El gobierno está corriendo riesgos a los que no tiene derecho porque ponen en entredicho no la próxima elección sino el futuro del país, sobre cuyo devenir tiene responsabilidad absoluta.
Luis Rubio / Reforma
¿En qué momento se jodió México? Así comienza Conversación en la Catedral, la novela de Vargas Llosa, preguntándose por el momento en que empezó el declive de su país, el Perú. Ahora parece que el gobierno está empeñado en que los mexicanos sepamos que ese proceso comenzó al inicio de 2018, promovido conscientemente desde su seno. La pregunta es ¿en aras de qué, a qué costo?
En un país normal, el gobierno representa, y debe su función, al conjunto de la ciudadanía, no sólo a los de su preferencia o que votaron por él. Su obligación es desempeñar sus actividades dentro del marco de la ley, sin abusar sus facultades ni emplear las instituciones del Estado para fines particulares. Sin embargo, a lo largo de más de cinco años, el gobierno del presidente Peña ha evadido sus responsabilidades en múltiples ocasiones, ha recurrido a recursos sesgados y viciados para eludir la ley y justificado actos de patente corrupción con razonamientos y mecánicas concebidos para que sus funcionarios no paguen por los errores o potenciales delitos en que hayan incurrido. El desprestigio e impopularidad de que goza no es producto de la casualidad.
A pesar de ello, actúa como si estuviera en pleno control, como si las instituciones del Estado funcionaran de manera imparcial y profesional y como si su prestigio estuviese en su zenit. Vaya, un gobierno que ya ni siquiera pretende tener el monopolio de la fuerza -lo que define al Estado- se ha arrogado la misión de perseguir a un candidato a la presidencia como si fuese un asunto de seguridad nacional, como si se tratase de una plaga pública y no de un contendiente que, con todos sus atributos y defectos, tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a competir por la presidencia siempre que lo haga por la vía legal.
Cuando se abandona hasta la pretensión de civilidad, lo único que queda es el caos o, como escribiera Diderot, “del fanatismo a la barbarie sólo media un paso.” Y el gobierno parece decidido a dar ese paso, sin reparar en las consecuencias de su actuar, es decir, de manera absolutamente irresponsable. Así es como comienza el principio del fin. Lo extraño, aunque no tanto, es que sea el propio gobierno -el supuesto garante de la paz- quien se empeña en empujar los límites de la civilidad en un país que ya de por sí vive no sólo una polarización extrema, sino una ausencia total de legitimidad en las instituciones gubernamentales.
En La República de Platón, Sócrates y Glaucón discuten el apuro de la gente encadenada en una cueva en la que los prisioneros intentan comprender las sombras que transitan en la pared frente a ellos. Recurro a la Alegoría de la Cueva para intentar comprender la lógica gubernamental en su actuar frente a un contendiente presidencial al que, poco a poco, están convirtiendo en mártir.
Parece claro que la estrategia radica en crear una sensación de miedo a cualquier cambio como vía para preservar lo existente. Como estrategia electoral, la promoción de una determinada emoción constituye un mecanismo perfectamente legítimo y todos los partidos y candidatos en el mundo lo hacen de manera consciente y sistemática. El asunto aquí es que no es un partido o candidato quien está promoviendo esa emoción, sino el gobierno haciendo uso faccioso de las instituciones para avanzar su propio proyecto político, como si estuviésemos en los cincuenta del siglo pasado. Imposible no recordar la famosa admonición de Talleyrand: “no aprendieron nada ni olvidaron nada.”
No aprendieron de los riesgos de la polarización, no aprendieron de las consecuencias del intento de desafuero en 2005 y no aprendieron de lo que ha ocurrido en naciones como Venezuela, Zimbabue y tantas otras que, por actos y decisiones gubernamentales, condujeron al caos. Una vez dado ese paso, se torna cada vez más difícil recuperar la paz y la tranquilidad de la población, haciendo imposible gobernar.
La sociedad mexicana está enojada y esa es precisamente la emoción que no conviene al gobierno atizar, pues conduce a decisiones electorales radicales. En esto, contrasta con naciones como China, donde el miedo al caos ha llevado a su gobierno, a lo largo de varias décadas, a acelerar el paso en sus reformas para satisfacer a la población y evitar situaciones caóticas. En México, el propio gobierno se ha atrincherado, dinamita la estabilidad de la que es responsable y se defiende como si el enemigo fuese la sociedad.
La democracia es menos sobre elecciones que sobre cómo resolver las disputas que se presentan en la sociedad y tomar las decisiones que se requieran para construir el futuro. El uso faccioso y sesgado de las instituciones conduce a la destrucción de las pocas instituciones con que cuenta el país y, peor, cuando quien avienta la primera piedra (y la segunda y la tercera) es un gobierno extraordinariamente desprestigiado por asuntos de corrupción que son infinitamente más graves de los que se acusa al susodicho candidato.
Por supuesto que debe combatirse cualquier acto de corrupción o presunta ilegalidad, pero lo que el gobierno del presidente Peña está haciendo recuerda otra frase famosa de Talleyrand, el estadista francés del siglo XVIII: “Ha sido peor que un crimen, ha sido una estupidez.”
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