El país ha experimentado cambios radicales en su realidad política y quizá no haya ámbito en el que el cambio haya sido mayor que en el de los gobiernos estatales. Luego de décadas de subordinación al presidente, los gobernadores se han convertido en los dueños del gasto público y los principales articuladores del poder político. En principio, eso no tendría por qué ser objetable, excepto que su poder viene acompañado de absoluta impunidad por la pésima forma en que se ha llevado a cabo la descentralización del poder: se transfirió dinero sin responsabilidad alguna.
El tema no es menor. La vieja presidencia dominaba todos los aspectos de la vida pública nacional; eso era posible porque la presidencia contaba con el partido, el PRI, para hacer cumplir sus órdenes. Una vez que el PRI dejó de ser un instrumento del presidente, lo que ocurrió con la elección de Vicente Fox, el viejo sistema se colapsó. El PRI dejó de ser un instrumento del presidente, los priístas perdieron a su líder y (casi) toda la vieja concepción del sistema político, al menos del poder, dejó de ser relevante.
Pero las pérdidas de unos acabaron siendo las ganancias de otros. El poder que en el pasado ostentaba la presidencia migró hacia los gobernadores y hacia los líderes de los partidos en el congreso y en los propios partidos. Hoy tenemos una nueva realidad de poder, pero seguimos viviendo de las mismas instituciones de antaño. El resultado es un enorme desequilibrio. El poder se ha diversificado, pero no se han creado mecanismos de rendición de cuentas. En lugar de fortalecerse las instituciones, éstas se han debilitado, para beneficio de unos cuantos que se enriquecen sin contrapeso alguno.
Puesto en otros términos, el poder se descentralizó, pero no se federalizó. El poder fluyó de la presidencia hacia otras instancias, particularmente los gobernadores, pero el crecimiento en su poder no vino aparejado de una responsabilidad equivalente. Aumentó su poder y, sobre todo, los recursos fiscales a su disposición, pero ese poder no vino acompañado de un requerimiento de transparencia o rendición de cuentas. Los gobernadores se vieron súbitamente inundados de recursos fiscales sin que tuvieran que explicar su origen, justificar su destino o responder por su uso. La mayoría tampoco tenía idea cómo gastar bien, para beneficio de la comunidad.
En algunos casos, como educación y salud, la consecuencia de este proceso ha sido patética: a pesar de que esos servicios se descentralizaron hace años, el gobierno federal sigue siendo responsable de todo. Los gobernadores se visten de gala inaugurando clínicas o regalado útiles escolares sin que jamás estén definidas sus atribuciones u obligaciones.
La explicación de todo esto es muy simple: los recursos son federales pero se gastan a nivel estatal, creando un divorcio entre la fuente del recurso y su uso. En un sistema debidamente equilibrado, los recursos se recaudarían a nivel local y existirían mecanismos de fiscalización a ese nivel. Sin embargo, es mucho más fácil y rentable para los gobernadores cabildear en el congreso federal y apostar a contar con bancadas fuertes y grandes que invertir en los ciudadanos, rendir cuentas o tener que explicar el origen o uso de los recursos. En una palabra, los gobernadores y alcaldes no pagan costo por los recursos con que cuentan ni tienen incentivo alguno por promover el crecimiento de la economía. Su único interés es gastar para promoverse o para sus ahorros personales.
El país ha observado una descentralización del poder pero no una federalización del mismo. La diferencia es absoluta. Descentralización implica la transferencia de poder y recursos del centro hacia otras instancias (igual gobernadores que partidos políticos), pero sin que cambie la responsabilidad. Federalismo implica transferencia de poder y recursos hacia otros actores, pero con mecanismos de contrapeso de tal suerte que los gobernadores u otros actores se vean obligados a responder tanto por el poder adicional como por el uso de los recursos.
Nuestra realidad actual implica un permanente desequilibrio tanto de poder como de recursos. Peor, los recursos se mal usan y dispendian porque ese es el incentivo que tienen los gobernadores y los miembros del congreso. La paradoja no podría ser más grande: la población le reclama al presidente por el bajo ritmo de crecimiento de la economía (es decir, él es visto como responsable), pero los recursos y capacidad de decisión (es decir, el poder) reside en los gobernadores y en el congreso.
El país requiere un nuevo arreglo político, de tal suerte que se redefinan las responsabilidades, se generen fuentes de equilibrio a nivel estatal y municipal y se creen condiciones para que efectivamente sea posible reactivar la economía. El federalismo, entendido como la transferencia simultánea de poder y responsabilidad, entrañaría una redefinición de la política nacional. Por ejemplo, en lugar de cabildear al ejecutivo federal o al congreso, la federalización implicaría que los gobernadores tienen que responder por su gasto y acciones no ante un ente etéreo como el congreso federal, sino ante su propio electorado. Los recursos dejarían de ser federales para convertirse en estatales (o municipales), y comenzarían a depender de la comunidad local para su ejercicio.
Lo que hemos tenido en los últimos años es una absurda transferencia de recursos de la federación a los gobernadores sin que medie control alguno. Aunque existen controles formales (y, en algunas ocasiones, esfuerzos loables por parte de la Auditoría Superior por evidenciar el dispendio), es evidente que esos controles son inexistentes en la práctica: los gobernadores hacen lo que les da la gana con esos recursos, como hemos podido atestiguar en los últimos años y pudimos ver, “en technicolor”, en la reciente contienda electoral.
En lugar de juegos tipo Lampedusa cuyo objetivo es dar la apariencia de cambio para que todo siga igual, el país requiere una reforma profunda en su estructura del poder, lo que implicaría equiparar poder y responsabilidad.
La esencia del federalismo reside en el equilibrio. Entraña el fortalecimiento del electorado como factor de contrapeso. También implica, por necesidad, un cambio radical en la estructura del financiamiento del gasto público, donde los estados y municipios comienzan a ser la fuente de buena parte del gasto que se lleva a cabo en sus demarcaciones. El centralismo en México se origina en la fuente de los recursos. Si hemos de crear una democracia estable y un equilibrio de poderes, tendremos que comenzar por lo esencial: las fuentes del dinero.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
