México se ha convertido en tema de discusión dentro de EUA y no precisamente por sus lindas playas. Ahora el debate, que incorpora ya no sólo a analistas civiles sino a estudiosos dentro de su aparato militar, se refiere a la posibilidad de que el gobierno mexicano acabe siendo un “Estado fallido”, es decir, que acabe colapsándose y siendo incapaz de funcionar y satisfacer incluso sus funciones más elementales. Jorge Castañeda advertía en estas páginas que el diagnóstico podría ser erróneo pero que, de aceptarse como válido, podría tener consecuencias graves que, dice Jorge, acabaríamos pagando nosotros. Héctor Aguilar Camín retomó el tema en Milenio y planteó que la noción de un colapso súbito suena extravagante y no razonable frente a la evidencia. Dada la magnitud del tema, me fui a buscar la literatura al respecto. Esto es lo que encontré.
El concepto de estado fallido no tiene un sustento académico amplio, pero se ha popularizado en los últimos años a través de un índice anual de sesenta países que publica anualmente la revista Foreign Policy. Fuera de un profesor de Harvard que se ha concentrado sobre todo en países africanos, el concepto ha adquirido relevancia política por quienes lo emplean. De acuerdo a la literatura existente, un estado fallido es aquel que ha perdido control sobre partes de su territorio o el monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza; ha visto erosionada la legitimidad de su autoridad para tomar decisiones sobre la colectividad; no tiene capacidad para proveer servicios públicos de una manera razonable; y no tiene capacidad para interactuar con otras naciones como un miembro de la comunidad internacional. Algunos le agregan temas como capacidad para generar bienestar y satisfacer a su población. Como sugieren estos planteamientos escuetos, el sustento teórico del concepto proviene de Max Weber, un sociólogo alemán del siglo XIX que trabajó mucho sobre el tema de la legitimidad. A partir de eso, el término de “estado fallido” se ha empleado para mostrar a un gobierno que acaba siendo incapaz porque no logra mantener la paz, porque enfrenta oposición armada potencialmente capaz de amenazarlo y porque no logra imponer la legalidad en su territorio.
Al menos a primera vista, cualquier observador de la realidad nacional diría que hay algunas fallas en el gobierno mexicano en estos rubros, pero ninguna que pudiera llevar a categorizarlo como un gobierno fallido y, en este sentido, no es extraño que México no forme parte de esos sesenta países en el índice de Foreign Policy. Con todas sus deficiencias, el gobierno sigue operando, los servicios funcionan en la mayor parte del país y nadie duda de quién está a cargo de la administración y sus instrumentos.
Pero la argumentación que ha llevado a la discusión en EUA es distinta: según esta perspectiva, articulada especialmente por una organización de análisis geopolítico llamada Stratfor*, el gobierno mexicano tiene pocas fuerzas policiacas confiables y éstas están concentradas en la frontera y en las regiones clave para el narcotráfico. Mientras eso ocurre, los cárteles han estado golpeando al gobierno y asesinando a algunos oficiales gubernamentales. El gobierno enfrenta a múltiples organizaciones bien armadas que están combatiéndolo y que tienen capacidad estratégica y táctica de golpearlo en sus puntos débiles. De esta forma, el argumento de que el gobierno podría colapsarse consiste en que podría llegar un momento en el que el equilibrio entre el gobierno y los cárteles comenzara a cambiar a favor de estos últimos; de llegar ese momento, muchos individuos del lado gubernamental podrían preferir convertirse en instrumentos de los cárteles y trabajar para ellos. En esa tesitura hipotética, el gobierno mismo se convierte en un espacio de competencia entre los cárteles y deja de funcionar como gobierno. Es decir, el tema no es de corrupción sino de cálculo racional para los individuos que integran al gobierno. En particular, dice Stratfor, el asesinato de oficiales gubernamentales lleva a que los que sobreviven se pongan a meditar sobre sus opciones personales: ya que el gobierno es incapaz de protegerlos, su cálculo puede llevarles a un replanteamiento personal sobre cuál es la manera más probable de sobrevivir. En pocas palabras, el planteamiento no es que el gobierno mexicano se haya colapsado o que esté al borde del colapso, sino que hay muchos factores preocupantes en el horizonte que podrían llevar a un escenario catastrófico.
Si uno observa el panorama nacional, es evidente que hay indicios en este sentido: no hay duda que hay vastas regiones del país en las que ha desaparecido cualquier vestigio de gobierno funcional. Tijuana, Ciudad Juárez, Oaxaca, Tamaulipas y Michoacán evidencian esto de manera fehaciente. De hecho, ilustran la manera en que el proceso ocurre y podría ocurrir a una mayor escala. Lo mismo es cierto de la impunidad con que se extorsiona y vende protección en un creciente número de ciudades y regiones en el país, del secuestro y de la delincuencia en general. La violencia que ha habido en el país en los últimos dos años y que ha arrojado más de cinco mil muertos, la mayoría miembros de las propias organizaciones criminales, muestra que hay una batalla campal dentro y entre éstas por el control de regiones. Todo esto ilustra el rápido crecimiento de diverso tipo de organizaciones criminales que, en esta lógica, podrían llegar a poner en jaque al gobierno federal como ya lo han hecho con muchos gobiernos locales.
¿Se puede concluir de esto que el gobierno pudiera colapsarse? Si uno sigue los indicadores que emplean estudios como el de Foreign Policy, lo único que se puede decir es que hay algunos territorios del país en los que el gobierno efectivamente se ha colapsado, pero eso no se puede decir del país en su conjunto, donde el gobierno tiene claro control del territorio, provee servicios y nadie lo disputa como entidad representativa. El mayor riesgo es que al pobre desempeño económico del país se llegara a sumar la consolidación de algunos mega cárteles que pudieran llegar a imponerle condiciones al gobierno o que acabaran penetrándolo de manera incontenible.
Ciertamente, el gobierno mexicano no es un estado fallido en la actualidad y está combatiendo a las organizaciones criminales para revertir las tendencias que preocupan a nuestros vecinos. Pero ignorar o desechar la posibilidad de que se materialicen escenarios que no son deseables no es una manera razonable de conducir los asuntos públicos. A final de cuentas, nadie puede dudar que el veredicto sobre este tema todavía está por venir.
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