¿Será posible que una solución que parece perfecta en concepto no sea más que una quimera? Einstein afirmó que “no podemos resolver un problema empleando la misma manera de pensar que se usó para crear el problema”. Me parece que en las discusiones sobre cómo enfrentar al narco y al crimen organizado hemos caído en el terreno de las soluciones que parecen perfectas, excepto que ignoran el contexto en el que los problemas existen.
La legalización de las drogas resuelve todos los problemas y lo hace de una manera elegante. Con un acto legislativo se elimina la violencia, se legaliza un negocio que hoy es ilegal y, si tenemos suerte, hasta se eleva la recaudación fiscal. Por sobre todas las cosas, la noción de legalizar permite imaginar un mundo más tranquilo, menos violento y más amable. Imposible combatir tantas virtudes.
El problema, como hubiera dicho Einstein, es que la legalización constituye una forma lineal de pensar: ignora la realidad concreta en que ocurre el fenómeno. Más que nada, ignora las condiciones que serían necesarias para que la legalización pudiera funcionar.
Yo veo dos problemas centrales con la propuesta de legalización: el primero se refiere a la naturaleza del mercado de las drogas; el segundo a nuestra realidad objetiva. Respecto a lo primero, el mercado relevante no es el mexicano sino el estadounidense. Para que la legalización tuviera la posibilidad de surtir el efecto deseado, serían los americanos quienes tendrían que legalizar, pues ese es el mercado que cuenta por tamaño y dinámica regional. Aún así, no es obvio que la legalización como hoy se discute tuviera posibilidad de rendir el resultado que se anticipa, pues la mayoría de quienes propugnan por ella se limitan a la mariguana, es decir, no incluyen otras drogas como la cocaína y las metanfetaminas que son la parte gruesa del negocio que se relaciona con México.
El otro tema es el verdaderamente relevante: nuestro problema no es de drogas sino de falta de Estado. Antes de que la violencia creciera a los niveles actuales, el problema principal no era de narcos sino de crimen organizado (que incluía desde secuestro hasta robo de coches y piratería). El gobierno, a todos los niveles, ha sido incapaz de contenerlo o someterlo. El narco no hizo sino complicar y hacer mucho más grande el reto. Nuestro problema es de falta de capacidad policiaca y judicial. El Estado se quedó chico frente al problema de la seguridad pública.
México nunca ha tenido un sistema policiaco y judicial profesional. Lo que sí tuvo, en buena parte del siglo XX, fue un sistema político autoritario que todo lo controlaba, incluyendo a la criminalidad. En lugar de construir un país moderno, el sistema priista construyó un sistema autoritario que empataba los retos de su tiempo y le confirió al país la estabilidad necesaria para lograr el crecimiento de la economía y la consolidación de una incipiente clase media. No fueron logros menores si comparamos al México de los cuarenta o cincuenta con otras naciones, pero tampoco constituyó la fundación de un país moderno.
Algunos recordarán Los Supermachos, historieta que reflejaba esa época. El jefe de la policía y el presidente municipal eran personajes campechanos que resolvían los problemas como la vida les habían enseñado. Nadie podía acusarlos de ser poco creativos, pero su habilidad se derivaba de la experiencia, no de la existencia de un aparato profesional. Era un mundo rústico y primitivo. Así, exactamente así, era la policía y el poder judicial. No tanto ha cambiado…
Cuando los problemas eran locales y menores, el aparato estatal resultaba adecuado y suficiente para lidiar con ellos. Como con los Supermachos, no es que hubiera una capacidad moderna y ampliamente desarrollada; más bien, ésta era la suficiente para mantener la paz en el país. No era un Estado moderno, sólo uno que funcionaba para lo mínimo requerido.
La gradual erosión del sistema de control político y la eventual derrota del PRI en la presidencia acabaron con la era de administración del crimen y, en una fatídica coincidencia, nos pusieron directamente frente a un conjunto de desafíos –el crimen organizado- para los cuales el país jamás se preparó y, es necesario decirlo, todavía ni siquiera comienza a prepararse. Esto no es de culpas sino de enfrentar la realidad.
El crecimiento de la criminalidad y del narco ocurrió por circunstancias diversas, pero fundamentalmente ajenas a la dinámica interna del país. El crimen organizado fue una respuesta a la demanda reprimida de bienes, en gran medida por parte de las clases medias emergentes, que demandaban satisfactores como los que consumían los más pudientes pero sin la capacidad adquisitiva de estos. El crimen organizado, de escala transnacional, empató esa demanda primero con el robo de automóviles y autopartes y luego con productos como dvds y cds, principalmente de origen chino.
El crecimiento del narco respondió en buena medida a cambios ocurridos en otras latitudes: la estructura del mercado estadounidense; el éxito del gobierno colombiano en retomar control de su país; y el cierre que lograron los americanos sobre las rutas caribeñas. Estos tres factores concentraron al narco en México, consolidaron a las mafias mexicanas en el negocio y se convirtieron en un factor de brutal trascendencia en el territorio nacional. A esto vino a sumarse el endurecimiento de la frontera norte luego de septiembre 11, con lo que, súbitamente, el fenómeno adquirió características cada vez más territoriales y menos estrictamente logísticas.
El punto de fondo es que el gobierno no tenía instrumentos ni capacidades para responder ante estos retos. De pronto, a partir del inicio de los noventa, el país comenzó a vivir cambios profundos en su estructura de seguridad que resultaron fatídicos. Primero, un sistema de seguridad primitivo e incompetente, totalmente politizado; segundo, la erosión de los controles tradicionales; y, para colmar el plato, el rápido crecimiento de organizaciones criminales con poderío económico, armamento y disposición a usarlos a cualquier precio.
Legalizar (o “regular”) sería una respuesta concebible en un país que cuenta con estructuras policiacas y judiciales fuertes y capaces de establecer y hacer cumplir las reglas. Eso es lo que nos urge a nosotros y ese debe ser el asunto al que se aboque el gobierno en cuerpo y alma. Mientras eso no ocurra, la idea de legalizar continuará limitada a un tema de café, sin ningún viso de realidad. El problema de México es de ausencia de capacidad de Estado: la inseguridad y la violencia son consecuencia de esa carencia, no su causa.
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