Hace una semana se llevó a cabo en Londres la Cumbre Anual de la Alianza por el Gobierno Abierto, a la que asistieron más de mil delegados de 60 países. Aunque el eje temático del evento fue la transparencia y la respuesta de los gobiernos a las demandas ciudadanas, el sector privado también fue un tema importante en la agenda. ¿Por qué?
Las empresas se vuelven actores centrales en la transparencia gubernamental cuando se habla de cabildeo, evasión fiscal, lavado de dinero y corrupción. El acceso a la información de las empresas también se vuelve de interés público cuando éstas enfrentan juicios por no pagarle a empleados o proveedores, cuando hay intervenciones de las autoridades porque los consumidores no recibieron lo que se les prometió, o cuando la sociedad acaba pagando, a través del erario público, desde daños ambientales hasta rescates financieros.
Una pregunta crucial es cómo evitar la creación de empresas cuyo único objetivo sea ocultar el origen de los recursos. Resolver este problema es bastante complejo. Una medida que ayudaría, como lo comenta Chris Taggart en la página de la Alianza por el Gobierno Abierto, es hacer público quiénes son los directivos y los dueños de las empresas (no solo las públicas), como sucede en Nueva Zelanda. Esto daría más certidumbre, por ejemplo, a proveedores, clientes y consumidores.
Al respecto la organización Open Corporates (apoyada por el Banco Mundial) tiene como reto hacer públicos los registros de las empresas en los distintos países. El reto es encontrar el registro y, una vez encontrado, entender la información que en él viene. Los beneficiarios del proyecto son, desde la sociedad y los periodistas, hasta los consumidores o empresas que buscan clientes o proveedores. Al día de hoy tienen información de más de 61 millones de empresas en todo el mundo. Y resulta interesante que haya más información de empresas en estados como Michigan en Estados Unidos que de México.
El tema es y seguirá siendo complejo. El argumento en contra de hacer pública la información de las empresas es, por supuesto, la confidencialidad y el argumento de que muchas transacciones no se llevarían a cabo si no fuera por el “anonimato” de los actores detrás. En Estados Unidos, por ejemplo, el estado de Delaware es quien tiene las mayores cláusulas de privacidad.
El debate sobre lo que debe ser público y lo que debe ser privado siempre va a existir. Sin embargo, lo más relevante es tener los mecanismos necesarios para que la “privacidad” nunca se vuelva sinónimo de ser invisible ante las autoridades competentes.
En cuanto a los “paraísos fiscales” el mundo también está cambiando. El mejor ejemplo de esto es el cierre reciente del banco suizo más antiguo, Wegelin and Co., fundado en 1741, tras perder una acusación frente a un tribunal en Nueva York. Uno de sus principales activos era el secreto bancario y ayudar a evadir impuestos a través de ocultar fortunas en paraísos fiscales, otorgar cuentas secretas o crear identidades ficticias en otros países.
Es una realidad que, el uso de la tecnología, aunado al avance de una agenda de rendición de cuentas, serán determinantes no solo para tener gobiernos más eficientes y eficaces, sino también para tener un sector público con reglas del juego más claras y fáciles de vigilar. Así, mejor ya irnos planteando, en México, estos temas.
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