El contraste entre Vicente Fox y Felipe Calderón ha sido enorme. México pasó de un gabinete Montessori, donde cada secretario tenía sus propias prioridades, a un gobierno de agenda casi monotemática. El primer semestre fue la guerra contra el narco, ahora le toca el turno a la reforma fiscal. El presidente Calderón ha demostrado ser un político cuidadoso de las formas y disciplinado en su mensaje. Las pifias oratorias de Fox marcaron su sexenio. En cambio, el michoacano calibra el peso de sus expresiones, porque en su boca toda palabra tiene consecuencias.
Pero al mejor orador también se le va la lengua. El 6 de julio, ante un auditorio compuesto por algunos de los principales filántropos de México, Felipe Calderón afirmó con mesura foxista: “…no olvidemos que la caridad, junto con la fe y con la esperanza son virtudes teologales y que sólo pueden ser válidas… si antes cumplimos con… la prudencia, la templanza, la fortaleza y sobre todo la justicia. Yo le digo a la sociedad mexicana entera que no hay caridad sin justicia…”. La cátedra de moral del jefe de Estado no se recibió bien en el auditorio. Lugar equivocado, para una declaración desafortunada. Ese día, Calderón me recordó a Fox. El Presidente hubiera ganado mucho con las ventajas que brinda el silencio.
La lección de ética fue una manera rebuscada de afirmar que la generosidad filantrópica no exime a los contribuyentes del pago de impuestos. Calderón tiene razón. Sin embargo, la reforma fiscal debe tener cuidado de no quebrar la incipiente cultura de organizaciones civiles que apenas echa raíces en nuestro país. En un estudio comparativo de 36 naciones, México ocupa el último lugar en el porcentaje de la población que trabaja en Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Sólo tres de cada mil mexicanos trabaja de forma remunerada en una OSC, apenas uno de cada mil lo hace como voluntario. En Chile, 26 de cada mil habitantes trabajan con un salario en una OSC, 23 de cada mil lo hacen de forma voluntaria.
El gobierno mexicano ha propuesto una reforma hacendaria para fortalecer su capacidad de recaudar impuestos. El eje de la propuesta del Ejecutivo es la Contribución Empresarial a Tasa única (CETU), la cual no contempla deducciones por donativos a OSC. Si se aprueba el nuevo esquema fiscal, las empresas tendrán que llevar una doble contabilidad, una para el CETU y otra para el ISR, pero sólo pagarán el impuesto más elevado. Si el ISR es el tributo más alto, pagarán nada más el ISR. Si el CETU es superior al ISR, sólo pagarán el CETU. Con este esquema podría aumentar la recaudación, pero la iniciativa privada perdería incentivos para donar recursos a instituciones como la Fundación UNAM o la Cruz Roja.
La fragilidad financiera del fisco es un asunto de urgencia nacional pero, ¿a qué costo se quiere aumentar la robustez del tesoro público? Si para el año 2012 sólo sobrevive la mitad de las 8 mil 500 OSC que hay actualmente en México ¿Felipe Calderón querrá ser recordado como el Presidente que devastó a las instituciones del llamado tercer sector? El CETU secará parcialmente las lagunas legales que permiten disminuir la carga tributaria de las empresas pero, ¿qué precio pagará la sociedad para que el Estado tenga más recursos?
La participación activa de la sociedad, no es un tema de virtudes teologales, sino un catalizador del desarrollo político y económico. El profesor del ITAM, Michael Layton (El Universal, 9-07-2007) afirma que los cambios institucionales que han transformado a México fueron propuestos e impulsados por organizaciones sociales. El Tratado de Libre Comercio, la elección de las autoridades del Distrito Federal, la autonomía del IFE y las leyes de transparencia fueron iniciativas de asociaciones civiles. La construcción de la democracia, a la cual Calderón le debe su actual empleo, fue consecuencia del reclamo terco de una ciudadanía despierta y entusiasta.
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