El letargo informativo –o cuando menos la baja atención de gran parte de la población en las noticias— producto del periodo (para la mayoría) vacacional de Semana Santa, ha llegado a su fin. Esta semana, el Congreso regresa con la promesa de emprender la discusión de varias reformas pendientes que, en el ideal, deberían ser votadas antes de la conclusión del presente periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril. Por supuesto destacará el debate en el Senado del dictamen de la Ley de Telecomunicaciones, uno de los emblemas del aparentemente cada vez menos sólido Pacto por México. Por su parte, el presidente Peña ha firmado el decreto que avala las recientes modificaciones a la Ley de Amparo, cuyas implicaciones en desarrollos políticos y económicos futuros del país no será menor. A continuación se plantean algunos temas que merecerán la pena ser analizados a detalle en los siguientes días.
1-Los más de 2,800 muertos del naciente sexenio. Este lunes, La Jornada colocó en primera plana un cálculo estimado sobre los homicidios vinculados con el crimen organizado durante los primeros cuatro meses de la presidencia de Enrique Peña. Si bien sería inocente pensar que el regreso del PRI a Los Pinos acarrearía consigo una reducción radical en los índices de violencia en el país, hay puntos dignos de revisión. No deja de sorprender la ausencia (aún) de una estrategia de seguridad distinta a la desarrollada en el gobierno anterior (salvo por el tema de la comunicación social). También destaca que el Estado de México ya está en primer lugar en cuanto a número de ejecutados. Aunque la administración Peña podría “justificar” las graves cifras de ejecuciones achacándolas a inercias del gobierno anterior, ¿hasta cuándo se podrá sostener dicho pretexto y continuará siendo “efectivo” el control de daños en los medios?
2-El sabotaje de la reforma educativa…desde la debilidad de los gobiernos estatales. Tras el bloqueo de la autopista México-Acapulco, justo en el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, el magisterio guerrerense consiguió presionar al gobernador de su estado, Ángel Aguirre, así como al Congreso local, para que considerasen varias de sus demandas contrarias a la recientemente aprobada reforma educativa. Asimismo, el mandatario oaxaqueño, Gabino Cué, estuvo a punto de realizar cesiones similares para apaciguar la beligerancia de los profesores de su entidad aunque, al final, decidió atacar el problema a través del próximo envío de propuestas de reforma a la Ley General de Educación, tratando de evitar la controversia jurídica con el marco federal. ¿Cuáles son las responsabilidades (y obligaciones) de los gobiernos federal y estatales a la luz de este tipo de conflictos? ¿Podrá sostenerse y aplicarse la reforma educativa en los términos en los que fue diseñada?
3-El transporte concesionado en el D.F.: ¿red de movilidad o red de chantaje? El aumento a las tarifas de taxis, Metrobús y peseros, anunciado la semana pasada por el gobierno capitalino, salió al paso de recientes bloqueos a vialidades, encabezados primordialmente por operadores del transporte concesionado, quienes exigían dicha alza como un ajuste ante las presiones inflacionarias sobre sus insumos, en particular de la gasolina. Si bien podría haber cierta justificación de los transportistas en sus demandas, también es cierto que el usuario nunca ve reflejado esas alzas en una mejora en la calidad del servicio. La mayor parte de las unidades se encuentran en pésimas condiciones, sus operadores suelen conducirse con prepotencia y abusando de que la autoridad poco puede hacer para hacer valer el reglamento de tránsito. Entonces, ¿está justificada un alza en el precio de una red de transporte ineficiente, peligrosa y, en ocasiones, amafiada?
4-La “reforma fiscal” antes de la reforma fiscal. Este 1 de abril fue el último día para que las personas morales presentasen su declaración anual de impuestos. Ante esta coyuntura, Reforma dio a conocer que varias grandes empresas del país como Liverpool y Telefónica promoverían amparos contra un decreto federal, por medio del cual se concedía a los gobiernos estatales y municipales no cobrar a sus burócratas el impuesto sobre la renta, como una forma de estímulo a fin de solventar la crisis de insolvencia y sobreendeudamiento de muchas autoridades locales. Los particulares acusan un trato inequitativo de Hacienda, al dar privilegios al sector público y, por el contrario, haber endurecido su política de recaudación con los contribuyentes privados. ¿Habrá sido esta la primera “reforma fiscal” de la administración Peña pasada incluso sin aprobación legislativa? ¿Operarían los amparos antes o después de las modificaciones de la ley en la materia?
5-Las acciones colectivas como instrumento del Estado. Este lunes trascendió que la PROFECO inició una acción colectiva contra Telmex por cobros considerados indebidos hacia los usuarios. A partir de ahora, cualquier inconforme podrá adherirse a la demanda y, de ser el caso, obtener los beneficios de una resolución a su favor. Desde 2010, la Constitución prevé la figura de las acciones colectivas como un mecanismo jurídico para la defensa de intereses comunes en un único acto; su reglamentación apenas data de agosto de 2011. Además de las representaciones de colectividades ciudadanas de 30 integrantes o más, y organizaciones civiles sin fines de lucro, algunos órganos del Estado como la PGR, la COFECO, la CONDUSEF y, por supuesto, la PROFECO, tienen esta facultad. ¿Cuáles serían las principales implicaciones políticas de dicha herramienta jurídica para el Estado? ¿Habrá algún riesgo de que los particulares queden expuestos ante decisiones abusivas desde el gobierno?
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