Recientemente se aprobó la reforma al artículo tercero constitucional que hace obligatoria la educación media superior (EMS). Ahora el gobierno está obligado a proveer 15 años de educación, desde la educación preescolar hasta la media superior. Este incremento de la escolaridad provista por el Estado tiene repercusiones en múltiples dimensiones de la política pública de educación como son: la política, la administrativa y la laboral. Ya que la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la secretaría con mayor número de personal empleado es de la mayor relevancia abordar la dimensión laboral del problema.
Históricamente, la SEP ha hecho grandes esfuerzos para evitar la sindicalización del gremio de media superior con la intención de evitar que dichos docentes ganen el poder que en otros niveles educativos ha hecho tan difícil la administración y aplicación de políticas públicas. Sin embargo, ante la expansión de la educación media superior y el inevitable crecimiento de la plantilla de profesores, valdría la pena preguntarse ¿qué precauciones se deberían tomar para que este sector no termine controlado por grupos de poder sindicales que sean la semilla de futuros problemas?
A primera vista, hay dos frentes que cuidar: la concentración del crecimiento de la educación media superior en un único formato (i.e. Colegio de Bachilleres, CONALEP, CECYT, CBTIS, etcétera), y el acaparamiento de los nuevos cuerpos del magisterio por parte, también, de un solo sindicato (i.e. SNTE, Sindicatos estatales del Colegio de Bachilleres, Sindicatos de trabajadores de CONALEP, entre otros). El primer frente abre la posibilidad de que en una de estas modalidades de la educación media superior se forme un subsistema lo suficientemente grande como para poner un entorno adecuado para el crecimiento de un gran sindicato con fuerza y control del mismo. El segundo frente, por otro lado, señala el riesgo de que los grandes sindicatos de las distintas modalidades de educación media crezcan horizontalmente en un esfuerzo de coordinación estatal o nacional (en los años 90 se intentó en más de una ocasión fusionar sindicatos de educación media en coaliciones sindicales).
Antes de avanzar en la expansión de la EMS habría que analizar el probable panorama de crecimiento del magisterio que esta ampliación traerá consigo. El poco cuestionamiento de este tema en otros niveles educativos generó problemas que se están arreglando actualmente: sindicalismo politizado e invasivo, dificultades serias para el manejo de la política pública en algunos niveles educativos, ineficiencias derivadas de prebendas sindicales descontroladas, entre otras. Por lo tanto, ¿con la universalización de la EMS se estarán abriendo nuevas puertas a viejos poderes o huecos de poder para nuevos actores? Es necesario reflexionar sobre los peligros políticos de esta apertura de grandes espacios de poder.
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