La palabra “narco” nació como un sustantivo para denominar a una persona o grupo de individuos que se dedican a la distribución y venta de drogas. Conforme el negocio ilícito se infiltró en varios territorios de la vida nacional, el sustantivo se transformó en prefijo: en el radio suenan los narco-corridos, tenemos también las narco-tienditas y los narco-mensajes, el ciclo de noticias está marcado por las narco-ejecuciones y la patria se mantiene atónita ante el sanguinario espiral de la narco-violencia. Como un cáncer que avanza sobre el lenguaje, el prefijo se incuba en nuevas palabras para describir lo que miran nuestros ojos y sospechan nuestras intuiciones.
Esta semana, el senador del PRD Ricardo Monreal advirtió la existencia de dinero de las drogas en los procesos electorales. Si sus dichos fueran ciertos, en las narco-campañas participarían narco-candidatos, que una vez electos se convertirían en narco-autoridades. El consejero del IFE Virgilio Andrade sostiene que no hay evidencias para demostrar que se lavó dinero en las campañas del año pasado. Sin embargo, la amenaza es obvia e inminente.
El poder del narcotráfico representa un peligro para la democracia mexicana. Nuestras leyes han creado un sistema electoral donde el dinero es un factor clave para ganar comicios. Con las reglas vigentes, un candidato necesita una enorme cantidad de recursos para ser competitivo en las urnas. Por su parte, los traficantes requieren de la protección de las autoridades para preservar su negocio en la impunidad. La sinergia es perfecta.
Durante las campañas electorales del 2006 se gastaron 3 mil 500 millones de pesos. ¿Qué sistema de auditoría y vigilancia contable puede impedir que en este caudal de recursos se filtre un porcentaje de dineros mal habidos? Bastan unos portafolios de billetes para comprometer el futuro político de un aspirante a cargos públicos. Muy probablemente, ni si quiera el propio candidato tiene conocimiento del origen de cada peso que patrocina su campaña proselitista. En el informe de ingresos y egresos del PRD para 2005, el IFE encontró depósitos bancarios por 18 millones de pesos en efectivo, lo cual hace imposible rastrear de dónde vino el dinero. En el informe financiero del PAN, del mismo año, no se puede establecer con claridad el nombre de los donadores de más de un millón de pesos. Todos los partidos están en riesgo. El narco ha logrado penetrar a las fuerzas de seguridad pública en varios estados y municipios. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que el prefijo del miedo contamine a los actores del sistema político?
La guerra total contra el narcotráfico implica que las batallas se deben pelear en todos los frentes: las calles, las escuelas, las iglesias, las cárceles, los tribunales y un largo etcétera. El Congreso de la Unión es una de las trincheras claves en esta confrontación. Las leyes que rigen el financiamiento de campañas y fomentan el despilfarro financiero en spots electrónicos le abren al narco las puertas de acceso a las instituciones políticas. Hoy tenemos diputados y senadores que representan los intereses de sus gremios en el Congreso: sindicatos obreros, maestros y empresarios. Si los jefes del Cártel del Golfo quieren formar su propia bancada legislativa, las normas actuales les darían una enorme ventaja sobre candidatos honestos con menos dinero.
En 1979, Pablo Escobar el capo global de la cocaína, fue electo al Congreso colombiano. En otro episodio, Ernesto Samper, presidente de este país sudamericano entre 1994 y 1998, fue acusado de recibir financiamiento de campaña del Cártel de Cali. Las acusaciones llevaron a la cárcel a miembros de su gabinete, debilitaron la institución presidencial y paralizaron su gobierno. No se requiere ser devoto de las teorías de la conspiración para considerar que lo mismo puede pasar aquí.
Hace unos años, la reducción de costos de las campañas proselitistas era parte de la agenda para fortalecer nuestra democracia. Ahora, la reforma electoral es un tema de seguridad nacional. Preservar las normas en su estado actual es el diseño institucional ideal para la fundación de la narco-cracia mexicana.
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