La liberación de prácticamente todos los funcionarios michoacanos detenidos en 2008 en el llamado “michoacanazo” representa un gran golpe para la Procuraduría General de la República y para el Ejecutivo Federal. Una maniobra que resultó polémica y a la que no pocos le atribuyeron un sentido político, ahora se revela insuficiente –en el mejor de los casos.
Por supuesto, se puede argumentar que el Juez Federal encargado del caso tenía alguna clase de sesgo, pero la evidencia apunta hasta ahora que el Ministerio Público Federal simplemente no pudo concluir exitosamente el caso. En el contexto de la toma de protesta del Diputado Godoy Toscano, que exhibe además a la Policía Federal, el golpe se hace aún mayor para el Ejecutivo.
Esta clase de errores deslegitima la acción del Gobierno Federal. Dada la probable infiltración del narco en distintas esferas de la vida política nacional, es imperativo que la autoridad tenga capacidad de actuar de manera directa y contundente para detectarlas y terminarlas. Pero si cada acción en contra de miembros de la clase política estará cubierta por el velo de la sospecha, el margen de maniobra del Ejecutivo Federal se reduce sensiblemente. Después de los casos de Monreal y Godoy, la ventana de oportunidad se está acabando.
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