Nos guste o no, ya estamos metidos hasta el cuello en el Fobaproa. El revuelo político que ha desatado la iniciativa presidencial de formalizar el pasivo del Fobaproa en deuda pública tiene una razón natural de ser: los políticos y sus partidos quieren evitar pagar un enorme precio electoral por una situación que, equivocada o acertadamente, es percibida por la población como la evidencia más contundente de la corrupción gubernamental y bancaria de los últimos años. Pero existe un tema mucho más serio que el anterior y es que el Fobaproa, en su estado actual, parece ser un barril sin fondo. Quizá la solución al problema político se encuentre, al menos parcialmente, en la solución al problema financiero y no al revés.
Es evidente, en retrospectiva, que la respuesta gubernamental al problema bancario no sólo fue errada, sino también desastrosa. Inmediatamente después de la crisis desatada por la devaluación, el gobierno reconoció que tenía que enfrentar un serio problema bancario, aunque no tenía idea de sus dimensiones. El gobierno sabía bien que tenía un muy grave problema bancario por la simple razón de que éste conocía, por haberlas creado, las razones de su fragilidad. Al privatizar los bancos con el único criterio de maximizar el ingreso fiscal, el gobierno cometió -o permitió- toda clase de torpezas: desde compras de bancos financiadas con crédito (en lugar de capital fresco), hasta su entrega a personas deshonestas. En cualquier caso, muchos de los bancos ya evidenciaban problemas serios de insuficiencia de capital y prácticamente todos experimentaban un crecimiento astronómico de la cartera mala y vencida desde finales de 1993.
La adquisición de la cartera bancaria mala por parte del Fobaproa fue una manera torpe de darle algo de oxígeno a los bancos que lo que realmente requerían era capital. La solución fue torpe por dos razones: por una parte, una vez que el Fobaproa adquiría la cartera, los bancos se desentendían, para efectos prácticos, de su problemática y administración. Es decir, una vez transferida la cartera al Fobaproa, el banco ya no tenía interés o incentivo real para administrar la cartera, ni para tratar de cobrarla en forma regular o de renegociarla para que el deudor siguiera pagando. Una vez en manos del Fobaproa, la cartera mala de los bancos pasó a un limbo en el que permaneció por mucho tiempo sin que nadie se ocupara de ella. Esto ocurrió con cartera de créditos otorgados a personas jóvenes y viejas, sensatas e insensatas, honestas y deshonestas: una vez en el Fobaproa, la cartera entraba en estado de hibernación y punto. Este hecho, más que cualquier otra cosa, explica el crecimiento exponencial del problema del Fobaproa.
La otra razón por la cual la solución fue torpe es porque creó un monstruo costosísimo, que ahora los mexicanos vamos a tener que pagar con nuestros impuestos, y a costa de otros programas de gasto gubernamental, sin que eso garantice que los bancos vayan a poder funcionar en el futuro. Es decir, el hecho de que el Fobaproa haya adquirido una parte enorme de la cartera dudosa o mala de los bancos no ha resuelto el problema de insuficiencia de capital de los bancos, ni asegura que el costo del Fobaproa vaya a dejar de crecer. Se trata del peor de los mundos posibles.
El debate político sobre Fobaproa parece tener dos dinámicas claramente diferenciadas. Por un lado, tiene una vertiente electoral y electorera. La otra es una vertiente demagógica y hasta pornográfica. La parte electoral es muy simple: tanto los perredistas como los panistas, pero sobre todo estos últimos, temen aprobar una legislación que, como el aumento del IVA en 1995, pruebe ser un factor de furia entre los votantes. Ningún político quiere votar ahora en favor de una iniciativa que pueda costarle la próxima elección. Al mismo tiempo, en su vertiente demagógica, ambos partidos opositores del PRI creen que en el Fobaproa hay los elementos suficientes para desvestir al gobierno y, como dice el dicho popular, para “colgarle el muerto” al PRI en la próxima elección. La buena noticia es que, finalmente, los votantes son ya un factor indispensable en los cálculos electorales de los partidos, algo nuevo en nuestra realidad política. La mala noticia es que nadie está pensando en la solución al problema del Fobaproa, sino en cómo aprovecharlo o, cuando menos, en cómo evitar salir golpeado del proceso.
