Lo que cada persona decide comprar y el proceso mental mediante el cual se toma esta decisión nos dicen mucho sobre quién somos. ¿Comprarías por volumen algunos productos si esto los hiciera más baratos? ¿Tratarías de comprar el producto de mejor calidad al menor precio siempre? ¿Compras tus boletos con anticipación o compras tus boletos en reventa? Y así como este proceso dice algo sobre los individuos, lo mismo ocurre con los países.
En el sector público, desde los pizarrones y las computadoras para las escuelas hasta las medicinas y el equipo médico de los hospitales —por mencionar sólo algunos artículos—, van a ser comprados por un funcionario utilizando el dinero de todos los contribuyentes. En esta situación, ¿qué pasa si no hay reglas claras, supervisión adecuada y mecanismos donde los ciudadanos puedan vigilar fácilmente que los procesos de compra cumplan con los objetivos socialmente deseados?
Organismos como la OCDE, el Banco Mundial, el BID y la Comisión Europea han estudiado el tema y reunido las mejores prácticas. En México ha habido avances importantes en la adopción de estas prácticas a nivel federal –inclusive al nivel de aprobar una nueva Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos en 2009- pero no tantos a nivel estatal. Mientras la reforma federal permitió establecer esquemas más eficientes y eficaces, en el ámbito local aún es posible observar serios problemas derivados de amplias varianzas en la normatividad.
En 2009 los gobiernos estatales en México gastaron más de 60 mil millones de pesos en adquisiciones de bienes y servicios , utilizando 32 sistemas legales distintos. Y basta leer las leyes estatales para encontrar puntos que no propician la competencia y el clima de negocios que deseamos para el país. Por ejemplo, son una minoría los estados que contemplan una sanción para la comunicación entre oferentes durante el proceso de licitación; solamente algunas leyes prohíben que las entidades financien a los proveedores; y es raro que un estado exija que los potenciales proveedores estén al corriente en sus obligaciones fiscales.
Aunque este statu quo beneficia a muchos actores, la ausencia de reglas claras que se cumplan es, en el agregado, muy costoso para el país. Las empresas tienen que invertir tiempo en conocer los procedimientos formales e informales de cada estado; los productos no necesariamente van a ser los mejores; y queda abierta la puerta a la corrupción. La falta de reglas claras a nivel local va a beneficiar a quienes mejor entiendan cómo venderle al gobierno —o a los funcionarios del gobierno en turno, en todo caso— y no al mejor oferente.
Navegando en el sitio del Federal Procurement Data System del gobierno estadounidense, uno puede ver reportes anuales de todos los contratos de los gobiernos federal, estatal y municipal de ese país; qué departamento solicitó la compra; y cuántos contratos se firmaron con empresas chicas o empresas cuyos dueños pertenecen a minorías, por ejemplo. También existen otros países donde se ha optado por premiar la excepción: a funcionarios honestos que puedan probar no haber participado jamás en actos de corrupción—como lo son, por excelencia, las compras gubernamentales amañadas.
Nosotros, como país, podemos hoy escoger qué tipo de incentivos y sistemas queremos. Pero para esto primero hay que estar conscientes del costo público de no actuar, saber a dónde queremos llegar y ver cómo podemos aprender de los casos más exitosos.
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