfico o perjudicial es que el jefe de gobierno pueda evadir sus responsabilidades en materia de seguridad con el marco legal vigente?
5-Televisa: el orgullo de Peña. En el marco de las reuniones previas a la XXIV Cumbre Iberoamericana, la cual tiene lugar en Boca del Río, Veracruz, el presidente Peña emitió una nueva declaración polémica al expresar su orgullo por la principal televisora mexicana. Esto lo hizo al abrir el III Encuentro de la Comunicación dentro del X Encuentro Empresarial Iberoamericano. Aunque igual que como sucedió con la solicitud de “superar” Ayotzinapa se puede descontextualizar el dicho, el momento del mismo resulta, por decir lo menos, desafortunado. Desde tiempos de la campaña presidencial de 2012 e, incluso, desde que Peña fungía como gobernador del Estado de México, Televisa fue involucrada en una relación de cercanía con el actual mandatario federal. No puede soslayarse que la empresa de la familia Azcárraga siempre ha estado en el “ojo del huracán” cuando se habla del ejercicio del poder, tanto en épocas del priismo autoritario, como en el interregno panista, y ahora en la restauración del PRI en Los Pinos. La influencia de Televisa en la vida nacional es parte fundamental en la historia y dinámica del sistema político mexicano, lo cual la hace digna de un análisis mesurado, lo cual suele ser muy complicado dado el apasionamiento que genera su sola evocación. En la coyuntura presente, el escándalo de la llamada “casa blanca” de la Primera Dama y el enredo de las explicaciones por el origen de los recursos para su adquisición, la sui generis reacción de la Presidencia de la República de cara al asunto, y el prurito anual que emana en ciertos sectores de la población y la opinión pública respecto al evento de recaudación de fondos de la televisora para la causa de la rehabilitación infantil, el multi-atacado y defendido Teletón, las palabras del titular del Ejecutivo federal echan más leña a los fuegos fatuos. Este año, incluso los protagonistas del Teletón le entraron con mayor vehemencia al combate (no al debate) frente a los detractores, no sólo del espectáculo, no sólo de la fundación que lo representa, no sólo de la televisora que lo impulsa, sino hasta del mismo gobierno. A pesar de que alguno de los presentadores insinuó una petición a los televidentes para separar los crímenes de Ayotzinapa, la responsabilidad de las autoridades correspondientes, y hasta las presuntas faltas de la familia presidencial, la realidad es que los mensajes abonaron más a la confusión entre ambas esferas de poder: el mediático y el formal. ¿Qué puntos serían relevantes al instante de emprender un análisis objetivo sobre Televisa y su papel en el sistema político? ¿Ha Televisa “vuelto por sus fueros” o sólo es una continuidad de un rol que nunca ha dejado del todo? ¿Es necesario que se replantee la vinculación entre la televisora y el gobierno?
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