Agenda de análisis semanal. 12 de agosto de 2013

Telecomunicaciones

Cuando la opinión pública espera que la niebla de la incertidumbre comience a disiparse, los actores políticos hacen lo posible por continuar alimentándola. Desde el inicio de su sexenio –o tal vez mucho antes—, Enrique Peña Nieto se vendió como el presidente de las grandes reformas. Hasta la fecha, ha promulgado la educativa y la de telecomunicaciones, ambas con carácter constitucional. Sin embargo, ambas están todavía en proceso de reglamentación, por lo que sus efectos estarían por verse. Algo similar ocurre con la última reforma de su antecesor, la laboral promovida y firmada por Felipe Calderón. Al momento, es bastante complicado, ni digamos evaluar su éxito, sino notar en qué se ha visto reflejada. Ahora, en lo concerniente a la recién presentada “reforma energética”, las expectativas de conocer los detalles plausibles de la misma han quedado para otra ocasión. Sí, se sabe que habrá apertura y que ni PEMEX ni CFE se venden. Lo que no se sabe es cuáles serán los términos, no sólo de cambiar a los sectores petrolero y eléctrico del rubro estratégico al prioritario, sino de cómo se atenderán los temas cruciales en la materia (régimen fiscal, posibles fondos soberanos, relación con los sindicatos, entre otros). ¡Qué nadie se mueva de sus asientos! Los debates sustanciales aún no se concretan.
1-Las propuestas de modificación a los artículos 27 y 28 de la Constitución: la base de la reforma energética…pero no su sustancia. Finalmente, el presidente Peña ha presentado su iniciativa en materia de hidrocarburos y sector eléctrico; cuando menos la primera parte de la misma. Si bien los cambios constitucionales esgrimidos no son menores (mudar el petróleo del ámbito de lo estratégico a lo prioritario, abrir la posibilidad de celebrar contratos –nunca concesiones—en todos los rubros de la industria petrolífera, establecer la exclusividad del Estado sólo en la transmisión y distribución de electricidad para el servicio público), los detalles de la reforma de fondo, aunque se intuyen por la exposición de motivos de la propuesta, no quedarán del todo oficializados hasta la discusión de las leyes secundarias. Aquí puede vislumbrarse un dechado de habilidad legislativa, ya que podría estarse planteando una laxitud constitucional en aras de facilitar su tránsito, dejando para la reglamentación –cuya dinámica presenta menos obstáculos en términos de votos y procedimientos necesarios—los puntos más sensibles. ¿Será?
2-La liberación de Rafael Caro Quintero y la renovada “santidad” del debido proceso. Ya no es la primera ocasión en la cual una “violación al debido proceso” propicia la liberación de un (presunto o comprobado) delincuente. El caso Florence Cassez ya había sido un primer indicio donde una burda actuación de la autoridad propició la puesta en libertad de alguien en torno a quien siempre rondará la sospecha. Cuando se habla del fundador del extinto –o, más bien, pulverizado—Cartel de Guadalajara, la cosa es distinta. Una minucia legal donde el inculpado debió enfrentar a la justicia del fuero común y no al del federal, ha permitido a uno de los más grandes narcotraficantes de la historia no sólo salir de prisión, sino desaparecer cobijado por la noche de la impunidad. ¿Cómo puede evitarse la perversión legal de una figura en teoría virtuosa como el respeto al debido proceso?
3-El zafarrancho de la clausura de la 17 Asamblea Nacional Extraordinaria del PAN: ¿hasta dónde llegarán sus efectos? Entre gritos, descalificaciones y agresiones físicas, la dirigencia de Acción Nacional dio por aprobada la reforma a sus estatutos. El principal punto de dichas modificaciones –y génesis de las discordias—fue la apertura a toda la militancia de la elección del próximo presidente del partido (que podría ser el mismo Gustavo Madero si consigue reelegirse). Con las nuevas reglas, algunos “antimaderistas” ven rondar el riesgo de “embarazo” de padrones (una práctica, por cierto, de la que muchos “anticalderonistas” acusaron al ex presidente), y así garantizar el control tanto de los comités estatales, como del mismo CEN. Más allá de las sospechas e intrigas que han atestado un poderoso veneno a la legitimidad democrática y ciudadana de Acción Nacional, ¿cómo afectará esta lucha intestina en el desarrollo de la actividad legislativa del partido? ¿Habrá repercusiones en las discusiones de las reformas programadas para los próximos meses?

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