Hay proyectos que sacan a la luz nuestro peor rostro. La construcción del megacentro de negocios “Dragon Mart” en Cancún es uno de ellos. La moneda sigue en el aire: así como podría ser un gran proyecto de desarrollo económico, también podría caer en la larga lista de proyectos fallidos donde yacen la Torre del Bicentenario, el complejo petroquímico “Fénix” y el segundo aeropuerto de la Ciudad de México.
Una de las características que estos proyectos tienen en común es que la información objetiva en torno a ellos -al menos a la que tiene acceso la ciudadanía- es escasa. Los rodea la percepción de que las reglas del juego son ambiguas y que cualquiera las puede transgredir a billetazos.
Por ejemplo, Dragon Mart se promueve como “un centro de negocios para expositores mexicanos y de todas partes del mundo en el que podrán ofrecer directamente productos a clientes internacionales.” Bajo este precepto se estima que el 95 por ciento de la mercancía nunca llegaría a Cancún. Sin embargo, la otra versión es que dicho proyecto nos “inundaría” (más) de productos chinos. Y el lugar común es que dichos productos chinos incumplen reglas de comercio internacional a través del dumping y la violación de derechos de propiedad, entre otros.
Es interesante, preferimos enfocarnos en esta confusión que en un debate en torno a la economía informal, la piratería y la capacidad o incapacidad del Estado para hacer cumplir las reglas a nivel país.
Algo similar ocurre con el tema de la migración a México de ciudadanos chinos como resultado del Dragon Mart. Hay quienes se quejan de que vendrían cientos de familias de China a las 722 viviendas que se construirían como parte del proyecto, mientras que Dragon Mart ya comunicó que esto es falso y que se contratará solamente a mexicanos.
Si las personas que vienen a trabajar son de China o de cualquier otro lugar y cumplen con los trámites migratorios, ¿cuál sería el problema? Si la preocupación es tener personas de China sin permisos para trabajar en México esto ya es una realidad y ni la sociedad ni los medios se están desgarrando las vestiduras.
Con respecto al impacto ambiental, en la página de Internet del proyecto se habla de su sustentabilidad vía paneles solares, una planta desalinizadora, etc. Y se menciona que han cumplido con todos los trámites. Sin embargo, organizaciones ambientales como el Centro de Estudios de Derecho Ambiental ofrecen una serie de argumentos sobre por qué no se debe dar luz verde al proyecto, citando desde la destrucción de manglares (y con esto del ecosistema entero del sitio) hasta la construcción en zonas protegidas. ¿A quién le creemos? Si tan sólo las autoridades fueran incorruptibles y las reglas estuvieran claras, habría menos margen para esta increíble divergencia en opiniones.
El Dragon Mart es un proyecto ambicioso: en más de 500 hectáreas contempla naves industriales, más de 3 mil locales, viviendas, etc. Tiene el potencial de generar empleos, posicionar a Cancún como un vínculo estratégico para el comercio entre América Latina y Asia, fomentar la exportación de productos mexicanos, diversificar el turismo, beneficiar a pequeños y medianos empresarios mexicanos -permitiéndoles el acceso a más y mejores productos- y generar una enorme derrama económica. Pero los falsos debates y nuestra forma de hacer las cosas nos lleva a menospreciar, o bien no ser capaces de materializar de una forma social y ambientalmente viable, esta oportunidad.
El proyecto del Dragon Mart Cancún evidencia la falta de reglas claras para la inversión en el país y muestra los problemas que enfrenta cualquier empresa al tener que lidiar con trámites en los tres niveles de gobierno.
Si queremos ser una potencia económica tendríamos que empezar por dar certidumbre a la inversión extranjera, hacer cumplir las reglas y competir. Todo en un entorno de esforzada transparencia informativa por parte de las autoridades. Si no le entramos nosotros, podemos estar seguros que alguien más sí lo hará.
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