Hace algunas semanas, el PRI capitalino cometió una enorme pifia. Al organizar y liderear una manifestación de ambulantes en el Zócalo capitalino, el PRI evidenció una faceta muy peligrosa de su naturaleza actual. El PRI se presentó como el abogado, promotor y defensor de los intereses de un sector de la sociedad que vive, explota y lucra de la impunidad, con un agravante más: el de ser el principal conducto para la venta de mercancía robada. Con esa manifestación el PRI abrió una caja de Pandora.
La promoción y defensa de grupos y sectores ilegales o irregulares no es algo nuevo en la vida del PRI. Hace mucho que, a cambio de “apoyos”, ese partido abandera causas como las de los taxistas “tolerados”, los invasores de predios, los vendedores ambulantes y demás. En un país en el que los trámites y regulaciones invitan al cohecho y a la ilegalidad, no es sorprendente que muchos de los partidos construyan apoyos políticos y bases electorales en sectores informales de la economía, de la misma manera en que lo hacen con maestros, enfermeras o sindicatos de empresas. Desde luego que sería razonable preguntarse por qué tiene el PRI que recurrir al abanderamiento de causas ilegales cuando, como gobierno, podría eliminar las circunstancias que las generan y propician. Pero ese es otro tema. El hecho es que una parte importante -quizá la de mas rápido crecimiento- de los contingentes priístas actuales tiene como común denominador el hecho de vivir o sostenerse actividades que salen de la informalidad prototípica del comerciante callejero para ubicarse claramente en la ilegalidad y la criminalidad (desde la evasión de impuestos hasta la violación de todo tipo de regulaciones, leyes y reglamentos).
El ambulantaje, clientela priísta de hace tiempo, ha adquirido una característica muy particular en los últimos años, lo que lo hace particularmente relevante en el análisis del círculo de impunidad que existe en el país. En tiempos recientes los ambulantes, o al menos una buena parte de ellos, parecen haber dejado de ser parte de un mecanismo orientado a la subsistencia o a dar salida a las capacidades empresariales de un amplio segmento de la sociedad, para convertirse en el departamento de distribución y venta de la delincuencia. En la medida en que esto se ha venido generalizando, el apoyo del PRI entraña una nueva faceta en la vida de ese partido.
Los vendedores ambulantes han cambiado la naturaleza de su actividad en forma radical en el curso de la última década. Hace años, los ambulantes se dedicaban a distribuir, esencialmente, mercancía producida por empresas pequeñas y medianas. Vendían saldos de algunas empresas mayores, pero su principal fuente de abastecimiento la constituía la infinidad de pequeñas empresas que tenía poca capacidad de accesar los principales circuitos de distribución comercial en el país, como los supermercados, las tiendas de abarrotes, las ferreterías, etc. Aunque ciertamente ilegal en cuanto a que no pagaban impuestos ni cumplían con la infinidad de requisitos y complejidades de la legislación laboral, del IMSS, del INFONAVIT, etcétera, no había nada de ilegal en el origen de su mercancía.
A finales de los ochenta comenzó una campaña muy exitosa de combate a la evasión fiscal. Muchas de las empresas dedicadas a abastecer al ambulantaje se encontraron entre la espada y la pared. El negocio, antes muy redituable, comenzó a resultar menos atractivo, toda vez que los riesgos de evadir impuestos se elevaron en forma extraordinaria. Pero el esfuerzo de las autoridades por reducir la evasión fiscal de los empresarios industriales no se extendió para meter en cintura a los ambulantes, quienes continuaron al margen del régimen fiscal al que estamos sujetos todos los demás mexicanos. Sin embargo, la campaña de la Secretaría de Hacienda hizo mella en el sector. El éxito en la fiscalización de las empresas formales tuvo consecuencias colaterales muy significativas porque éstas perdieron su mercado natural. Esto, por una parte, redujo el tamaño del mercado de ese sector industrial, llevando a la desaparición de muchas centenas de empresas. Por la otra, los ambulantes, en su búsqueda por preservar su actividad y, en general, su modus vivendi, acabaron convirtiéndose en los distribuidores del contrabando, es decir de toda la mercancía ilegalmente importada en el país.
En los últimos años, el ambulantaje inauguró una nueva modalidad. Además del contrabando, ahora también distribuye toda la mercancía que, con cada vez con mayor frecuencia, es robada a las empresas y comercios establecidos, que pagan sus impuestos, crean empleos bien pagados y contribuyen al desarrollo del país. En otras palabras, el ambulantaje ha evolucionado de la forma más negativa posible. Pasó de evadir impuestos vendiendo saldos, a distribuir y comercializar el producto de los robos y asaltos que lleva a cabo tanto la delincuencia como el crimen organizado. Cuando el PRI hace suya la causa del ambulantaje también hace suyo el círculo vicioso que está destruyendo el tejido social del país.
Pero lo peor del asunto no reside en que el PRI abogue y lideree al ambulantaje per se, sino en que lo haga a sabiendas de que éste realiza actividades ilícitas. Una cosa es abanderar la causa de un sector económico que reclama (por lo menos en teoría) acceso a la formalidad y otra muy distinta es avalar con esa representación el eslabón de la delincuencia inherente al ambulantaje en la actualidad. Con esa representación el PRI parece estar presente, directa o indirectamente, en toda la cadena de ilegalidad e impunidad que comienza con el robo de las mercancías y concluye con su venta a través de los ambulantes.
A estas alturas ya nadie alberga muchas dudas de que la criminalidad, comenzando por el robo de mercancía, involucra a las más diversas policías del país. Sin ese contubernio sería imposible e impensable que se desarrollaran las actividades de la delincuencia de la manera en que ocurre en el país. No es concebible que el crimen ascienda de la manera en que en México lo ha hecho sin la anuencia, participación y protección de las autoridades responsables de impedirlo.
Pero en ese círculo de impunidad, no sólo las policías son partícipes; tambien lo son las autoridades encargadas de la procuración de justicia. Cuando ocurre un hecho inusitado y excepcional como hoy en día es el que un delincuente sea atrapado por alguna policía, los ministerios públicos se encargan de resolver el inconveniente mediante la inadecuada o incompleta integración del expediente respectivo. Con esa fiscalía es imposible que el delincuente sea procesado.
El círculo de la delincuencia se cierra con el ambulantaje, que distribuye y comercializa la mercancía robada. El país en su conjunto paga el enorme precio de la inseguridad pública, de la criminalidad y de la violencia. Pero resulta que, en todo ese proceso, el PRI comienza a aparecer como el padrino que asegura la total impunidad de los participantes en los diversos niveles que integran la cadena delictiva que ahoga al país. Si lo anterior no fuese cierto, el PRI debería pensar con más cuidado el costo de sus desplantes sobre todo ahora que es oposición.
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