Este 9 de diciembre, se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Hace algunos días, Transparencia Internacional publicó su índice acerca de los países del mundo ordenados del menos al más corrupto. México ocupó el sitio 106, equiparado con naciones latinoamericanas como Argentina y Bolivia, y muy lejos de los clásicos “modelos nacionales” como Noruega (en el puesto 5). En estos momentos de intensos cambios legislativos –unos más de fondo que otros—, los mexicanos estamos llamados a reflexionar sobre la enorme relevancia de la “cultura de la corrupción” en anteriores fracasos de construcción política, social y económica del país. Si bien el tema preponderante en el transcurso de esta semana es el de la reforma energética y la casi consumada apertura del sector, es indispensable hacer un ejercicio de análisis respecto a todo el paquete de reformas –tengan éstas un plan integral entre sí o no—y considerar cuál será el papel de la ciudadanía, no sólo como afectados o beneficiarios de las mismas, sino como actores cruciales en la construcción de un México con visión hacia el futuro. El compromiso de la sociedad para combatir la corrupción desde sus bases será fundamental si se desea en verdad tener éxito en esta tarea.
1-La reforma energética: un modelo renovado de control político. 267 páginas de exposición de motivos, 28 cuartillas de reformas a 3 artículos constitucionales y un aparato de 21 transitorios. Así está conformado el proyecto de dictamen que ha estado a discusión en el Senado desde el pasado domingo 8 de diciembre. De la propuesta presidencial presentada el 12 de agosto a esta versión hay varias diferencias de fondo. Además de ser más específica en temas como el papel de los órganos reguladores, el tipo de contratos a celebrar con empresas, la creación de un fideicomiso para los ingresos petroleros, el empoderamiento de la Secretaría de Energía, y la hoja de ruta para leyes reglamentarias en la materia, el nuevo esquema planteado deja entrever cómo la apertura energética tiene un importante componente de control por parte del gobierno. Bajo la bandera de las áreas estratégicas para la economía, independientemente de si los hidrocarburos dejan o no ser propiedad de la Nación al salir del subsuelo, o si el Estado cede ciertos rubros concernientes al sector eléctrico, la autoridad ha diseñado un esquema donde no sólo se podría compartir utilidad y producción, sino también costos políticos y, por qué no decirlo, corrupción.
2-¿Dónde quedará el sindicato tras la aprobación de la reforma energética? Entre los puntos más sensibles dentro de las modificaciones constitucionales en materia petrolera se encuentran aquellos referidos a los trabajadores del ramo, sobre todo a los sindicalizados. Hace algunas semanas trascendió la noticia acerca de un acuerdo entre PEMEX y el gremio encabezado por el senador Carlos Romero Deschamps, por medio del cual se reduciría de forma paulatina la plantilla laboral de la paraestatal, haciendo uso de programas como el retiro voluntario (y del consecuente incremento en los pasivos de la empresa). Aunado a ello, en el proyecto de dictamen a debate en el Senado, se ha eliminado la representación del sindicato del Consejo de Administración de PEMEX. Por último, aunque se señala que los trabajadores conservarán sus derechos previos a la reforma, el nuevo régimen laboral estará regido por estándares internacionales referidos a las mejores prácticas en el sector –en términos llanos, se acabarán las múltiples prerrogativas sindicales. ¿Es el fin de la corrupción del sindicato o, simplemente, es el fin del sindicato?
3-El Fondo Mexicano del Petróleo (FMP): ¿administrador del futuro o “caja chica” del presente? Tal vez uno de los grandes ausentes en el proyecto original de reforma energética del presidente Peña fue la institución de un “fondo soberano” al estilo del que tienen algunos países productores de hidrocarburos –el ejemplo típico es el de Noruega—, el cual aprovecharía parte de los recursos obtenidos de la industria a fin de invertirlos en cuestiones que presionan la salud de las finanzas públicas como el pago de pensiones y el fomento a la infraestructura. Ahora, el proyecto de adiciones al artículo 28 constitucional establece un fideicomiso denominado Fondo Mexicano del Petróleo, con el Banco de México como institución fiduciaria, cuya función será recibir, administrar y distribuir “los ingresos derivados de las asignaciones y contratos” en el sector petrolero, salvo aquellos producto del pago de contribuciones al fisco. Al revisar el transitorio decimocuarto de la eventual reforma energética, es posible percatarse de que el FMP tiene muchas diferencias respecto al modelo noruego. Por mencionar un elemento, llama en especial la atención cómo el FMP servirá para cubrir los faltantes del Presupuesto de Egresos, lo cual crece en importancia si se considera la operación deficitaria en la que comienza a incurrir el gobierno. ¿Cuáles son las perspectivas de este Fondo y qué papel tendrá en las finanzas nacionales?
4-El régimen de participación privada en el sector petrolero: el nombre de los contratos no altera el producto. A diferencia de lo sucedido con el proyecto original de la reforma energética del presidente Peña, el tipo de contratos que celebraría el Estado con las empresas petroleras (sea con PEMEX o con sus símiles privados) ya tienen “apellido”. De acuerdo con el transitorio cuarto del proyecto de decreto, habría cuatro tipos básicos de contratos: servicios, utilidad compartida, producción compartida y licencias. Si bien el tema de las concesiones permaneció como tabú, al menos en la letra de la ley, las nuevas modalidades de vinculación contractual dan lugar a un menú de posibilidades que resultan más atractivos y un poco más (aún no del todo) claros para los inversionistas comparado con los primeros planteamientos del Ejecutivo. ¿Qué potencial tendrán estos esquemas contractuales? ¿Qué papel desempeñará la Secretaría de Energía y sus órganos desconcentrados en estos procesos?
5-Las “empresas productivas del Estado”: ¿el final de PEMEX y CFE (como las conocemos)? Como parte de la reforma energética, se plantea una adición al artículo 25 constitucional donde se establece la figura de “empresas productivas” para operar los sectores estratégicos de la economía. Asimismo, en el transitorio vigésimo del proyecto de reforma, se estipula que dichas empresas tendrán por objeto “la creación de valor económico e incrementar los ingresos de la Nación”, además de contar con un “régimen presupuestario especial” y no representar costos de financiamiento que incrementen las erogaciones del sector público. ¿Qué implicaría este cambio en el estatus jurídico de las paraestatales? ¿En verdad el gobierno federal tiene la intención de que PEMEX compita como empresa ante sus “pares” privados, o se convertirá en un mero gestor de proyectos en vías de extinción? ¿Será finalmente CFE transformada en “una empresa de clase mundial” o continuará siendo un “monopolio casi sin par”?
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