Dice un proverbio persa que “cuando está suficientemente obscuro es posible ver las estrellas”. El panorama nacional no parece tan negro como para tener capacidad de ver todo lo que ocurre, pero parece evidente que, como decía el recientemente fallecido Guillermo O’Donnell, la razón principal del desencanto reside en haber creído que “el ladrillo de la alternancia es la casa de la democracia”. La alternancia cambió la realidad del poder pero no nos ha llevado a la construcción de un sistema político funcional.
Al menos en el plano de la teoría política, hay dos formas de construir un sistema político. Una, a la usanza de los teóricos del contrato social de los siglos XVII y XVIII, partía del principio de que el hombre acaba reuniéndose en sociedad para resolver los problemas que enfrenta en un medio inhóspito. Para Hobbes la motivación es la necesidad de seguridad, para Locke la protección de la propiedad y para Rousseau la constitución de una sociedad organizada que garantiza la igualdad. Esos tratadistas hablaban de los momentos fundacionales de la sociedad humana.
Los países que han logrado construir sistemas políticos institucionalizados y consolidados responden a uno de dos escenarios: aquellos que llevan siglos construyendo y corrigiendo errores y ajustando procesos, poco a poco dando forma a tradiciones centenarias que garantizan su estabilidad. Si uno observa la evolución de la democracia inglesa a lo largo de los siglos podrá observar cómo se fueron resolviendo diversas crisis, algunas de ellas violentas, hasta finalmente alcanzar el clima de civilidad que hoy se observa pero que no fue siempre así. Otros, como Francia, lograron un sistema estable fundamentado en un híbrido poco común presidencial-parlamentario a fuerza de ensayo y error.
La otra forma de construir un sistema político se remite a los esfuerzos que han realizado los grandes estadistas de nuestro tiempo al enfrentar situaciones de conflicto real o potencial en sus sociedades. Estos ejemplos muestran cómo es posible saltar décadas o incluso siglos a partir de la construcción sistemática de acuerdos políticos entre los principales actores, partidos o fuerzas políticas. Hay diversos ejemplos que ilustran esta vía. Cada uno es distinto pero lo que todos tienen en común es el hecho de que hubo una construcción intencional de acuerdos orientados a lograr una rápida consolidación democrática.
En España, Adolfo Suárez entendió que el camino para construir un futuro tenía sólo dos vías: la confrontación que surgiría de la recreación de las divisiones que llevaron a la guerra civil o un acuerdo entre todas las fuerzas políticas sobre los mecanismos que permitirían construir y concluir un proceso de transición en un periodo breve. Su convocatoria fue a todas las fuerzas políticas, tanto las exiliadas como las residentes, incluyendo a los liderazgos más representativos de todo el espectro político e histórico, para que acordaran un conjunto de principios elementales que permitieran construir un nuevo régimen político. En Sudáfrica, Nelson Mandela enfrentaba un problema distinto: cómo contener los ánimos de venganza de las huestes negras para preservar los empleos que generaban las blancas en un marco de coexistencia civilizada. Ambos ejemplos, de una media docena de casos ilustrativos, sugieren que una transición política no tiene por qué atorarse en su primera etapa como nos ha pasado a nosotros.
En México la transición ha sido tan prolongada y compleja que no existe ni siquiera un acuerdo sobre cuándo comenzó o cómo debe concluir. Cada partido define la democracia en función de su expectativa respecto a los resultados electorales: para el PRI México siempre ha sido democrático, para el PAN la democracia comenzó en 2000 y para el PRD está todavía por iniciar. A diferencia de España, aquí no hubo un acuerdo sobre los procedimientos por lo que la única medida ha sido el resultado. Con un país dividido más o menos en tercios (la historia de dos décadas), la única posibilidad de avanzar, excepto la imposición, reside en la creación de un mecanismo que garantice una distribución equitativa de los beneficios del poder, independientemente de quién gane las elecciones. Desafortunadamente, nuestro sistema de representación proporcional no lo garantiza.
Un gran impedimento a cualquier acuerdo reside en la indisposición de todo mundo a ceder algo. Por un lado, el ánimo nacional está tan caldeado que la noción misma de ceder resulta insostenible. Si así se hubieran comportado los comunistas exiliados o los franquistas españoles, ese país jamás habría logrado los pactos que le permitieron ser la nación que hoy es. Por otro lado, cada uno de los partidos experimenta restricciones reales: el PRI no se ha reformado y sigue siendo dependiente de muchos de los intereses más recalcitrantes que impiden cualquier cambio. El PAN integra a suficientes elementos dogmáticos y anti priistas como para hacer sumamente difícil cualquier entendimiento con su rival histórico. El PRD evidencia una fractura irreconciliable entre los ex priistas que siguen viviendo en el mundo lopezportillista y una emergente social-democracia. Sólo una gran coalición permitiría fortalecer y privilegiar a los grupos y liderazgos de cada partido que tienen una visión positiva del futuro del país, dejando atrás a todos aquellos que siguen hurgándose el ombligo y albergando viejos dogmas que jamás serán realidad.
Hay dos maneras de concebir un futuro promisorio. Uno, a la española, consistiría en un gran acuerdo sobre procedimientos. Allá el acuerdo consistió esencialmente en la preservación de la legalidad franquista hasta que se aprobara una nueva constitución y los procesos electorales y políticos que de ahí se derivaron. Es decir, se acordó un procedimiento, no un objetivo.
Nuestra historia de las últimas dos décadas demuestra que es imposible un acuerdo similar al español. Primero, porque la experiencia, sobre todo el 2006, así lo evidencia. Segundo y más importante, porque a diferencia de España, aquí no hay una referencia de comportamiento civilizado (así fuera bajo un régimen autoritario) como el que allá hubo y, en todo caso, porque allá murió el dictador y aquí persiste el mismo partido.
Por estas razones, dado nuestro sistema presidencial, sólo un gobierno de coalición permitiría sumar a todas las fuerzas políticas, dándole representatividad al conjunto de la sociedad y forzando a la construcción de acuerdos al interior del gobierno como medio para consolidar una plataforma de transición efectiva que rompa con la inercia paralizante y le confiera legitimidad plena al nuevo gobierno.
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