En este 2006 escucharemos muchas propuestas electorales sobre seguridad, en virtud de que es el tema que más interesa e inquieta a la ciudadanía. Desde hace siete años los indicadores delictivos (a pesar de que 3 de cada 4 delitos no se denuncian) se han estacionado en niveles muy superiores a los de la década anterior. Parece que la delincuencia llegó para quedarse.
Entre las medidas más socorridas por los gobernantes ha estado el incremento sistemático de las sanciones. En nuestro país, la población penitenciaria se ha duplicado en tan sólo 8 años. Iniciamos este 2006 con 210 mil seres humanos en prisión, 90 mil de ellos sin sentencia, que cuestan al erario 27.2 millones de pesos diariamente. Sin embargo, a pesar de la cifra de personas encarceladas, los delitos no disminuyen. La pregunta obligada es ¿A quiénes está encerrando nuestro sistema penal en las cárceles? Dos terceras partes de los condenados reciben penas inferiores a los tres años de prisión. Es decir, 70% u 80% de sus recursos se dedican a investigar, procesar y encarcelar a personas por delitos menores y no violentos, mientras el crimen organizado, autor de los delitos de mayor impacto social como el secuestro, el homicidio y el tráfico de personas, drogas y vehículos robados, a pesar de golpes importantes, goza de cabal salud.
Además de intensificar la prevención del delito, es fundamental que una vez cometido el delito se dé atención diferenciada, según la gravedad, a cada tipo de conducta. Respecto de delitos menores como las injurias, calumnias difamaciones o golpes que no impliquen lesión e, incluso, la violencia intrafamiliar, proponemos que se reconsidere en un debate amplio si ameritan una solución penal. ¿Qué requieren más vecinos y familiares confrontados, un mediador, un terapeuta que dé seguimiento a un tratamiento; o una sala llena de abogados que determinen si se es delincuente o no? Esto podría quitar a las procuradurías 20% de su carga actual de trabajo, pudiendo dedicarse más recursos a las áreas más críticas de la delincuencia.
Sobre los delitos menores no violentos como los accidentes de tránsito o los robos simples, que tienen saturado al sistema. Es urgente procesar estos casos de manera simplificada y que se diseñen penas y medidas cautelares distintas de la prisión. No se trata de impunidad, se trata de llegar a los mismos resultados (la multa, los trabajos en beneficio de la comunidad, la reparación del daño a la víctima o la libertad condicionada) en menos tiempo y con menos costos para el Estado, los contribuyentes, las víctimas, los procesados y sus familias. Coahuila ha instrumentado estos procedimientos simplificados, y es capaz de dar respuesta al 80% de las denuncias presentadas (el promedio en el resto del país es el inverso: sólo se da respuesta cabal a 20% de los asuntos).
De esta forma se liberarían muchos recursos actualmente dedicados a la fabricación artesanal de enormes expedientes y al combate estadístico de la delincuencia, con lo que se podría mejorar la capacitación y especialización de recursos humanos en las policías, procuradurías, tribunales y prisiones, para enfrentar al crimen organizado (que provoca el 25% de las denuncias): inteligencia policial, grupos de reacción inmediata y de intervención en crisis; fiscalías y juzgados especializados con cargas de trabajo adecuadas.
En resumen, debemos descriminalizar conductas, simplificar los procedimientos para atender delitos menores y mejorar la calidad con la que se atienden los casos de mayor impacto social, estableciendo en contrapartida mecanismos transparentes y accesibles, así como un buen sistema de garantías e impugnaciones que permita lograr la eficiencia sin caer en la tentación de disminuir garantías. El mejor Estado de derecho, es el Estado de derecho sin adjetivos, sin aspavientos.
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