La Biblioteca de Babel, una de las obras más provocadoras de Borges, no es una historia racional. El universo que construye, la biblioteca misma, no es algo lógico: saturado de contradicciones e inconsistencias, en el que hay vida sin comida y niños que nacen sin que haya mujeres. Sin embargo, hay una cierta lógica en el panorama aunque no sea la que un Aristóteles o un Bertrand Russell hubieran deseado: todos los libros se encuentra en alguno de los estantes, aunque no sea claro dónde. Es decir, aunque parezca una locura, hay un cierto método en el esquema que construye el gran autor argentino. Yo quisiera pensar que algo parecido ocurre con la estructura de regulaciones con la que se pretende gobernar a la economía mexicana.
El problema es que se requiere más fe que evidencia para creerlo. Sólo para ilustrar, en los últimos meses se procesaron dos iniciativas de ley que conducen a dos modelos de país absolutamente opuestos: en uno, en la ley de competencia, se propone combatir la colusión y las prácticas monopólicas. En el otro, la iniciativa relativa a asociaciones público-privadas, se proponen esquemas de colaboración entre empresas y el sector público para desarrollar proyectos sobre todo de infraestructura. Por un lado se combate la colaboración, por otra se propicia. Muchos dirán que no necesariamente hay contradicción entre un concepto y el otro, y quizá tendrían razón, pero no hay duda que existe una confusión conceptual en la conducción de la política económica. Si uno ve hacia atrás, muchos de los problemas de competencia se remontan a la forma en que el gobierno conducía la política industrial hasta los setenta y a los pactos para derrotar la inflación de los ochenta. En ambas instancias, el gobierno promovió la activa comunicación entre empresas para lograr sus cambiantes objetivos.
El tema de fondo no es el modelo que existe o que se adopte, sino el hecho de que vivimos en un mar de contradicciones que inexorablemente tiene el efecto de generar confusión, abrir espacios para la violación de algunas regulaciones y, al final del día, de disminuir la inversión total. En un sentido, las regulaciones que existen entrañan contradicciones que hacen imposible que una empresa o inversionista tenga certeza del marco regulatorio que es relevante para su proyecto, lo que disuade la inversión. Por el lado negativo, una empresa puede aprovechar las diferencias, contradicciones y rendijas que quedan entre una regulación y otra para hacer su agosto.
Además, un esquema de regulación saturado de contradicciones abre oportunidades para que las comisiones responsables de hacer cumplir cada una de ellas abuse o sea excesivamente cauta: en un caso porque facilita las cruzadas personales, producto de intereses, ignorancia o motivaciones diversas; y, en el otro, porque las contradicciones la paralizan. Es decir, por donde uno le busque, lo que hoy tenemos no contribuye a un nivel mayor de inversión, una economía con más competencia interna o una mayor claridad de rumbo respecto al desarrollo del país.
En adición a las regulaciones que emanan de las leyes y decretos presidenciales, cada una de las comisiones encargadas de regulación –telecomunicaciones, COFETEL; competencia, COFECO, y energía, CRE- sigue su propia lógica, en parte derivada de la ley que la vio nacer, pero también producto de las personas que, como presidentes o miembros de sus consejos, le han ido dando forma. Si uno se sale del entorno estrictamente económico, lo mismo es cierto de otras instancias de regulación como el IFE (elecciones) o el IFAI (transparencia). En todos los casos, la lógica que llevó a la creación y desarrollo de estos instrumentos siguió una dinámica legislativa propia: en algunos casos saturada de disputas, pero en otros siguiendo la lógica de un funcionario que pensó a su manera, distinta a la de otros que también estaban desarrollando mecanismos de regulación. El hecho es que el entorno legal y de regulación no es consistente y está lleno de incoherencias y contradicciones.
Cada uno de los comisionados o integrantes de los consejos de estas entidades está convencido de la bondad del instrumento que representa. Cada uno de ellos cree que su función es la de cumplir con el mandato -explícito o implícito, o como lo entienda cada uno de ellos- que norma la existencia de la entidad, independientemente de lo que pudiera ocurrir en otras instancias. Esa lógica borgiana quizá tenga algún sentido, pero constituye una enorme y permanente fuente de incertidumbre para los empresarios e inversionistas potenciales.
El caso me recuerda un poco lo que ocurría con el gasto público hace unos treinta o cuarenta años. A lo largo de los setenta, los gobiernos de la docena trágica se dedicaron a incrementar el gasto (y las regulaciones) como si no hubiera restricción alguna. Se crearon programas y fideicomisos, nuevas secretarías y entidades gubernamentales, todos ellos respondiendo a alguna brillante (y cambiante) idea del presidente en turno. Poco tiempo después el gasto público se había exacerbado, el desorden era mayúsculo, el déficit se había disparado y la inflación crecía sin cesar. Todo esto disuadía la inversión hasta que acabó paralizando a la economía.
La solución terminó siendo un esfuerzo multifacético dentro del gobierno dedicado a racionalizar lo que existía, recortar lo innecesario y reforzar lo básico. Es decir, al amparo de lo que se conoció como la “comisión gasto financiamiento”, representantes de las diversas secretarías e instancias gubernamentales se abocaron a (implícitamente) definir las funciones gubernamentales y enfocar sus esfuerzos y recursos hacia las prioridades que se identificaron. El instrumento permitió retornar a la estabilidad financiera, acabar con la inflación y, a la larga, sentar las bases para el crecimiento de la economía y del desarrollo de la clase media.
Algo similar urge en el ámbito regulatorio: ver el bosque en lugar de cada uno de los árboles, definir prioridades y un sentido de dirección y dejar de ver los detalles de cada cosa para que las diversas instancias de regulación permitan, en conjunto, una mayor racionalidad gubernamental. En el camino, sería igualmente deseable fortalecer la institucionalidad de estas entidades con mecanismos tanto internos como externos de contrapeso y supervisión.
Las contradicciones son una fuente interminable de oportunidades para los escritores de ficción como Borges, pero una pesadilla para quienes no aspiran a más que crear una empresa y abrirse oportunidades en la vida. Los primeros nos deleitan, pero son los segundos los que nos dan de comer.
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