La paradoja del estancamiento que caracteriza al país es que éste lo invade todo: la economía, la política, el gobierno, el legislativo, pero sobre todo la mente de quienes tienen el poder y la responsabilidad de decidir hacia dónde dirigirnos. Ese estancamiento choca directamente con una realidad tangible: la solución a nuestros problemas es clara; la capacidad del sistema político mexicano de actuar en consecuencia no lo es. Los problemas y dilemas que enfrentamos son por demás evidentes y las acciones que son necesarias para resolverlos también. El verdadero problema es que nadie parece dispuesto a dar el paso: la combinación de intereses particulares, ceguera ideológica, indecisión, incompetencia y desidia han acabado por paralizar al país y le están negando oportunidades de desarrollo a toda la población.
El diagnóstico fácil es decir que la población está agobiada por los cambios y que lo único que quiere es el retorno a la normalidad. Este examen es no sólo falaz, sino que esconde el verdadero origen y centro neurálgico de la problemática que enfrentamos. Ciertamente, la población muestra desasosiego, enojo por la falta de oportunidades y cansancio por cambios que no parecen producir un horizonte de desarrollo razonable y asequible. Pero esa sensación de impotencia y hasta desesperación no es casual sino el resultado de la incompetencia de los gobernantes para resolver los problemas del país. La población no es quien experimenta fatiga respecto a las reformas que hacen falta; son los políticos quienes han optado por renunciar a su responsabilidad de actuar para que el país salga adelante.
Aunque las décadas de los setenta y ochenta son idealizadas por muchos políticos, en realidad representan un periodo en el cual se destruyó la estabilidad de la economía, se minó la salud del sistema financiero y se inauguró una era de virtual hiperinflación, con todos sus nefastos efectos sobre la estabilidad familiar y la tranquilidad de la población. El país no se encontraba en buenas condiciones cuando se iniciaron las reformas a la economía; más bien, las reformas fueron la respuesta de sucesivos gobiernos a la incapacidad de la economía para reencontrar su rumbo luego de la crisis de endeudamiento de 1976 y 1982. En este sentido, no hay a dónde regresar: nuestra única alternativa es actuar para eliminar, de una vez por todas, las causas que atrofian al sistema político y avanzar hacia la construcción de un basamento sostenible para el desarrollo de la economía en el largo plazo.
Los temas específicos de la agenda económica no están en disputa. Lo que se discute es la dirección de la economía y del país en general. Es decir, no hay acuerdo sobre el camino que debe seguir el país y eso explica por qué no es posible alcanzar acuerdos en los temas concretos, aunque éstos sean por demás evidentes. Para algunos partidos y políticos, la opción es retornar a los años cincuenta y sesenta, cuando todo parecía funcionar sin mayor conflicto; para otros, el modelo son los setenta, cuando la burocracia hizo de las suyas, sin control democrático o contrapeso alguno. Muchos otros sueñan con un desarrollo autónomo (whatever that means), en tanto que otros más idealizan un pasado ficticio.
Pero independientemente de las preferencias o los sueños (y pesadillas) particulares, ninguna persona con un mínimo de honestidad y sensatez puede dejar de reconocer que la agenda consiste en temas muy concretos y específicos: a) la capacidad del Estado mexicano, o sea, del ejecutivo y legislativo en conjunto, de tomar decisiones; b) la economía de mercado y cómo hacerla funcional; c) la relación con Estados Unidos; d) la seguridad pública, la legalidad y el Estado de derecho; e) la inevitable globalización; y f) las políticas que son necesarias para facilitar y acelerar el ajuste de la población, la economía y la sociedad en general a las nuevas realidades nacionales e internacionales. Uno puede agregar algún tema o darle un sesgo distinto a los arriba mencionados, pero nadie puede soslayar la imperiosa necesidad de enfrentar todos y cada uno de estos temas y que mientras más tardemos en hacerlo peor será la parálisis y mayores sus costos económicos y sociales.
La agenda nacional es explícita, pero no así nuestra capacidad para avanzarla. En ausencia de una capacidad de imposición, como la que existió con el presidencialismo de la era priísta, o de un consenso social en torno al camino que debe seguir el país, la gran pregunta es cómo podremos enfrentar al toro y salir adelante. El desempeño del poder legislativo a partir de 1997 ilustra bien el dilema político que tenemos enfrente: en lugar de verse a sí mismos como una fuente de liderazgo y desarrollo equilibrado del país, los legisladores (y sus partidos) se han deleitado al cobrar supuestas facturas por el maltrato que a nombre del ejecutivo recibieron en el pasado, impidiendo así que se consolide una nueva estructura institucional que no sólo sirva de peso y contrapeso respecto al ejecutivo, sino que también aliente el desarrollo del país. Mientras las exportaciones crecían, el costo de su desempeño parecía pequeño; ahora que el crecimiento de las exportaciones se ha detenido, el costo de la inacción de nuestros supuestos representantes es cada vez mayor. Lo peor de todo es que los legisladores muestran de forma ostensible que no representan a la población, sino a sus partidos, a sus corruptas ideologías y a intereses particulares que buscan su beneficio sin consideración por el desarrollo del país.
