La estrategia orientada a elevar el ahorro interno se fundamenta en buena medida en las afores. El esquema gubernamental parte del supuesto de que el ahorro que se concentre en estas instituciones va a crecer de una manera exponencial, lo que permitirá, por una parte, contar con fondos disponibles para la inversión de largo plazo. Por la otra, se presume que esos fondos disminuirán la necesidad de inversión del exterior, lo que haría desaparecer las condiciones que han dado origen a las crisis cambiarias de las últimas décadas. Es decir, el gobierno tiene elevadísimas esperanzas en las afores. Lo que no es obvio es que la población las entienda o que el propio gobierno esté haciendo todo lo necesario para que se cumplan sus expectativas.
Hasta ahora la mayor parte de la discusión -y fuente de desconfianza- respecto a las afores se refiere a sus enormes costos de entrada. La población de por sí no entiende qué o para qué son las afores, circunstancia que seguramente explica el hecho de que menos del 20% haya elegido alguna. Cuando recibe información sobre las mismas, ésta se refiere únicamente -y en casi todos los casos- a los costos de acceso. Es difícil entender la razón por la cual se espera que una persona pague hasta 25% de su aportación por el solo hecho de que se la administren. Si el debate se centrara en los beneficios de largo plazo, cosa que nadie ha logrado articular en público con mayor éxito, se podría observar que el costo de entrada se vuelve cada vez menos importante. Ya que se trata de fondos de largo plazo que los trabajadores van acumulando a lo largo de sus vidas, lo que importa es el rendimiento de los mismos a lo largo de los años (y de las décadas). Según las proyecciones, esos rendimientos se tornan exponenciales a partir de la segunda década.
Para el gobierno las afores son sumamente importantes, básicamente porque van a generar recursos para la inversión de largo plazo. Ya que los dueños de los recursos -los trabajadores- no los pueden utilizar sino hasta que se retiran, presumiblemente varias décadas después, esos fondos se pueden emplear para proyectos de inversión con plazos de maduración que se miden en décadas y no en meses o semanas. De haberse financiado las carreteras concesionadas con fondos de este tipo, el costo para los usuarios hubiera podido ser de una fracción de lo que de hecho es en la actualidad. En otras palabras, las afores son una excelente solución a un problema fundamental del país. Lo que no es claro es que puedan lograr su cometido, al menos no en la magnitud en que es necesario y deseable.
Desde el punto de vista del desarrollo del país, las afores serán tan buenas como el contenido que tengan. Es decir, las afores son un mero instrumento. Como todas las herramientas, las afores servirán si cuentan con los recursos necesarios para funcionar y si son administradas con el éxito que suponen sus promotores. Se trata de dos condiciones hasta hoy inciertas, ambas dependientes en gran medida de decisiones gubernamentales.
La clave de las afores va a residir en su contenido. Por el momento, las afores recibirán los fondos que actualmente se destinan, por medio del IMSS, a las pensiones de los trabajadores (que corresponde al 3% de sus ingresos) más el 2% del Sistema de Ahorro para el Retiro que, aunque nominalmente se encuentra en diversas instituciones bancarias, en realidad lo administra el Banco de México. Esos fondos del SAR, que prometían multiplicarse como los panes, en realidad han servido para financiar al gobierno a muy bajo costo, lo que ha implicado que los trabajadores no se beneficien prácticamente en nada del sacrificio en utilidades que han realizado sus empleadores. Este precedente no sólo ha desanimado a mucha gente respecto a las promesas que en la actualidad realizan las empresas que se proponen administrar los fondos de pensiones (es decir las afores), sino que ha impedido que la población se vuelque en apoyo a las mismas. Desde el punto de vista de la población, las afores pueden prometer mil cosas, pero a la larga pueden ser no más que una promesa, como el SAR, o un robo, como el INFONAVIT.
El tema del INFONAVIT es fundamental. Esa institución recaba el 5% de los salarios, o sea casi el doble de lo que van a recibir las afores (sin contar al SAR) y, luego de casi cinco lustros de existir, tiene muy poco que mostrar como resultados. El porcentaje de mexicanos que se ha hecho de una casa es ínfimo, el precio que se ha cobrado por esas viviendas ha sido tan por debajo de sus costo , que quienes las han recibido se han convertido en una verdadera casta de privilegiados. La contraparte es un sinnúmero de mexicanos sin casa y sin los recursos que fueron acumulando en ese fondo. A esto habría que añadir la corrupción que históricamente ha invadido a esa oficina burocrática, corrupción que, aún en la laxa medida que aplicamos en el país sobre el tema, puede considerarse como escandalosa. En lugar de incorporar los fondos del INFONAVIT al sistema de pensiones, como presumiblemente se hará con los fondos del SAR, el gobierno ha aceptado el chantaje de los sindicatos oficialistas beneficiados con el status quo, cuyos líderes han sido los verdaderos beneficiarios del atraco de la entidad. Con ello se ha reducido el beneficio potencial del nuevo sistema de ahorro a menos de la mitad de lo que podría ser.
El problema se complica todavía más por el hecho de que un porcentaje mínimo de personas se han registrado en las afores. Es perfectamente posible que, de aquí al final de junio, se registren muchas más personas con alguna afore. Sin embargo, el hecho de que menos del veinte por ciento lo haya hecho sugiere que hay problemas. Uno de éstos es sin duda la incredulidad que existe en la actualidad en torno a todo lo que toca o promueve el gobierno o los bancos. Buenas razones hay para esa situación, pero eso no resuelve el problema. Según la ley, los fondos de las personas que no se registren ante alguna afore van a acabar en una cuenta concentradora en las arcas del Banco de México. Si el precedente del SAR es ilustrativo, esto indica que esos fondos van a ser escrupulosamente guardados, pero también que sus rendimientos -y, por lo tanto, sus beneficios- van a ser irrisorios. Al ritmo al que vamos, si la mitad de los fondos de pensión se quedan en esa cuenta concentradora y los fondos del INFONAVIT se siguen dispendiando como hasta la fecha, todo el proyecto de las afores podría rendir menos de la cuarta parte del beneficio que el gobierno buscaba y había prometido. Aterrador escenario.
Finalmente, todavía está por verse el juego que monte la burocracia una vez que las afores comiencen a operar en pleno. Según la ley, los fondos que administren las afores sólo podrán invertirse en valores gubernamentales a lo largo de los primeros tres años de su existencia. Este requerimiento suena razonable, toda vez que tanto las afores mismas como el gobierno, a través de la CONSAR, tendrán que aprender el negocio, desarrollar un sistema efectivo de supervisión y control (para que no pase lo mismo que con los bancos) y crear un sistema apropiado de salvaguardas. Más adelante, sin embargo, el problema va a arreciar. En la medida en que crezcan los fondos administrados por las afores, será necesario encontrar proyectos o valores en los cuales las afores puedan invertir. En teoría, a partir del cuarto año, las afores podrán invertir en valores de empresas y, eventualmente, en cualquier otro proyecto que reúna las características apropiadas para el objetivo de las mismas. En ese momento, la burocracia va a tener que tomar decisiones y riesgos que normalmente rehuye. Será entonces cuando sabremos si las afores fueron la salvación del país o una expoliación más.
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