El reto de reorganizar la estrategia de desarrollo político corresponde al gobierno federal, pero el PRI representa la mayor fuente tanto de problemas como de oportunidades. El PRI fue por décadas el corazón del sistema político y en muchos sentidos lo sigue siendo. En ausencia de un nuevo pacto político de las magnitudes del que dio vida al Partido Nacional Revolucionario en 1929, que transforme al conjunto de la política mexicana, tanto el gobierno federal como el PRI comparten un problema sumamente complejo, pero cada uno desde distintos lados de la barrera. El reto para el PRI, sobre todo ahora que Yucatán sugiere que la elección presidencial del año pasado no fue una excepción, es el de aprovechar la coyuntura del momento para transformarse de una vez por todas. El reto para el gobierno federal reside en contribuir a hacer posible la reforma del PRI sin pretender guiar su destino. El futuro político del país puede depender de la habilidad que muestre cada una de las partes.
La tarea, y los dilemas, del PRI son evidentes a todas luces. El PRI nació para ser un partido gobernante y todas sus estructuras y formas de organización se desarrollaron al amparo de la premisa de que siempre estaría en el gobierno. La estructura de lealtades y disciplina era absolutamente dependiente de la capacidad de distribuir beneficios de manera sistemática y permanente. Esas características hacían muy fácil mantener viva a una coalición tan disímbola. La derrota en las elecciones federales más recientes ciertamente no le ayuda al PRI a mantener su cohesión interna o su capacidad de acción concertada.
Pero la transformación del PRI es no sólo posible, sino también deseable. Aunque el PRI seguramente nunca volverá a ser el mismo, no cabe la menor duda de que su capacidad de dar cabida a las más divergentes posturas filosóficas e intereses representa una alternativa nada despreciable para vastos sectores de la población que no gustan del radicalismo inútil del PRD o de la mojigatería del PAN. Pero el PRI no tiene la menor posibilidad de enarbolar las causas de una sociedad laica y moderna a menos de que se transforme íntegramente, abandonando en el camino su apoyo a causas perdidas, soluciones ilegales y formas de gobierno que han acabado por ser repugnantes para buena parte de la población.
A la luz de lo anterior, los meses pasados son poco promisorios. El PRI ha ido de tumbo en tumbo. Su liderazgo, terriblemente desgastado, se ha mantenido por la incapacidad de sus caciques nacionales de ponerse de acuerdo sobre una alternativa de sucesión. Además, los factores de poder dentro del PRI -esencialmente los candidatos perdedores en la pasada justa electoral- representan todo lo que llevó al partido a la derrota y todo lo que tiene que ser superado para que este partido se pueda transformar. Si el PRI pretende renovarse para poder retornar al poder, tendrá que quitarse de encima el enorme fardo que representa ese pasado.
Todo, sin embargo, conspira en contra de la renovación del PRI. Las antiguas reglas del juego que el PRI promovió e hizo suyas a lo largo de sus décadas de estancia en el poder se le revierten ahora, haciendo sumamente difícil la emergencia de nuevos liderazgos, de nuevas formas de hacer política y, sobre todo, de alternativas de reforma hacia el interior del partido. Las estructuras de lealtad y disciplina, por ejemplo, permitían que el presidente en turno contara con extraordinarias fuentes de poder que le permitían gobernar a voluntad. Formalmente existían contrapesos, como el Congreso, pero todo mundo sabía que la lealtad al presidente estaba por encima de esas consideraciones menores. Hoy en día, aunque el contingente priísta en el poder legislativo se ha logrado mantener unido en los temas más importantes, esa unidad se les revierte cuando se trata de replantear el futuro del partido, toda vez que la lealtad y disciplina a quien fuera su candidato presidencial se ha mantenido. Peor, en ausencia del cacique mayor, no hay incentivo alguno, ni tradición, que lleve a la unión entre priístas. Ninguno de ellos puede negociar por el conjunto. El partido de las mayorías no puede organizarse para votar o negociar entre sí o con el resto de los actores políticos. En lugar de dar cabida a la emergencia de un nuevo liderazgo partidista, uno que no represente a los cuatro candidatos que participaron en la elección interna, los excandidatos mantienen secuestrado al partido. De esa manera lo condenan a su extinción.
El reto reside en reorganizarse para sobrevivir. Ese reto es (o debería ser) tan importante para los propios priístas como para el gobierno federal. En este momento, sin embargo, la evolución del PRI adquiere, cada vez más, el preocupante tenor del Partido Comunista de la antigua Unión Soviética. En la Rusia de hoy, el antiguo partido comunista ni avanza ni retrocede: controla un bloque muy importante de la Duma, el parlamento ruso, pero se dedica a obstruirlo todo; propugna por retornar a los viejos tiempos y vive apostando a un pasado que ya no puede ser; sus apoyos se reducen a la población de mayor edad que añora la certidumbre del pasado y a unos cuantos núcleos de poblaciones aisladas geográfica o funcionalmente. Como todas las entelequias, ese partido no tiene mayor opción que cambiar o extinguirse en el curso de los próximos años.
