La seguridad ciudadana y la justicia penal son materias muy complejas y con estrecha relación. Cada conflicto social y cada modalidad delictiva tienen una causalidad particular. No basta pues, una reforma legal y procesal para recuperar la seguridad y la tranquilidad en el país; hay que combatir las causas específicas de cada tipo de conflicto o crimen y prevenir su incidencia.
En sentido contrario a esta ruta, en México se ha optado por tener una sola respuesta ante todas las clases de delitos (violentos o no violentos, imprudenciales o intencionales): la amenaza penal y, particularmente, la sanción de prisión. El resultado ha sido un uso irracional de los recursos y la criminalización de los conflictos sociales. Hoy por hoy, el 75% de los recursos públicos dedicados a la seguridad y la justicia penal se destinan a los ilícitos no violentos y de bajo impacto social.
La reforma penal debe ser integral, abordando el desafío de tener instituciones más justas así como eficientes. Además de la transformación legal, deben mejorarse las organizaciones encargadas de la prevención, la procuración e impartición de justicia, así como del sistema de readaptación social.
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