La experiencia internacional demuestra que la disminución de los índices de corrupción sí es posible, y para ello hay dos factores decisivos: la voluntad política y un adecuado diseño institucional.
Es necesario establecer un Estado de derecho que garantice y aplique sanciones para que la corrupción deje de ser la forma generalizada de operar tanto de actores privados como públicos.
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