A la memoria de Don Francisco R Calderón
Una sociedad madura, democrática y funcional –el sine qua non del crecimiento económico y la convivencia pacífica- sólo puede existir cuando se han construido pesos y contrapesos efectivos. Los problemas que hoy enfrentamos, y que sin duda confrontará el próximo gobierno, se derivan de esa ausencia fundamental.
El presidente electo ofreció algo que los mexicanos añoran: un gobierno eficaz. Esa oferta responde a una de las mayores carencias de las últimas décadas: ha habido gobiernos de distintas características, pero con muy poca capacidad de ejecución, es decir, poco eficaces. El problema es que la eficacia no sólo depende del talento ejecutivo de una administración: igual de trascendente es el contexto institucional en el que opera.
Visto desde la óptica del equipo que se apresta a gobernar, lo último que desea es restricciones a su capacidad de acción: su mejor escenario hubiera sido uno de control absoluto del poder legislativo para poder dedicarse a “lo relevante”, a decidir y actuar, dejando a un lado la discusión y el bla bla bla (como los priistas solían referirse al congreso) para hacer todo eso que al país le urge. Afortunadamente, tanto los resultados electorales como la evidencia reciente hacen imposible avanzar un proyecto de gobierno sin concertar, sumar y construir.
El gobierno en ciernes tiene la oportunidad de cambiar la realidad: construir eso que eludió a los priistas a lo largo del siglo XX, un país de instituciones. La ironía es que será un gobierno priista al que le tocará realizar eso que hubiera sido más natural y lógico para un gobierno históricamente de oposición.
Construir contrapesos no debe verse como una concesión a la sociedad o a los partidos. Todo gobierno enfrenta las vicisitudes de diversos grupos de poder que intentan limitar su marco de acción, algo inevitable en una sociedad caracterizada por diversidad y dispersión (política, geográfica, económica). Poco a poco, cada uno de esos poderes comenzará a mostrar su músculo e intentará imponer sus preferencias, forzando al nuevo presidente a responder. En ese momento el presidente se percatará de un hecho fundamental: a todo mundo le conviene la existencia de contrapesos.
En su esencia, una sociedad con contrapesos implica que nadie puede imponer su voluntad sobre los demás: el presidente no la puede imponer, las televisoras no la pueden imponer, los sindicatos y sus líderes no la pueden imponer, los empresarios no la pueden imponer, los partidos políticos y sus perennes candidatos no la pueden imponer. En suma, nadie, desde el gobierno hasta el más modesto de los ciudadanos -incluyendo a los (con frecuencia brutales) poderes fácticos- puede imponer su voluntad. La existencia de contrapesos implica que la sociedad se institucionaliza, circunstancia que limita a todos por igual.
El gran reto de la sociedad mexicana es la institucionalización y eso no es otra cosa que el desarrollo de pesos y contrapesos. Cuando existe un sistema efectivo de pesos y contrapesos, cada uno de los actores y poderes de la sociedad sabe a qué atenerse y, más importante, acaba por reconocer que sólo el conjunto puede lograr el progreso. El sistema gana cuando todos ganan, no cuando uno puede imponer sus términos a los demás. Suena a cuento de hadas, pero esa es la esencia de la democracia: sólo funciona cuando existen instituciones sólidas que le dan funcionalidad.
Cuando existe un equilibrio, las partes se convierten en engranes de una gran maquinaria que hace funcionar a la sociedad. Ese equilibrio no resulta de una imposición desde el poder central, sino que es producto de una negociación por medio de la cual todos acaban construyendo el mejor arreglo posible. Lamentablemente, a pesar de que hubo momentos (sobre todo con Fox) en que pudo haberse construido un arreglo de esta naturaleza, éste nunca se concretó. Ahora ese arreglo se torna no sólo crucial, sino necesario. Necesario para que el próximo gobierno pueda ser tanto eficaz como exitoso.
El gran reto de institucionalizar al país consiste en construir pesos y contrapesos que, respetando los derechos de las partes, éstas sean acotadas de tal suerte que ninguna pueda abusar de las demás. Es decir, se requiere una negociación política que arroje el mejor arreglo posible donde todos quepan pero con derechos y poder acotados.
Un arreglo de esa naturaleza no implica conculcación de derechos ni imposición pero sí negociaciones, cesiones e intercambios: eso que el presidente electo ha comenzado a construir. Implica una implacable y despiadada dedicación a la construcción institucional, donde el objetivo es un arreglo político que le dé funcionalidad al sistema de gobierno. Se trata de eso que no hemos tenido desde los ochenta, década en que se colapsó el viejo y para entonces agotado pacto callista-priista.
La eficacia de un gobierno se puede medir en la velocidad de su respuesta, algo que el hoy presidente electo Enrique Peña demostró con creces como gobernador. Sin embargo, desde la óptica de la presidencia, la eficacia adquiere una dimensión muy distinta porque la fortaleza de un país no sólo se mide por la eficacia cotidiana de su gobierno sino por la capacidad de resolver los problemas de largo plazo, así como por la solidez de sus instituciones. Para llevarlo al ejemplo más elemental, mientras que a nivel estatal la aprobación de un gobernador puede ser garantía suficiente para que se lleve a cabo una determinada inversión que comenzará y concluirá durante su mandato, a nivel federal lo que cuenta es la confiabilidad de los procesos judiciales, el cumplimiento de los contratos y, muy en particular, la imposibilidad de que una empresa, sindicato, grupo político o poder público pueda abusar de los otros. Cualquiera que recuerde la forma en que algunos de estos poderes fácticos respondieron ante la mera posibilidad de que el gobierno otorgara una concesión para una “tercera cadena” sabe bien que el sistema político mexicano no será confiable mientras no existan los contrapesos necesarios que aseguren que nadie puede abusar o imponer sus preferencias.
Lo que el país requiere se resume en la construcción de un entramado político cuya esencia reside no en la aprobación o modificación de más leyes (aunque pudiera incluirlo) sino en la construcción de acuerdos políticos que conduzcan hacia la transformación del gobierno (para que sea de verdad eficaz), a la legitimación del ganador en la elección y, como contraparte, a la legitimidad de la oposición y a la creación de un régimen efectivo de rendición de cuentas. Cuando México tenga eso, la inversión, el empleo y la riqueza no dejarán de crecer.
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