El estancamiento que caracteriza al país no es un fenómeno económico inexplicable; más bien, es consecuencia directa de la incompetencia de nuestros políticos, quienes han preferido privilegiar a sindicatos y empresas específicas, cuando no a valores ideológicos irrelevantes, mientras la población padece desempleo, merma del ingreso familiar y desesperación. De seguir por este camino, el país va a entrar en otro más de sus procesos destructivos aunque, con suerte, esta vez sin el componente de crisis financiera. El punto de fondo es que nuestros gobernantes (en todas las instancias y niveles) están probando ser tan eficaces como los de la más pobre, corrupta y retrasada nación africana.
Algunos partidos asumen que el horizonte les resulta favorecedor, sobre todo a la luz del resultado de las elecciones recientes. Sin embargo, esos comicios complicaron el panorama político antes de aclararlo. En el PRI, por ejemplo, se vanaglorian del resultado de las elecciones: efectivamente, a juzgar por el número de curules con que contarán en la próxima legislatura, el voto popular les favoreció. Pero los priístas saben bien que su triunfo no fue arrollador y que no obtuvieron mandato alguno. Lo único claro de la elección reciente es que la población reprobó al presidente, porque, si uno analiza las cifras con detenimiento, aún el PRI, el partido que ganó más escaños en la próxima legislatura, experimentó un descenso en su porcentaje de votación, muy en línea con la tendencia que se observa desde hace más de una década. La población no refrendó a partido ni filosofía alguna, ni mucho menos la vuelta al pasado o la adopción de un modelo económico distinto que algunos de los legisladores más retrógrados sugieren. La escasa votación de quienes acudieron a las urnas no hizo sino preservar un statu quo inestable y disfuncional en el que lo único certero es que nada avanza.
El impasse parece ser la característica de los tiempos. Sin embargo, si el estancamiento, y su creciente agudización, no generan acción por parte de los políticos, la pregunta relevante es ¿qué o quién lo hará? La sociedad mexicana no se ha adaptado a la competencia que entraña la globalización, en tanto que los políticos no se han adaptado al fin del presidencialismo. Este entorno premia la divergencia además de penalizar la construcción de consensos, pero a la vez demanda liderazgo donde no lo hay y, peor, donde ya no lo puede haber, al menos en el sentido tradicional. Es decir, pervive la expectativa de que son no sólo posibles, sino necesarias soluciones al viejo estilo, o sea, las emanadas de un presidente impositivo y todopoderoso, cuando ya no existen los instrumentos para que eso sea posible. Y mientras estos desencuentros dominan el panorama nacional, la economía pierde competitividad y el potencial de salir adelante disminuye.
Una evaluación honesta del momento actual arroja un dato indiscutible: la solución a los dilemas nacionales no saldrá del ejecutivo. Tampoco del Senado, cuyo comportamiento y desempeño en los últimos años deja mucho que desear. Esto nos deja con un solo reducto institucional para la transformación del país: el nuevo congreso. No hay muchas razones para el optimismo, excepto el que pudiera desprenderse del enorme desprestigio de la legislatura saliente. Uno esperaría que ninguno de los nuevos diputados desea terminar como sus pares actuales. El problema es que, a pesar de la claridad de la agenda nacional, los nuevos diputados tienen ideas y diagnósticos propios, muy distantes de las necesidades y urgencias del país, así como de la economía o la población en general.
La urgencia reside en hacer funcional al gobierno mexicano, adoptar cabalmente la economía de mercado (con todo lo que eso implica), entendernos con Estados Unidos y crear mecanismos que hagan posible la adecuación de la población y de las empresas con la nueva realidad. Todo el resto es perder la brújula. El dramático contraste entre los países que han sido exitosos en sus estrategias de desarrollo y los que se han estancado, da cuenta de que, en materia de desarrollo, puede haber matices locales, pero la esencia reside en la ortodoxia. La pregunta es si los nuevos legisladores optarán por posponer, una vez más, el avance del país, o tomarán el toro por los cuernos para encabezar la transformación que hace falta. ¿Alguien quiere apostar?
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