Si algo quedó claro de la reunión de los tres mandatarios norteamericanos llevada a cabo esta semana en la ciudad de Monterrey, es que el desarrollo de la economía mexicana tiene que trascender los límites del TLC. Este instrumento se ha convertido en el principal ancla del crecimiento de la economía mexicana en los últimos años, por lo que es imposible exagerar su importancia. Sin el Tratado, la tasa de crecimiento habría sido mucho menor, la inversión se habría estancado y las oportunidades de desarrollo serían mínimas, como bien lo ilustra el enorme número de países pobres en el mundo que busca alternativas (semejantes a nuestro TLC) para salir de su atraso. Pero los logros siguen siendo insuficientes, lo que llama a trascender los alcances del TLC para darle un renovado dinamismo a la economía del país. Esa debe ser nuestra estrategia en la región norteamericana.
Ir más allá del TLC implicaría dos cosas, una interna y otra con Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial. En lo que respecta al ámbito interno, ir más allá implicaría la creación de mecanismos dirigidos expresamente a extender los beneficios del tratado a todo el territorio nacional. El Tratado ha sido espectacularmente exitoso en atraer inversión, mantener la credibilidad en la conducción de la economía y generar exportaciones, pero su impacto sigue estando muy concentrado en algunas regiones y sectores industriales del país. Tal y como está, el TLC le confiere garantías a los inversionistas del exterior de que las reglas del juego permanecerán inalteradas, de forma tal que el desempeño de un proyecto de inversión dependa de la capacidad y habilidad del empresario y no del arbitrio de un burócrata. Lo conducente sería ampliar esas garantías a todos los mexicanos.
La propensión de nuestros gobernantes a la arbitrariedad siempre ha sido enorme. Nunca falta el burócrata que decide ignorar los reglamentos existentes u olvidarse de los criterios que orientaron cierta decisión, lo que puede tener efectos perniciosos sobre el desempeño de un determinado sector de la economía o actividad empresarial específica. Lo mismo ocurre en el poder legislativo que modifica leyes sin nunca reparar en las consecuencias que los cambios pueden traer consigo. Ampliar el TLC en el ámbito interno implicaría la creación de mecanismos que limiten esa propensión a la arbitrariedad.
Pero ir más allá del TLC también implica la ampliación de sus alcances con los otros dos integrantes del mismo, particularmente con Estados Unidos, dado su tamaño e importancia relativa. Aunque los objetivos del TLC son precisos y limitados (lo que lo distancia del arreglo que dio vida a la Unión Europea) no hay razón por la cual no se puedan negociar esquemas más amplios y ambiciosos de integración que faciliten el intercambio comercial, pero también amplíen el potencial de desarrollo interno de la economía mexicana. Hace ya más de un año que el gobierno mexicano le planteó al de Estados Unidos dos iniciativas para ampliar y profundizar la relación entre los países miembros del TLC en los ámbitos migratorio y el del financiamiento de la infraestructura, dos temas que seguramente fueron motivo de discusiones entre los tres presidentes norteamericanos y que deberían ser parte esencial de nuestra agenda bilateral.
Los dos temas son complejos en el contexto estadounidense. El TLC es un instrumento muy distinto de aquél que creó a la Unión Europea, toda vez que el nuestro es esencialmente un acuerdo de comercio e inversión, mientras que el otro constituye una agenda móvil de integración en el largo plazo. De esta forma, mientras que para los europeos es perfectamente natural que se discutan temas como el del libre flujo de personas y trabajadores a través de sus fronteras o que los países ricos aporten recursos para el financiamiento de la infraestructura en los países pobres, ambos temas son ajenos a la naturaleza y objetivos tanto del TLC como de la política exterior norteamericana. El planteamiento del gobierno mexicano fue sorpresivo por su contenido, pero también por su trascendencia. Al hacerlo, el primer gobierno de un partido distinto al PRI no sólo validaba el TLC, sino que mostraba su decisión de perseverar en el esquema de integración que éste entrañaba.
Ahora que el TLC ha rendido enormes frutos, es tiempo de dar un paso adelante en la agenda bilateral para construir una nueva plataforma de desarrollo para el país. Desde nuestra perspectiva, el tema migratorio tiene una dinámica tanto interna como bilateral. La interna es evidente: nos guste o no, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos constituye una alternativa de empleo sin la cual los problemas sociales y políticos del país serían simplemente inmanejables. Tampoco es despreciable su importancia en términos de las divisas que arroja y las comunidades que viven de esas transferencias. Desde la perspectiva norteamericana, la regularización de los flujos migratorios permitiría avanzar su agenda de seguridad de una manera que habría sido inconcebible antes del 11 de septiembre pasado y que fue el núcleo de toda la discusión bilateral en Monterrey.
La disponibilidad de fondos norteamericanos para el financiamiento de la infraestructura en México es un tema todavía más difícil y complejo que el migratorio, pero no por ello menos necesario. Aunque aún se le ve con reticencia, tanto Canadá como Estados Unidos se beneficiarían del fortalecimiento económico de los consumidores mexicanos, por lo que se deberían explorar medios idóneos, como el llamado “Banco Nafta”, para canalizar recursos para ese propósito.
Quizá la conclusión más importante de la cumbre de Monterrey resida en el hecho de que México ha optado decididamente por fortalecer sus vínculos norteamericanos. Lo que sigue es hacerlos efectivos.
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