El primer año de la LXII Legislatura está a menos de 15 días de finalizar. Este Congreso ha tenido la particularidad, a diferencia de otros Legislativos enmarcados en la transición de la Presidencia de la República, de lidiar con dos mandatarios, el saliente y el entrante, muy activos en la arena de las iniciativas. Felipe Calderón trató de aprovechar al máximo una herramienta que, por el momento, tuvo su “debut y despedida” en los últimos meses de su gobierno: la iniciativa preferente. Enrique Peña, basado primordialmente en el marco del Pacto por México, ha intentado construir un prestigio de “negociador eficiente” y ha sido capaz de materializar en la letra legal –todavía no sabemos si lo logrará en la aplicación—una complicada reforma educativa. Se viene una segunda gran prueba: la reforma en telecomunicaciones. Ahora bien, el gobierno federal va con y por todo, sea o no bajo el Pacto.
1-Los “socios” de la Cruzada Nacional contra el Hambre. El programa que está llamado a ser la insignia de la administración Peña ha sido objeto de diversas críticas casi desde su anuncio. Primero, fueron cuestionados los criterios utilizados a fin de establecer cuáles serían los primeros 400 municipios beneficiados por la iniciativa. Ahora, tras su oficial puesta en marcha el 2 de abril pasado, la Cruzada encara un nuevo enredo. Se ha anunciado la participación de lo que la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, califica de “empresas socialmente responsables” como Grupo Pepsico, Nestlé, Bimbo, Cargill y Monsanto. Los detractores de dichos corporativos los han acusado de fomentar el consumo de productos “chatarra”, pauperizar el campo mexicano, y hasta de obtener ventajas fiscales injustas. Ahora bien, ¿en verdad es perjudicial la participación de dichos actores en esta clase de esfuerzos gubernamentales? ¿Qué mitos y realidades hay detrás de ello?
2-La reforma en telecomunicaciones a debate (ahora sí). Las modificaciones constitucionales en materia de telecomunicaciones, aprobada por la Cámara de Diputados en la madrugada del 22 de marzo pasado, están pasando un proceso –en teoría—de mayor depuración en su tránsito por el Senado. Por ejemplo, en San Lázaro, el dictamen correspondiente sólo fue discutido –previo a su llegada al Pleno—, por la Comisión de Puntos Constitucionales; en Reforma, está siendo deliberado por cuatro comisiones, dos de ellas especializadas en la materia particular (Comunicaciones y Transportes, y Radio y Televisión). Asimismo, la segunda semana de abril se celebraron comparecencias y foros con expertos y autoridades a fin de intentar perfeccionar la reforma que, al parecer, está destinada a regresarse a los diputados. ¿Cuáles son los puntos finos que pretenden pulir los senadores? ¿Podría leerse un eventual retraso en la aprobación de la reforma como una falla de operación política?
3-El cambio “sorpresa” a la Ley del Seguro Social (LSS). Con fecha del 19 de marzo, el diputado Sergio Torres Félix (PRI) presentó una iniciativa para reformar el artículo 27 y derogar el 32 de la LSS. La propuesta pretende modificar las fórmulas de cálculo para la recaudación de las cuotas destinadas a seguridad social, y homologarlas a las vigentes para el Impuesto sobre la Renta (ISR). En general, el dinero que aportan los empleadores al Seguro Social depende del salario de los trabajadores antes de prestaciones (vales, bonos, vivienda), las cuales sí son integradas al calcular el ISR. Coparmex estima que la medida, si bien podría recaudar hasta 8,000 millones de pesos adicionales, pudiera afectar a 7.5 millones de trabajadores que podrían ser privados de sus prestaciones laborales. ¿Es esta la mejor manera de capitalizar al Seguro Social? ¿Qué tanto aliviará esto la crítica situación del organismo?
4-La crisis de las constructoras de vivienda en México. Las empresas de vivienda que tuvieron un fuerte impulso durante el sexenio anterior, ahora encaran serios problemas de liquidez a causa de modificaciones “inesperadas” en la dinámica del mercado. Con el propósito de cubrir la demanda por vivienda nueva, las constructoras contrataron millones de pesos en deuda para financiar sus proyectos. Sin embargo, dado que la nueva vivienda no se construía en sitios céntricos y atractivos a potenciales consumidores, el mercado de las casas “usadas” se convirtió en el mayor receptor de créditos inmobiliarios y no el de vivienda nueva. Ante las previsiones del sector, este lunes 15 de abril, el índice Hábitat de la Bolsa Mexicana de Valores se desplomó 14.32%. ¿Es esto una “bomba de tiempo” para la economía? ¿Qué tanto mejoraría la situación la flexibilización de los créditos por parte de bancos (ya en curso) e instituciones gubernamentales?
5-La proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Sin importarle demasiado al Consejo Nacional Electoral de aquel país sudamericano que la diferencia de votos entre el “delfín” de Hugo Chávez y el opositor Henrique Capriles fue menor a dos puntos porcentuales (50.6%-49.07%), se optó por proclamar presidente electo a Nicolás Maduro sólo con los resultados de las actas de escrutinio. Es probable que la decisión del CNE –claro, dejando de lado otras suspicacias—, haya querido evitar un largo periodo de movilizaciones cuyas repercusiones, dado el “vacío” (aunque no del todo) de autoridad, hubieran podido degenerar en violencia. La determinación está privilegiando certidumbre a costa del fortalecimiento de la legitimidad de mando. Así, las exigencias del “voto por voto” fueron desoídas, tal como sucedió no sólo en 2006 en México, sino en 2000 en Estados Unidos. Las consecuencias de ambos casos norteamericanos no fueron menores. ¿Qué viene para Venezuela?
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