El pasado 13 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016 por un monto total de alrededor de cuatro billones de pesos. La aprobación del presupuesto no ha estado exenta de controversias y de preocupaciones sobre el destino del gasto público, y el financiamiento asignado a los partidos políticos es uno de los temas más relevantes en esta discusión. En 2015, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) fue de poco más de 19 mil millones de pesos, de los cuales los partidos políticos obtuvieron aproximadamente 5 mil millones de pesos. Para 2016 los partidos políticos se llevarán 4 mil millones de los 16 mil millones de pesos que el INE solicitó al Congreso de la Unión[1]. Si se considera un ejercicio de distribución de presupuesto por el número de elecciones locales por año, en 2015 el INE “gastó” 1,136 millones de pesos por elección, mientras que en 2016 este monto será de 1,190 millones de pesos por elección –lo equivalente, por ejemplo, al monto asignado al ramo de energía para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en 2015[2].
En este sentido, los partidos políticos verán un incremento del 4.7% en sus presupuestos entre el año 2015 y 2016; monto que se repartirá en los trece estados en los cuales se realizarán elecciones el año entrante. Sin embargo, el problema no se restringe al hecho de que el sistema de partidos sea cada vez más costoso para el erario mexicano, sino en que dichos recursos no se traducen en una oferta electoral que cumpla con las expectativas de los votantes en términos de rendición de cuentas y representación de sus intereses. En este sentido, a pesar de que en los últimos 15 años se hayan destinado más de 50 mil millones de pesos de financiamiento público a los partidos, esto no ha significado una mejora en su desempeño, en los mecanismos de rendición de cuentas, o en la representatividad de éstos hacia el electorado. Como consecuencia, en las últimas elecciones hemos observado evidencias del hartazgo de la ciudadanía hacia el sistema político vigente[3]. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral (INE) menos del 20% de los mexicanos confía en los partidos políticos[4]. De acuerdo con el Latinobarómetro 2015[5], 71% de los mexicanos evalúa mal el trabajo de los partidos políticos, y 67% no se siente identificado con ningún partido en particular. Además, casi la mitad de los mexicanos creen que su voto no mejora las cosas o hace una diferencia. Lo anterior ha derivado en un escenario caracterizado por una seria crisis de credibilidad de los partidos que se ha reflejado –hasta cierto punto- en los resultados de las últimas elecciones: el éxito de las candidaturas independientes, de partidos nuevos como Morena, y el amplio debate de la “utilidad” del voto nulo durante el periodo electoral.
A pesar de lo anterior, no existen mecanismos efectivos que permitan a la ciudadanía expresar la percepción negativa que se tiene de los partidos políticos. Por el contrario, debido a la reforma político-electoral de 2013 se impuso la homologación de la fórmula de financiamiento público local a los partidos políticos con la fórmula federal. Lo anterior ha implicado el aumento del presupuesto a partidos de manera significativa –casi un incremento de 50% respecto de las cifras del año 2012[6]. Si bien ciertos aumentos presupuestales a los partidos políticos encuentran su lógica en la variabilidad del padrón y la inflación, el incremento aprobado para 2016 obliga a preguntarse: ¿cómo mejorar el funcionamiento de los partidos políticos en México desde una perspectiva de eficiencia presupuestal?
Como ocurre en muchas democracias, en nuestro país la rendición de cuentas de los gobernantes recae principalmente en la arena electoral. Sin embargo, en México el voto se ha vuelto prácticamente el único mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden evaluar la gestión de sus gobiernos. Por otro lado, en México, el financiamiento a partidos políticos depende casi totalmente de fuentes públicas. Este diseño, en teoría, tendría que incentivar la equidad, la transparencia, y la competencia efectiva entre los partidos, así como blindarlos de corrupción y financiamiento ilícito. Contrario a esto, en la práctica ha incentivado la disolución de responsabilidades y la ambigüedad de los vínculos de representación entre los ciudadanos y sus candidatos. Esto hace necesario plantearse soluciones que incorporen la rendición de cuentas efectiva hacia los partidos políticos fuera de la arena netamente electoral. En este sentido, una opción es la vía de castigo presupuestal.
