El consumo del Gas LP o “gas licuado” es crucial para muchas áreas productivas y también para la economía de las familias en México, ya que el 65% de las ventas de este bien son para uso doméstico. Esto es lo que se ha utilizado como argumento para tener un precio controlado y subsidiado. Hoy, sin embargo, urge revisar lo que está pasando con la industria y contestar preguntas clave como: si realmente el precio fijo y los subsidios están cumpliendo con los objetivos originales y si, en efecto, son los consumidores de menores ingresos los que más se benefician de esta política.
En México cada año, por disposición del Ejecutivo, se fija el precio que cobra PEMEX a las empresas privadas que distribuyen Gas LP. Sin embargo, si el costo de producir o importar dicho combustible es mayor que el precio fijado, el gobierno paga la diferencia, incurriendo así en una especie de subsidio al Gas LP. Dicho subsidio le cuesta al país, cada año, un promedio de 37 mil millones de pesos. Para dimensionar, este monto es el equivalente al 16% del gasto en educación pública o el 65% de lo que cuesta el Seguro Popular.
Al igual que el subsidio a la gasolina, el subsidio al Gas LP, al no discriminar entre niveles de ingreso, beneficia más a quienes más consumen, y no a los más pobres. Sin embargo, a diferencia del proceso de abasto de gasolina, la naturaleza de la industria del Gas LP hace que las familias de menores ingresos salgan más perjudicadas. Éstas tienen menos capacidad para comprar tanques de mayor tamaño, como consecuencia, están más expuestas a corrupción (“litros de 900 ml”) y al desabasto.
Con respecto al desabasto, éste se agrava en zonas rurales, donde al no tener acceso al gas licuado, debido a la distancia y/o a la falta de infraestructura doméstica para utilizarlo, se da una mayor utilización de otros combustibles. Los datos indican que las ventas de combustible para el sector residencial se reparten de la siguiente forma: 56% Gas LP, 6% Gas Natural y 38% leña. El problema de la leña, que se utiliza principalmente en el ámbito rural, es que el humo, cuando se acumula dentro de una casa, puede ser nocivo para la salud; la recolección de la madera es altamente intensiva en tiempo y trabajo; y el impacto ambiental de su consumo, por varias razones, es considerable. En este sentido, existen indicios para pensar que la política de subsidios y precios controlados no necesariamente está cumpliendo con su objetivo.
Por otra parte, la estructura de la industria no necesariamente beneficia al consumidor. Expertos coinciden en señalar una serie de problemas relacionadas con el precio, la logística de la distribución, la concentración en pocos actores, etc., mismos que generan un entorno de poca competencia lo cual desfavorece a los consumidores.
Son pequeñas medidas como modificar la regulación del mercado del Gas LP las que en el futuro tienen el potencial de crear un piso igual para todos, un mercado interno más fuerte y la integración de muchos grupos económicamente rezagados en una economía más dinámica y que genere más valor.
El objetivo de cualquier debate en torno a este mercado se tiene que dar no desde posturas ideológicas de derecha o de izquierda, o desde los intereses de algunos grupos de interés. El planteamiento debe ser: cómo creamos mejores condiciones para un crecimiento económico incluyente. Y, desde ahí, buscar el mejor esquema.
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