El riesgo para el PRI reside en permanecer estancado, sin la menor oportunidad de retomar el poder. Los priístas ciertamente pueden aferrarse a lo que tienen, argumentar que siguen siendo el partido mayoritario en el congreso y pretender que todo marchará bien. De seguir ese camino, seguramente acabarán como el partido comunista ruso: en la oposición y en decadencia. Proseguir por esa senda es, por supuesto, prerrogativa de los propios priístas. El problema es que ese futuro entrañaría severos riesgos para el desarrollo no sólo del propio PRI, sino del país en su conjunto.
Si los priístas no enfrentan sus problemas, ¿será posible que el gobierno federal les ayude a ayudarse a sí mismos? La noción misma de ayudar a que se fortalezca un partido de oposición podría parecer absurda o fuera de lugar. Sin embargo, la coyuntura política actual no permite ser excesivamente dogmáticos en cuanto al desarrollo político del país. Al país y al gobierno les conviene un PRI fortalecido, efectivo y competitivo, capaz de retornar al poder en tanto que eso implicaría que la política nacional comienza a debatir sobre su futuro, en lugar de seguir permanentemente atada a un pasado que nunca más podrá retornar.
El gobierno federal podría hacer todo lo que el PRI se negó a hacer por décadas. En lugar de crear condiciones para la emergencia de partidos de oposición que, a fuer de participar activamente en los procesos políticos, adquiriera no sólo la experiencia para gobernar, sino también la responsabilidad que va de la mano con el ejercicio del poder, sucesivos gobiernos priístas se dedicaron a hacer todo lo posible por erradicar todo vestigio de oposición, recurriendo a cualquier método y estrategia, desde la corrupción hasta el fraude electoral, pasando, probablemente, por otros medios menos dignos de una democracia. La oportunidad para el gobierno foxista reside en crear esas condiciones para el desarrollo político, comenzando por el propio PRI.
Hay dos caminos que el gobierno federal podría emprender para asistir en la transformación del PRI (y, al mismo tiempo, del conjunto del sistema político). El primero, el más ambicioso, residiría en articular un pacto político nacional que incluyera no sólo las reglas del juego en la competencia política y electoral, sino también los fundamentos de un nuevo orden legal. El otro camino, que bien podría ser un primer paso en la consecución del pacto nacional, consistiría en la articulación de un conjunto de incentivos que, poco a poco, vayan cambiando la escena política nacional. El primer camino es, instintivamente, el más atractivo porque le permite a todo gobierno vestirse de gloria y convertirse en el fundador de una nueva era política. Sin embargo, los riegos inherentes a ese camino son tan grandes, que sólo un puñado de naciones ha logrado semejante empresa. Un buen pacto, diligentemente articulado, puede transformar al país, pero si sus cimientos no son lo suficientemente sólidos -o si las contradicciones en su interior son excesivas- el pacto puede acabar destruyendo más de lo que se logró avanzar.
Un camino menos ambicioso pero más certero sería el de ir construyendo pequeños hitos que, en conjunto, transformen al país y hagan posible el nacimiento de una nueva democracia, en forma integral. Esos pequeños pasos consistirían, esencialmente, en acciones congruentes con un marco preestablecido de reglas del juego que el gobierno hace cumplir a cualquier precio. En Tabasco el gobierno ayudó a que los diversos partidos se entendieran entre ellos y acordaran la modalidad de la solución al conflicto electoral. En Yucatán, el gobierno intentó repetidamente seguir la misma estrategia, encontrándose con un PRI unido, absolutamente renuente a negociar un proceso de reforma. El gobierno titubeó al primer momento de tener que hacer cumplir la ley, pero eventualmente reivindicó, en la decisión de la Suprema Corte, su “nueva” manera de hacer las cosas. Los priístas, y todos los mexicanos, observan con detenimiento, a sabiendas de que el precedente de Tabasco y Yucatán va a ser determinante del futuro político del país.
El gobierno federal no tiene muchas vías frente al PRI. Ayudarlo a que se transforme implica abrirle espacios, obligarlo a que se ciña estrictamente a la ley, evitar toda discrecionalidad en la relación de uno con el otro y, a la vez, establecer puentes que creen y afiancen una relación de confianza entre ambas partes. El gobierno no puede imponer sus preferencias sobre los priístas, pero sí puede crear incentivos para que ellos reconozcan en la nueva estrategia -legalidad y no control- obvias oportunidades para ellos mismos. Al reconocer que el gobierno no pretende su desaparición, la confianza permitiría que los priístas abandonen su estado de parálisis y, sobre todo, de esquizofrenia, favoreciendo la emergencia de nuevas opciones –ideas y personas- en su interior. Al mismo tiempo, una relación de confianza permitiría una negociación más abierta, racional y legítima entre los contingentes del partido gubernamental y el del PRI en el Congreso, inaugurando con ello una nueva etapa de interacción civilizada y democrática. Nadie, excepto los propios priístas, puede salvar al PRI. Pero una buena ayudadita a nadie le cae mal.
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