Las licitaciones que mencionan marcas específicas pueden estimular la competencia entre distribuidores, es decir, entre quién puede venderle al Gobierno el mayor volumen al menor precio
Como lo mencionan los anuncios de Nacional Financiera en la radio, “el Gobierno es el cliente más grande de México”. Y precisamente porque millones de pesos de los contribuyentes se destinan a las compras que tanto el Gobierno federal como los gobiernos locales llevan a cabo, es importante que existan los mecanismos necesarios para que lo que se compre sea lo mejor en términos de calidad y precio.
Los elementos que hacen de un proceso de licitación uno exitoso son la competencia y la transparencia. Competencia, porque entre más opciones existan habrá mayores posibilidades de comprar al mejor postor; trasparencia, porque disminuyen las fuentes de corrupción y se permite a los ciudadanos y competidores observar y vigilar el proceso de compra.
No obstante, hay algunas industrias donde el tema de las compras gubernamentales es más complejo que en otras, siendo el de la tecnología uno de los más espinosos. La razón: mientras que al comprar pizarrones para escuelas o papelería para las oficinas miles de proveedores pueden ofrecer productos similares, cuando llegamos al tema de la tecnología las opciones son infinitas y es difícil diferenciar entre algunas de ellas. Existen retos de compatibilidad (donde un cartucho de tinta puede no servir para distintas impresoras, o un sistema operativo puede no funcionar en determinadas computadoras) y persiste a menudo una limitación en las dependencias gubernamentales para entender y discernir entre las diversas opciones.
Por las razones anteriormente expuestas, el sector de tecnología y productos electrónicos es en donde la mención de marcas específicas en los procesos de licitación ocurre con mayor frecuencia, tanto en México como en otros países. Una revisión de varias licitaciones realizadas por los gobiernos federal y locales, en nuestro país, en el área electrónica, nos revela ejemplos como estos: 120 discos duros marca Seagate, 47 computadoras de escritorio Pentium 4, impresora HP Laserjet 1200 y 5 computadoras Dell. Nótese que Seagate, Pentium, HP y Dell son marcas o nombres exclusivos de una empresa. Claro que en algunos casos, dados los requerimientos técnicos o las inversiones en tecnología que ya han realizado las dependencias de Gobierno (y que traen consigo limitaciones en compatibilidad), se requieren marcas específicas. Sin embargo, en muchos otros casos pueden usarse otras marcas que funcionarían igual o mejor y quizás podrían adquirirse a un mejor precio.
Las licitaciones que mencionan marcas específicas pueden estimular la competencia entre distribuidores, es decir, entre quién puede venderle al Gobierno el mayor volumen al menor precio. Pero licitaciones tan estrechas se cierran a la posibilidad de que otras empresas puedan hacer propuestas mejorando las opciones y ahorrando recursos públicos. Ante esta situación, en varios países como Japón, Estados Unidos y Francia, el gobierno ha tomado medidas para solucionar el problema de licitaciones que excluyen a posibles proveedores desde el principio.
El artículo 134° constitucional dispone que “las adquisiciones y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realice el Gobierno Federal y la Administración Pública Paraestatal, deben asegurar al Estado las mejores condiciones, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”. Hasta ahí todo bien. El problema radica en que la ley vigente de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público no es lo suficientemente celosa de la libre participación de las empresas en las licitaciones gubernamentales. Su interpretación ha permitido que un sinfín de licitaciones sean innecesariamente específicas, estableciendo requisitos de marca o tecnología que van más allá de las necesidades reales de las dependencias.
Se trata, en fin, de un tema con repercusiones importantes para el país y que recientemente ha encontrado eco en el Legislativo. La Senadora María Elena Orantes, del PRI, sometió en el pasado periodo ordinario del Congreso una iniciativa de reforma a la referida ley. Entre otros puntos, su propuesta establece que se debe “asegurar que no existan requisitos o especificaciones técnicas que explícita o implícitamente favorezcan a participantes, proveedores, fabricantes, así como marcas determinadas… u otros elementos que limiten la participación de otros posibles proveedores en cualquier procedimiento de contratación”.
De retomarse la discusión en el primer periodo de sesiones de este año, y de aprobarse -y, claro aplicarse- estos cambios a la ley, habrá no solamente un entorno más competitivo, sino también una reducción en los gastos del gobierno y un menor margen para la corrupción en las licitaciones gubernamentales.
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