A
punto de cumplirse 80 días desde la toma de posesión de Enrique Peña
como presidente de la República, los “desmarques” de la administración
calderonista continúan. Más allá de la retórica y pensando en un
ejercicio efectivo –no mediático—del gobierno, es indispensable analizar
cuál es el fondo de las “nuevas” estrategias en materias como
seguridad, turismo, educación, energía, y demás asuntos cruciales. No
sólo se trata de cambiarle el nombre a las cosas, moderar el tono de
otras, o darle la espalda a las más complejas.
1-La hora de la verdad para la Ley de Amparo. Tras su aprobación en la
Cámara de Diputados el jueves 14 de febrero, el Senado ya tiene en su
poder la minuta con las modificaciones a la Ley de Amparo, reglamentaria
de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Las principales críticas
han venido de ciertos sectores de la iniciativa privada, en especial
sobre el artículo 129, el cual impondría restricciones a la suspensión
de la acción de la autoridad en cinco casos específicos. En este
sentido, destacan el numeral 1, que afectaría a casinos y centros de
juego, y el numeral 5, el cual incidiría en los concesionarios del
espectro radioeléctrico y demás sujetos definidos en el artículo 27
constitucional. Ahora bien, las modificaciones a la ley podrían
presentar puntos igualmente controvertidos, como incluir la posibilidad
expresa de ampararse en caso de que la autoridad violente alguna norma
establecida por un tratado internacional firmado por México; o también
que el amparo ya no sólo podrá invocarse contra un abuso por parte de la
autoridad, sino también en casos donde los particulares los cometan.
¿Sería esta nueva Ley de Amparo, en términos del dictamen aprobado en
Cámara de Diputados, un retroceso autoritario?; ¿en verdad se han
reducido los riesgos del abuso en la utilización de esta figura?
2-El pronunciamiento de la CONAGO sobre el Mando Único Policial. En su
XLIV Reunión Ordinaria llevada a cabo el lunes 18 de febrero en
Chihuahua, la cual contó con la participación del presidente Peña Nieto,
la Conferencia Nacional de Gobernadores expidió un manifiesto
respaldando la idea de un Mando Único Policial. Lo único más o menos
claro es que, tanto los gobiernos estatales, como la actual
administración federal, no seguirán la propuesta del anterior
mandatario, Felipe Calderón, cuya intención era desaparecer, en primera
instancia, todas las policías municipales. No obstante, queda bastante
nebuloso el modelo a seguir y, más aún, cómo se implementaría. El
anuncio de regionalizar la seguridad federal (dividir al país en cinco
grandes secciones), es algo que, en teoría, daría mayor eficiencia a los
cuerpos de seguridad, aunque tampoco es del todo automática la relación
entre el esquema propuesto y su eventual éxito. Algunos estados han ido
“a la vanguardia” en lo referente a redefinir sus mandos, destacando el
caso de Morelos, donde las policías municipales asumirían las labores
de tránsito y proximidad, mientras los mandos estatales, distribuidos en
seis zonas, se dedicarán al combate al crimen de alto impacto. ¿Deberá
dejarse a los gobernadores la tarea de reorganizar sus cuerpos
policiacos?; ¿cuál debería ser el papel de la Federación?; ¿qué tan
complicado será reordenar las policías municipales (donde existan) y
mejorar su coordinación con la autoridad estatal?
3-La Política Nacional de Turismo. El presidente Peña presentó hace unos
días la llamada Política Nacional de Turismo, la cual se sustentaría en
cuatro grandes ejes: 1) Ordenamiento y transformación sectorial; 2)
Innovación y Competitividad; 3) Fomento y Promoción; y 4)
Sustentabilidad y beneficio social. Como lo ha intentado hacer en otros
temas, la actual administración pretende –al menos en el
discurso—desmarcarse de su antecesora. La gestión de Felipe Calderón ha
dejado la “vara muy baja” en ciertos rubros, y el turismo no ha sido la
excepción. Por ejemplo, a pesar de haber nombrado al año 2011 como uno
especialmente dedicado al turismo, el impulso al sector ha sido mediocre
en palabras de buena parte de los empresarios del sector. De acuerdo
con estimaciones, México capta divisas en el ramo más o menos en los
mismos niveles que hace una década. Podría aducirse que la crisis de
inseguridad ha incidido en este débil desempeño del turismo, pero no
deben desestimarse algunas fallas u omisiones cometidas en el pasado
sexenio: carreteras inconclusas, proyectos muertos antes de nacer,
incidentes como la cancelación del Tianguis Turístico de Acapulco, entre
otras. ¿Cuál debiera ser el papel del gobierno en la promoción del
turismo?; ¿es posible corregir yerros anteriores, o simplemente es un
cambio de retórica de consecuencias inocuas?
4-El manejo gubernamental del brote de influenza AH7N3. La aparición de
nuevos casos de esta enfermedad que no afecta la salud de los humanos,
pero que incidió de manera negativa en el bolsillo de millones de
mexicanos a finales de 2012, podría plantear un reto para el gobierno
federal en cuanto a sus eventuales consecuencias. A pesar de que Bachoco
(cuyas granjas en Guanajuato parecen ser las únicas afectadas) ha
asegurado que las dimensiones del problema no se acercan en lo absoluto a
las del año pasado, habrá que estar al pendiente del desarrollo de una
enfermedad de alto riesgo en cuanto a su capacidad de contagio. Por su
parte, las autoridades federales han descrito la implementación de
cercos y otras medidas sanitarias, con el propósito de prevenir la
propagación del virus. Sin embargo, si el padecimiento volviera a
salirse de control, es muy posible que surjan presiones sobre los
precios del pollo y el huevo (precios que, por cierto, no han regresado
del todo a los niveles previos a la crisis de 2012). ¿Está preparado el
gobierno para una potencial escalada de precios en estos productos de la
canasta básica?; ¿veremos una estrategia mediática para aminorar los
efectos negativos de una crisis de esta índole, tal como se pretende
hacer en otros ámbitos como la seguridad pública?
5-Las 7 reformas prioritarias del Senado. Tras una reunión entre los
coordinadores parlamentarios senatoriales, se anunció cuáles serán las
prioridades de dicha cámara legislativa en el presente periodo de
sesiones (al cual le quedan unas 10 semanas efectivas de trabajo).
Destacan temas como eventuales reformas a la recién firmada Ley de
Víctimas, la Ley General de Educación, la Ley de Migración, y
ordenamientos vinculados con la responsabilidad hacendaria y deuda
pública de los estados, legislación ambiental, lucha contra la
corrupción, y figuras jurídicas como el fuero, el arraigo y los testigos
protegidos. Con la definición de estas prioridades, ¿se está intentando
desmarcarse del Pacto por México (a pesar de que muchas de estas
reformas sí estarían en la calendarización original del proyecto)?; ¿qué
tanto se coordina esta priorización con otros temas que le llegarán al
Senado desde la Cámara de Diputados (por ejemplo, si se modificara la
minuta de reformas a la Ley Federal de Transparencia, o lo que sucederá
en próximos días con la Ley de Amparo)?
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