En tiempos recientes hemos oído todo tipo de escándalos con respecto a la forma en la que se endeudan los gobiernos locales. Ex-gobernadores, como el de Puebla y el de Oaxaca, que contraen deuda cuando van de salida; Veracruz utilizando como garantía de pago la tenencia cuando esta ya no existirá a partir de enero del 2012; y recientemente el estado de Coahuila que en un año electoral aumentó su deuda en más de 400%.
Todos estos episodios, aunado a la rapidez con la que ha crecido el endeudamiento de algunos estados en los últimos años, nos ha llevado a pensar que la deuda de estados y municipios es mala, que pronto podría haber una crisis económica proveniente de ésta, y que el ciudadano difícilmente se beneficia de la existencia de la deuda pública.
Esta mala fama se ha generado aún cuando la deuda de los estados y municipios ha pasado de “sólo” 1.3% a 2.2% del PIB entre 2006 y 2010, como lo muestra Jorge Chávez Presa en su artículo “Urge orden en deuda pública de estados” (El Universal, 02-07-11). Entonces, ¿debemos preocuparnos por este tema, o no?
La respuesta es que la deuda local debe ser atendida como tema prioritario y analizado con objetividad. Aunque los montos sean relativamente pequeños, la manera específica en que contraen deuda los estados y municipios es sintomática de dónde están hoy los gobiernos locales en términos del pacto federal y de su capacidad para gobernar, rendir cuentas a la ciudadanía y llevar a su estado a desarrollarse.
La simple posibilidad de que los gobiernos locales se endeuden es un logro si consideramos que en otros tiempos la inestabilidad macroeconómica hacía de la deuda algo imposible. Debido al centralismo de antes y la falta de alternancia en los gobiernos, no existían los incentivos para que los gobiernos buscaran recursos e incluso compitieran entre sí por éstos. Además, hoy el Gobierno Federal sí tiene logros importantes en el manejo de su deuda, lo cual allana el camino para los gobiernos locales.
Sin embargo, aún hay un largo camino por recorrer. Por ejemplo, el Artículo 117 de la Constitución le delega a los estados la responsabilidad de contratar su propia deuda y dice que éstos “no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas”. Sin embargo, ¿qué significa “productivas”?
En cuanto a las leyes de los estados, hay de todo y en este sentido no podría ser más relevante el Ranking de Normatividad Estatal que el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) dará a conocer el próximo miércoles. Existen desde estados cuya constitución prohíbe que la contratación de deuda pública rebase el 3% del presupuesto autorizado, hasta aquellos donde no hay límite en el monto de la deuda ni supervisión alguna de cómo se gasta. Asimismo, la deuda de corto plazo no se da a conocer. Los estados no dan la información y los bancos la clasifican como “secreto bancario”.
El Ranking de Normatividad Estatal ayudará también a ver el tema de la deuda desde una perspectiva integral, ya que, además de analizar las leyes locales que la regulan, muestra la situación de los estados en materia de fiscalización, transparencia y acceso a la información, y coordinación fiscal. La deuda no es mala; por el contrario, queremos que los estados se endeuden, inviertan y crezcan. Pero para esto las reglas tienen que estar bien establecidas. Empecemos por lo primero: las reglas del juego.
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