Conforme va fluyendo más y más información acerca de temas de capital relevancia para el futuro del país –el régimen federal de transparencia y rendición de cuentas, la conformación de los órganos reguladores de telecomunicaciones y competencia económica, las leyes reglamentarias de la reforma educativa, la vacante (y las vacantes por venir) en el IFE, el impulso del PAN a (otra) reforma político-electoral y, por supuesto, la cada vez más interesante reforma energética (tanto en sus contenidos, sus alternativas y sus procesos)—, uno se explica mejor por qué el PRI estaba tan interesado en desahogar la agenda antes de la inauguración del tercer periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. Probablemente se logre ese propósito. Sólo esperemos que las prisas por reportar leyes aprobadas en cantidad, no demeriten su calidad y, en el corto plazo, de cualquier forma deban reabrirse los asuntos en cartera… ¿a quién engaño?; mejor habrá que prepararse de antemano para ello.
1-El PRD y su reforma energética sin apertura. Las eventuales coincidencias entre PRI y PAN en la materia, haría pensar que el destino inexorable del debate energético será tocar la Constitución. La relevancia de esto no es cuestión de dogma, sino de perspectiva y planeación económica. Cambiar los artículos 27 y 28 del texto constitucional es necesario si se tiene la premisa de abrir la inversión privada en la mayor parte de los sectores energéticos del país. La otra opción, tal como este lunes 19 de agosto lo planteó oficialmente el PRD en voz de Cuauhtémoc Cárdenas, es reformar varias leyes secundarias con el propósito de cambiar el régimen fiscal de PEMEX, darle autonomía presupuestal y de gestión a la paraestatal, fortalecer a los órganos reguladores, modificar el estatus del Fondo de Estabilización, y replantear el sistema de tarifa, precios y subsidios. ¿En verdad es viable una reforma exitosa sin apertura? ¿Qué diferencias en términos de eficiencia tendría el modelo perredista versus el aperturista?
2-La consulta ciudadana: ¿está ahí la “defensa del petróleo”? Durante la presentación del plan perredista de reforma energética, Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que se lanzará “de lleno” a promover dicha iniciativa e impedir la materialización de la propuesta del gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, Cárdenas, en su faceta más política que ingenieril, sabe bien que la batalla en el Congreso podría estar perdida, aunque no la guerra. Desde hace algunas semanas, los liderazgos del PRD anunciaban su intención de someter a consulta los postulados básicos de la reforma energética, sobre todo si se proyectaba una apertura –acotada o no—a los particulares. Esto se cumplió con el refrendo que hizo el michoacano acerca de la convocatoria a una consulta ciudadana, dispuesta por su partido y respaldada por organizaciones como Alianza Cívica, a realizarse los días 25 de agosto y 1 de septiembre en distintos estados. Según la reforma política promulgada en agosto de 2012, dicha figura de participación sí podría tener carácter vinculatorio bajo determinadas circunstancias. ¿Será esto el último frente? ¿Cómo podría operar esto?
3-El momento de la verdad (ahora sí) para la reforma educativa. Aunque las modificaciones constitucionales a los artículos 3 y 73 fueron promulgadas desde febrero, la discusión acerca de la reglamentación de las mismas no sólo se está dando hasta ahora, sino que tiene como fecha límite el próximo 25 de agosto –así lo indican los artículos transitorios de la reforma. No hay “vuelta de hoja”; las leyes secundarias en educación deberán estar listas durante los periodos extraordinarios que celebrará el Congreso a lo largo de los siguientes días. Las movilizaciones por parte de la disidencia magisterial no se han hecho esperar, en especial porque es en las iniciativas para reformar la Ley General de Educación y crear tanto el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, como el Servicio Profesional Docente, donde está la operatividad de las reformas constitucionales. Independientemente de la capacidad gubernamental para controlar a (o, en su defecto, negociar con) los inconformes, ¿qué beneficios traería la reglamentación planteada por el Ejecutivo? ¿Qué otras resistencias encontraría tras ser eventualmente aprobada?
4-Las reformas al IFAI: ¿el “18 Brumario” para la transparencia federal? Una de las “piedras en el zapato” autoimpuestas por el presidente Peña es su intención de “reformar” el régimen de transparencia federal y a su institución insignia. Aunque su iniciativa al respecto data del periodo de transición, todavía no puede ser desahogada en el Congreso, sobre todo por cuestiones vinculadas con los cotos y pugnas de poder al seno del IFAI y con cosas más graves –institucionalmente hablando—como la no inclusión de sindicatos y partidos políticos como sujetos obligados de la ley en el rubro, o las restricciones del carácter vinculatorio e inatacable de las resoluciones del pleno del Instituto. La pelota está en la cancha de la Cámara de Diputados y la guillotina no sólo pende sobre los cuellos de los actuales comisionados del IFAI, sino encima de varios de los valores esenciales del organismo. ¿Qué tanto es el compromiso del actual gobierno con un sistema confiable de transparencia y rendición de cuentas?
5-Las autodefensas: ¿ya decidió el gobierno federal qué hacer con ellas? Desde que el gobierno federal, en coordinación con la autoridad estatal en Michoacán, determinó redoblar la presencia de las fuerzas armadas en las zonas más delicadas de dicha entidad, uno de los temas sensibles a tratar ha sido el de las autodefensas. A diferencia del esquema de policías comunitarias que rige en Guerrero –más o menos en un esquema extrajudicial tolerado por el gobierno local—, las autodefensas michoacanas emanan de un collage entre el “usocostumbrismo”, una estrategia fallida de combate al narcotráfico en Tierra Caliente, y la desesperación y desesperanza de decenas de comunidades asoladas por factores como la pobreza, la marginación y la delincuencia. No obstante, en el caso mediáticamente más publicitado en las últimas semanas, el municipio de Aquila, los federales no vacilaron en desmantelar a las autodefensas. Sin dejar de reconocer la validez jurídica del acto, ¿debe procederse del mismo modo con todos estos grupos y sus símiles a lo largo del país? ¿Es sostenible esta estrategia?
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
