Esta semana, en el marco de la Asamblea General de la ONU, México tomó la presidencia rotativa de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA).
La Alianza surgió hace tres años y tiene objetivos y vehículos que, bien aterrizados, pueden ser cruciales para México. La Alianza busca propiciar una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno, así como una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos. Todo esto, haciendo uso de nuevas tecnologías.
La Alianza está conformada por 64 países y es ya un espacio para compartir mejores prácticas. Hay muchos casos en el mundo que pueden servir de inspiración. Por ejemplo, en Uganda, la eficaz organización de quejas en torno al sistema de salud redujo la mortandad en menores de 5 años en un tercio. En algunos lugares en la India, informar a los padres de la gestión de la escuela de sus hijos y de sus derechos conllevó a mejoras en variables como asistencia de los maestros. Y Noruega es hoy líder en transparencia fiscal en la industria petrolera.
El caso de México dentro de los países de la Alianza ha destacado porque la sociedad civil y el gobierno se han podido sentar a establecer compromisos relevantes. A finales de este año sabremos, cómo van los 26 compromisos acordados.
Algunos de estos compromisos tienen una relevancia particular para el sector privado. Algunos ejemplos son: el compromiso de transparentar todas las fases del proceso de entrega de recursos del Fondo Nacional Emprendedor donde, si bien existen muchos recursos, en sexenios anteriores han surgido muchas dudas sobre la discrecionalidad del otorgamiento de recursos a empresas y los resultados de estos programas.
En el ámbito de infraestructura existe un compromiso a impulsar la apertura de datos sobre el sistema carretero mexicano. Esto va a permitir generar aplicaciones y servicios basados en datos.
Y también hay un compromiso a crear un sistema de información de las regulaciones y resoluciones administrativas de carácter general de órganos reguladores, como la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Economía (SE), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Comisión Federal de Protección sobre Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Pero, independientemente de que se cumplan a cabalidad estos compromisos, el esfuerzo de gobierno abierto en México va a ser una excepción si no se avanza en otros frentes como la legislación secundaria que está pendiente en materia de acceso a la información, la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), la definición del nuevo rol del IFAI como órgano autónomo y el fortalecimiento de la procuración de justicia en casos de incumplimiento por parte de las instituciones.
Por último, no hay que olvidar que uno de los puntos principales en la campaña de Peña Nieto fue el combate a la corrupción. Y hasta el día de hoy estamos en el mismo lugar. Incluso si se descongela en la Cámara de Diputados la aprobación y eventual creación de la Comisión Nacional Anticorrupción (CONAC) corremos el riesgo de que no cambie nada y acabemos solo con un cuerpo burocrático más.
México cayó en el Índice de Competitividad Global (2014-2015) seis lugares, y en gran parte fue por seguir sin atender la corrupción como inhibidor de la creación de riqueza. El trabajo que se llevará a cabo en el ámbito de gobierno abierto en los próximos años tiene el potencial de empezar un círculo virtuoso pero, si es un esfuerzo aislado, el camino será mucho más largo.
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