¿Existen límites a la transparencia? ¿Debería haberlos? Discutir estas disyuntivas en la era de la apertura democrática podría parecer excesivo o, en todo caso, políticamente incorrecto. Sin embargo, tan es necesario discutir la libertad y la apertura como sus límites. Hay cosas que no tienen por qué ser públicas y eso en nada demerita la democracia. O, puesto en otros términos, podríamos tener una democracia más sólida si dependiéramos de reglas bien establecidas en lugar de una plataforma móvil de criterios que, como la actual, no siempre está bien pensada.
Abogar por límites en la era de la apertura es difícil, pero no es distinto a los dilemas que siempre presentan las causas impopulares. Es famosa la noción de que quienes defienden la libertad de expresión, en cierta forma el lado anverso de la moneda de la transparencia, muchas veces tienen que hacerlo defendiendo causas poco altruistas, como la pornografía. No todas las causas pueden construirse con el tono de propiedad y profundidad filosófica de Voltaire cuando afirmó que no estaba de acuerdo con lo que se decía, pero defendería hasta la muerte el derecho de esa persona para decirlo. En el caso de la transparencia, tan importante es la apertura como la claridad de las reglas del juego para exigirla, es decir, los criterios que deberán imperar para hacerla valer.
La transparencia es un componente indispensable de la democracia. No es posible aspirar a ella en ausencia de información pertinente sobre la manera en que se administra una nación. La democracia no es una construcción abstracta, sino una forma de gobierno en la que los ciudadanos eligen y son responsables, en última instancia, del gobierno que se han otorgado a sí mismos. Para cumplir esa función, la ciudadanía requiere información cabal de la forma en que los gobernantes deciden, los criterios que emplean y los resultados que logran. Por su parte, los gobernantes tienen que rendir cuentas de sus acciones, explicar sus decisiones y responsabilizarse de su función como fideicomisarios, es decir recipientes, de la voluntad popular.
Cuando una nación entra a la era democrática como ocurrió con la nuestra en años recientes, lo natural es demandar un apertura total: el ciudadano quiere saberlo todo, desde el gasto en teléfonos celulares por parte de un funcionario público hasta los montos que el gobierno transfiere a los sindicatos. Mientras que ese tipo de demandas hubieran sido fáciles de satisfacer en el contexto de un gobierno directo como el del ágora griega, un gobierno grande y complejo como los modernos, está envuelto de toda clase de barreras y estructuras que con frecuencia lo hacen impenetrable. En la Atenas clásica los ciudadanos hubieran podido vigilar directamente los usos del dinero público, algo muy distinto en la era del gobierno (supuestamente) representativo, siempre distante y aislado. Exigir que el gobierno mexicano explique cómo gasta el dinero de nuestros impuestos es un componente elemental de cualquier democracia que se respete y por eso deben ser apoyadas como legítimas las decisiones que en ese sentido ha adoptado el IFAI. Aun así, el IFAI no debe tener facultades ilimitadas y los funcionarios deben contar con recursos para protegerse de requerimientos que los expongan a sanciones penales.
La pregunta es si todas las decisiones del IFAI son igualmente legítimas y necesarias para el funcionamiento de una democracia cabal. En su inteligente análisis sobre los problemas de la privacidad y su compleja relación con el derecho del público, José Woldenberg explica no sólo la necesidad de establecer límites, sino la importancia que éstos tienen para el desarrollo de una democracia fuerte (Nexos, mayo del 2007). La ley que dio vida al IFAI establece salvaguardas y límites a la información que la ciudadanía tiene derecho a exigir. La principal limitación es la de la seguridad nacional, que por supuesto nada tiene que ver con el tema de la privacidad sobre el que versa el trabajo de Woldenberg. Pero la argumentación sobre su importancia no es muy distinta.
En fechas recientes, el IFAI le ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública hacer pública la información sobre los operativos realizados por la Policía Federal Preventiva en su intervención el año pasado en la ciudad de Oaxaca. En un país con el historial policiaco que tiene el nuestro, lo primero a lo que los ciudadanos tenemos derecho (de hecho, obligación) es a exigir la limpieza e incorruptibilidad de las fuerzas de seguridad. No es posible concebir el desarrollo de la democracia sin la existencia de cuerpos de seguridad modernos, eficientes y responsables. Y esos atributos deben estar presentes en todo momento. En este contexto, criticar la decisión del IFAI de exigir la publicación de dicha información, es equivalente a abogar por el derecho a la libertad de expresión con base en la defensa de un pornógrafo.
Yo no tengo absolutamente ninguna duda sobre la trascendencia de la transparencia para la democracia. Pero sí sobre sus alcances. La transparencia es central a la democracia, pero también lo es la seguridad de la población y el derecho de los ciudadanos a circular libremente, derechos que se conculcaron por meses en Oaxaca y la ciudad de México el año pasado. Creo fervientemente en la necesidad de una estrecha supervisión judicial y administrativa sobre las fuerzas policiacas, pues sin ello el potencial de abuso es infinito e ilimitado. Pero también que la policía debe contar con los instrumentos y las facultades, algunos de ellos secretos (pero bajo estricto control judicial) para establecer sus objetivos, desarrollar estrategias, recabar información y emplazar operativos que sean necesarios para la consecución de su mandato. Como ciudadano, deseo que la policía sea efectiva en mantener la paz, proteger a la ciudadanía y hacer cumplir la ley.
Vuelvo al inicio: no es fácil defender límites a la transparencia cuando se trata de cuerpos policiacos tradicionalmente corruptos, mal entrenados y siempre dispuestos a cometer tropelía y media. Pero una democracia no se construye traspasando los límites sino estableciéndolos. Lo que México requiere son reglas del juego que no dejen duda sobre el objetivo que se persigue y los modos en que la ciudadanía va a hacer exigible la rendición de cuentas. Las policías no deben estar exentas de esa responsabilidad, pero tampoco se les puede someter al mismo tipo de escrutinio público que amerita el resto de la función pública. Para eso debería haber instancias judiciales apropiadas, además de límites preestablecidos, que definan qué es un exceso y qué no lo es. No se puede enfrentar un abuso cometiendo otro igual.
www.cidac.org
15 mayo, 2007.
Señor Director:
El IFAI afirma en su carta que “no es extraño que cada dependencia o entidad alegue su excepcionalidad”; acto seguido, se dispensa para sí lo que critica: se declara excepcional y por encima del resto de las entidades públicas al atribuirse la facultad de “ponderar” si la información debe ser clasificada o pública.
Como escribí en el artículo de referencia, fui de los primeros proponentes de la transparencia como un factor esencial de la democratización. Sin embargo, la transparencia no es un fin en sí mismo ni los miembros del IFAI, o de cualquier otra entidad, deben tener facultades ilimitadas pues de otra manera nadie ni nada cuida a los cuidadores. La ley de transparencia es omisa al no crear mecanismos de equilibrio frente al poder del IFAI, así como al no otorgar la debida protección a los funcionarios que enfrentan dilemas igualmente severos al aceptar una demanda del IFAI que, por otro lado, podría implicar una violación de las leyes que norman su propia actividad.
La construcción de una democracia no tiene que arriesgarse a pasar por una etapa revolucionaria jacobina en la que unos cuantos deciden por todos, así sea en nombre de un bien superior. Con esto no pretendo restarle méritos a una institución insigne de la democracia mexicana; simplemente plantear que ningún órgano que ejerza un poder público (como el IFAI) debe quedar fuera del esquema de pesos y contrapesos característico de un Estado de derecho. Si la experiencia humana nos ha enseñado algo es que el poder que no se limita, se corrompe.
Luis Rubio
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