El desarrollo del sector eléctrico es vital para la expansión de la competitividad de la economía mexicana. Sin embargo, el servicio eléctrico en el país sustenta un elevado costo en gran parte debido a las decisiones políticas que han mermado la eficiencia en su producción. Su generación es muy onerosa por falta de infraestructura, condiciones laborales leoninas y una marcada dependencia de insumos energéticos volátiles. Estos problemas han sido ocultados por los subsidios cruzados que establece el gobierno donde los consumidores industriales y comerciales están pagando parcialmente el costo de los consumidores residenciales y agrícolas. Para resolver esta situación, el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) presenta un conjunto de políticas donde se desintegre verticalmente la industria de la electricidad creando un mercado de generación al mayoreo pero manteniendo la transmisión y la distribución, en una primera etapa, como monopolios. A diferencia de la iniciativa de reforma energética del Gobierno Federal, se considera que estas medidas tienen que ir necesariamente en conjunto de un fortalecimiento vigoroso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para evitar procesos de apertura que lleven a beneficiar únicamente a algunas empresas privadas. Así, mientras que el impulso reformador del sector de hidrocarburos implicaría impactar una serie de mercados específicos de alto valor agregado, una reforma eléctrica afectaría la eficiencia de la mayoría de las actividades económicas en México.
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