La guerra sobre el narcotráfico ha paralizado al país. En contraste con Colombia, en México no existe la convicción en la sociedad de que el enemigo tiene que ser derrotado, factor que fue clave allá. Por eso el tema del narco se ha convertido en otro de los muchos temas de controversia y desacreditación del gobierno. Sin embargo, si uno analiza la diversidad de posturas, el problema de fondo yace en la falta de trabajo político.
En las pasadas semanas, el presidente se ha reunido con toda clase de personas y grupos: con analistas, políticos, representantes de los medios, estudiosos y víctimas. En cada una de esas sesiones ha habido debate e intercambios que son por demás rescatables. En un principio, los partidos y los gobernadores rechazaron participar porque, aducían, el presidente (Felipe Calderón) está convocando cuando se le atoró el carro y no porque realmente tenga interés por dialogar o replantear su estrategia. Al final ganó la sensatez.
Lo interesante es que si uno quita la paja y las poses, las diferencias de planteamientos no son muy grandes. Eduardo Guerrero dice que el objetivo del gobierno al iniciar el combate a las mafias del narcotráfico era el siguiente:
1. Fortalecer las instituciones de seguridad.
2. Disminuir, detener o evitar el consumo de drogas.
3. Desarticular a las organizaciones criminales.
4. Recuperar los espacios públicos.
Objetivos que parecen vinculados lógicamente entre sí, pero que “por desgracia, no es el caso”.
Por su parte, Manlio Fabio Beltrones, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, dice que “Felipe Calderón tomó una decisión correcta: ir hasta sus últimas consecuencias en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Es una decisión que hay que apoyar y continuar. Yo solamente digo que hay que replantear la estrategia. No es confrontando la capacidad de fuego entre el Estado y la delincuencia como vamos a resolver el problema: lo único que vamos a generar es más violencia. Debemos actuar con más inteligencia, inteligencia policiaca para dar golpes precisos, detener a los capos, secarlos en donde más les afecta: el dinero”*.
A todos les preocupan los muertos y con razón. Según Joaquín Villalobos, que luego de pasar más de 20 años en la jungla tiene algo de experiencia en estos temas, responde que “la violencia es parte inherente de una guerra y no es por sí misma una señal de lo mal que va ésta. La demanda de los opositores es razonable si se centra en exigir más eficacia, mejor coordinación interinstitucional, integralidad de los planes y acuerdos políticos en seguridad, pero es ilógica cuando demandan el fin de la violencia a toda costa porque eso es imposible”.
El argumento esencial de Villalobos es que la violencia no depende del gobierno, sino que es un instrumento que los cárteles de la droga han decidido emplear para defender sus negocios. “Su combate natural es con otros cárteles, no con el Estado”. “La violencia de los cárteles contra el Estado mexicano es, por lo tanto, un recurso de última instancia, porque atacar al gobierno no ayuda a sus propósitos, algo que se expresa claramente en su regla explícita de evitar ´calentar la plaza´, es decir, evitar llamar la atención del Estado”.
El problema de fondo no reside en las definiciones, sino en las diferencias políticas. Al hacer suya la guerra, exclusivamente suya, el presidente Calderón dejó al resto de los actores -políticos y gobernadores-, así como a la sociedad, en una zona de confort, sin responsabilidad alguna y con amplias oportunidades para criticar. Por eso, para que sea exitoso el llamado al diálogo, requiere compromisos y condiciones mínimas de certeza.
El presidente debe ser claro en que su propósito no es meramente mediático y que hay un genuino espacio y apuesta de confianza que asegure que todas las posturas serán escuchadas y valoradas e, igualmente importante, que esta agenda no terminará contaminada de asuntos electorales. De particular importancia es construir un consenso detrás del objetivo común, mismo que se ha hecho más relevante luego de los secuestros de periodistas. Sin embargo, ningún diálogo podrá prosperar a menos que concluya con una división de responsabilidades, particularmente entre la federación y los gobernadores.
Stratfor, una institución de profesionales de inteligencia en EUA, afirma que “una de dos cosas tiene que ocurrir para reducir la violencia a niveles políticamente tolerables: una entidad de tráfico de drogas tiene que dominar o una alianza (o entendido) entre las demás organizaciones debe lograr un equilibrio de poder. Cualquiera de los dos resultados tendría por consecuencia el fin de las guerras por territorio, lo que dejaría al ganador o ganadores la posibilidad de enfocarse a su objetivo esencial: generar grandes sumas de dinero”**.
Gustavo Flores Macías argumenta que la estrategia del presidente no podrá ser exitosa sino hasta que logre dos condiciones previas: fortalecer la posición fiscal del gobierno y sumar a la población detrás de sus esfuerzos. A diferencia de Colombia, dice Flores, el gobierno mexicano no ha llevado a cabo una reforma fiscal significativa, no ha avanzado en la rendición de cuentas ni ha lanzado una campaña contra el consumo de drogas, todos ellos factores clave en la estrategia colombiana. En la medida en que Álvaro Uribe transparentó las cuentas fiscales, la población comenzó a tener confianza en su proyecto y estuvo dispuesta a apoyarlo. Su principal éxito, dice Flores, residió en el hecho de que la población se sumó detrás del presidente, porque se convenció de que el esfuerzo era real y que el combate no tenía una lógica partidista***.
Es encomiable que el presidente Calderón abra a debate el tema que ha dominado su sexenio y que lo haga con franqueza. Las posturas que escuchó y sus propios argumentos en esos foros muestran que hay una enorme efervescencia en la sociedad mexicana. Y no es para menos: el tema domina los medios y la violencia acosa a la población. En lo más fundamental, la gente quiere saber qué se propone el gobierno en esta guerra y cuál es la medida de éxito. No es mucho pedir. A juzgar por los expertos, parece evidente que la clave del éxito reside en la fortaleza intrínseca del gobierno y del apoyo popular con que cuente. Ambos son debatibles en la actualidad. No me queda duda de que el mejor legado que el presidente podría dejar tiene menos que ver con su sucesor que con el andamiaje necesario para ganar esta guerra, porque la alternativa es peor de lo que cualquiera podría imaginar. Pero la precondición es que éste sea su tema, es decir, que convenza a sus interlocutores de que el objetivo es la seguridad pública y no la sucesión presidencial.
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