Para el PRD, culpar al PRI del Fobaproa y votar en contra de la legislación en la materia no entraña problema alguno, pues ese partido no percibe razón o necesidad alguna de ser concebido como un partido capaz de gobernar y hacerse responsable de los asuntos de Estado, entre los cuales el Fobaproa es prominente. Es decir, el hecho de que el PRD repruebe, por razones políticas o ideológicas, el manejo que se ha hecho del Fobaproa no lo eximiría, en caso de llegar a gobernar al país algún día, de enfrentarlo como problema. Esa manera de (no) gobernar es precisamente lo que le está costando el apoyo popular al gobierno perredista de la ciudad de México. Hasta en México el escapismo tiene límites.
El problema para el PAN es muy distinto. El PAN no sólo comprende el dilema inherente al Fobaproa, sino que reconoce que la iniciativa presidencial tiene que ser aprobada. Es decir, los miembros del PAN tienen una visión del Estado de la cual, al menos hasta la fecha, el PRD no da evidencia alguna. El dilema para el PAN es el de encontrar la fórmula que le permita a sus diputados aprobar una iniciativa que no tiene remedio (porque el problema ya está ahí y no va a desaparecer por muchos buenos deseos que pudiésemos tener los mexicanos), sin pagar un brutal precio electoral. Hasta este momento, la avenida que el contingente panista en la Cámara de Diputados ha identificado para realizar este salto triple es la de desacreditar al gobierno, acusarlo de corrupto por el manejo del Fobaproa y demandar la realización de auditorías para cubrirse la retaguardia. Los panistas parecen confiar en que, una vez evidenciada la mugre en el Fobaproa, puedan lograr la maravilla de culpar al gobierno, aprobar la legislación (y con ello verse como partido capaz de gobernar) y no perder el favor electoral de los votantes.
Yo me pregunto si, en lugar de este malabarismo panista y perredista, no sería mejor (y más fácil) buscar soluciones al problema financiero del Fobaproa que, además, tuvieran la virtud de ser políticamente atractivas. Específicamente, hay dos vertientes que ningún partido, ni el propio gobierno, están explotando y que nos podrían hacer mucho bien a todos los mexicanos. La primera vertiente es la de intentar contener el rápido crecimiento del Fobaproa, si no es que reducir su tamaño en los próximos años, reiniciando las subastas que se empezaron -y suspendieron- en 1996. Una parte importante de la cartera comercial podría subastarse y, con ello, disminuir el tamaño del Fobaproa, reducir su crecimiento y su costo financiero y, sobre todo, dar una salida productiva a todo ese mar de recursos desperdiciado por pésimas decisiones de las autoridades financieras y bancarias en los últimos años. Lo importante es reducir el tamaño del Fobaproa, literalmente a cuaquier precio, con tal de inducir la reactivación de la cartera y de la planta productiva involucrada. Pero el procedimiento de venta debe ser impecable e impoluto: al mejor precio, aunque éste sea bajo, utilizando un mecanismo público de subasta absolutamente transparente que nadie pueda impugnar.
Un segundo camino, complementario al anterior, sería el de ofrecer condiciones inmejorables para regularizar a todas las familias rezagadas en sus pagos, a todas aquellas que abandonaron sus casas por no poder pagar y a las que viven en permanente incertidumbre por no estar al día en sus pagos. De esta manera, los deudores -familias y personas- pueden regularizar su situación y obtener el beneficio del descuento que produzcan las subastas. Es decir, las empresas especializadas que adquirieran las deudas hipodecarias y personales (como de tarjetas de crédito) tendrían la obligación de liberar a todas aquellas personas que se presentaran a pagarlas en un plazo perentorio y con un sobreprecio prestablecido. Por ejemplo, si la empresa adquirió la deuda en veinte centavos (de cada peso de deuda), la persona endeudada podría comprarla en veinticinco centavos y con ello quedar totalmente liberada. El beneficio político de resolver esa problemática para centerares de miles de familias es más que evidente.
Al igual que con la cartera comercial y empresarial, el sólo hecho de sacar el paquete de deudas hipotecarias del Fobaproa tendría el enorme beneficio de reducir el tamaño de ese enorme fondo. Además, el subsidio implícito en la reactivación de la cartera se vería más que compensado por la recuperación de la dinámica banco-cliente que es indispensable para el desarrollo económico. Es decir, se comenzaría la reconstrucción de la cultura del pago, tan minada en los últimos años. Quizá tan importante como eso sería el que los políticos encontrarían una manera de salir del hoyo en que el Fobaproa los ha metido sin crear un caos ni arriesgarse a la furia del electorado.
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