El sector telecomunicaciones se dirige a una nueva etapa de litigios que marcarán el tono de los próximos años. A diferencia del acuerdo colusivo entre empresas que marcó el arranque de la administración Fox, el signo de los nuevos tiempos es el de la disputa.
Aunque las disputas en un sector tan complejo se dan necesariamente en múltiples pistas, dos son las grandes peleas que marcarán los próximos años. La primera es resultado de la añeja rivalidad Cofetel-SCT. La segunda será el enfrentamiento por el mercado entre dos grandes coaliciones de empresas, una encabezada por Televisa y la otra por Telmex.
La lucha entre los reguladores es una lucha por definir la autoridad. Esta disputa podría pelearse a lo largo de varios años donde cada una de las partes tiene fortalezas y debilidades. En el plano jurídico las fuerzas parecen equilibradas. Quienes han conocido a Eduardo Ruiz Vega y a Gonzalo Martínez Pous saben que ninguno de los dos abogados está manco, lo cual augura una disputa larga y de desgaste. Eventualmente la lucha debería ganarla la SCT. Pelearse con el Ejecutivo nunca es fácil. Una denuncia penal contra uno de los suyos no prospera, como tampoco lo hará una denuncia ante la Función Pública (pero sí viceversa). No obstante, inicialmente los funcionarios de Cofetel tendrán a su favor el enorme peso de los medios, que hasta ahora parecen haber tomado partido por ella y que tienen un peso indudable en el “litigio mediático” y en la judicatura. Lo anterior podría revertirse en la medida en que la disputa entre grandes empresas (que se irá gestando en el trasfondo) vaya polarizando los apoyos de algunas a favor o en contra de Cofetel.
En el tema económico, la desproporción de fuerzas entre Cofetel y SCT es apabullante. Simplemente, la Cofetel no tiene un economista regulatorio equivalente a Rafael del Villar. No lo tiene a propósito, porque ese era uno de los pocos único vetos firmes que los factores reales del poder hicieron valer en el proceso de designación de comisionados. Pero el triunfo de ese veto se revierte ahora contra quienes lo impulsaron. Cualquier decisión de Cofetel acabará sujeta a un recurso de revisión, que llegará eventualmente al escritorio de Rafael del Villar donde tendrá que ser justificada y podrá ser revertida.
Las disputas que se anticipan no tienen que ser necesariamente perjudiciales para los consumidores, ni para el Estado que debiera cuidar de sus intereses. Es más fácil para el Estado ejercer su autoridad cuando puede actuar como árbitro de rivales en pugna, que cuando su papel se limita a rubricar los acuerdos de grupos de interés. Para advertirlo basta con observar los pobres resultados que han arrojado los ocasionales periodos de paz en el sector, etapas amadas por los burócratas del menor esfuerzo, pero donde los grandes beneficiarios (que los ha habido) rara vez han sido los consumidores.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