En elecciones pasadas, la irritación ciudadana causada por la crisis de representación de los partidos políticos se expresó por medio de las propuestas de anulación del voto. En la actualidad, el voto nulo no tiene un efecto jurídico en las prerrogativas de los partidos; es decir, más allá de sus implicaciones simbólicas, anular el voto no castiga en términos financieros a los partidos pues se descarta ex ante de la fórmula de distribución. Los votantes que eligen expresarse mediante la vía institucional del voto nulo no ven representada su preferencia o, en este caso, su descontento. En los últimos años, el voto nulo ha oscilado entre el 2 y 3 por ciento de la votación –en 2009, inclusive alcanzó poco más del 5% (un porcentaje mayor al que lograron algunos partidos políticos).
Dicho esto, no es descabellado plantearse la posibilidad de vincular la expresión de voto nulo a las asignaciones presupuestales de todos los partidos políticos. Si ningún jugador logró capitalizar los votos nulos, entonces sería lógico pensar que ningún partido se beneficie con este tipo de expresión electoral. De esta forma, la fórmula para asignar el presupuesto no se basaría en el padrón electoral – como lo hace actualmente- sino en la participación y el sentido del voto del electorado. Así, si los votantes eligen “rechazar” la oferta partidista y privilegian el voto nulo, este porcentaje se debería de ver reflejado en una reducción de presupuesto y, de forma simultánea, el presupuesto que hubiera sido asignado al sistema de partidos se pudiese destinar a programas sociales o a inversión que fomente el crecimiento y desarrollo del país. Al respecto, el Diputado Agustín Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó el pasado 27 de octubre una iniciativa de reforma al artículo 41 constitucional en la que propone incluir dentro de la fórmula para calcular el presupuesto de los partidos políticos una disminución por el número total de “votos blancos” en la elección inmediata anterior. [7]
De aprobarse una medida de esta envergadura, es pertinente evaluar los posibles escenarios. Por un lado, el primer escenario consiste en la generación de un efecto positivo que provoque que los partidos políticos propongan agendas de política pública más competitivas y diferenciadas, pues no sólo competirán con los demás partidos, sino contra un jugador adicional: los “votos nulos” como representación del electorado descontento. Por otro lado, el escenario contrapuesto sería que, al ver disminuido su presupuesto, los partidos políticos buscaran financiamiento por otras vías no institucionales. Sin embargo, este último escenario ya opera en la actualidad. Los ejemplos son varios: en 2010, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, fue extraditado a Estados Unidos por nexos con el Cártel de Juárez; ese mismo año, la Procuraduría General de la República (PGR) libró una orden de aprehensión contra el ex diputado federal Julio Cesar Godoy por los delitos de operación de recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada; y por último, el caso reciente de José Luis Abarca, alcalde de Iguala, Guerrero quien actualmente se encuentra acusado de secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De entrada, no plantear soluciones a la estructura actual de partidos políticos ya representa un costo hundido a nuestra democracia. Actualmente los partidos políticos ya echan mano del financiamiento ilícito que el sistema teóricamente pretende evitar. Además, el hecho de que el voto per se constituya el único mecanismo de rendición de cuentas anula el incentivo a responder y manifestar la inconformidad por la vía institucional. En este sentido, una asignación de recursos orientada a reflejar las preferencias del electorado –tomando en cuenta los niveles de participación y la cantidad de votos nulos de una elección– pueden condicionar la rentabilidad y fuerza de los partidos de forma que los orille a responder a la ciudadanía. La apuesta de la democracia mexicana debe ser desarrollar y consolidar más canales de participación ciudadana y mecanismos que contribuyan a garantizar un mejor desempeño de los partidos políticos. De continuar la situación vigente, la democracia mexicana estaría apostando a estirar una liga que cada vez se desgasta más debido a los escándalos de corrupción y la falta de vinculación entre los políticos y los ciudadanos, con el riesgo de que de una mayor pérdida de confianza hacia las vías institucionales.
[1] INE. 2015. “Presenta Instituto Nacional Electoral anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2016”, disponible en: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2015/08/20150825.html
[2] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5374053
[3] http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-02-13.pdf
[4]IFE-Colmex. 2014. “Informe País: resumen ejecutivo”, disponible en: http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/InformePais_resumen_ejecutivo.pdf
[5] Latinobarometro. 2015. Disponible en: http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp
[6] Ugalde, Luis Carlos. “Dinero sin control, gran riesgo para las elecciones”, 01/07/2014, disponible en: http://www.luiscarlosugalde.mx/dinero-sin-control-gran-riesgo-para-las-elecciones/
[7] En la iniciativa se denomina “voto blanco” al voto que ha sido deliberadamente anulado por el elector http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/oct/20151027-IV.html#Iniciativa
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