Quizá la gran paradoja del momento actual resida en que justo cuando existe plena coincidencia política respecto a un conjunto fundamental de objetivos y circunstancias en el país, los medios para alcanzar esos objetivos son extraordinariamente disputados. La causa última de esto es nuestra extraordinaria debilidad institucional. Por ello, existe coincidencia en el objetivo de construir una democracia plena, en el de alcanzar el crecimiento económico como el único medio a través del cual es posible crear empleos y elevar el ingreso de los mexicanos y, sobre todo, en el hecho de que el crecimiento debe ser responsabilidad esencial de los empresarios. Sin embargo, los medios para alcanzar ese desarrollo, sobre todo el papel que debe jugar el gobierno en el proceso, son hoy sujeto de profundas diferencias. De esta manera, aunque existen consensos virtuales en la sociedad mexicana, algo totalmente novedoso, no todos estos se habrán de traducir en acciones concretas y en un rumbo certero y definido. Aun así, tampoco es evidente que los empresarios tengan hoy la posibilidad de materializar las expectativas que se han depositado en ellos por los ingentes obstáculos que persisten al desarrollo de su actividad.
El proceso de cambio por el que ha venido atravesando el país no puede menos que caracterizarse de espectacular. Si bien no todos los cambios que se han experimentado han contribuido a una mejoría sensible en la vida de los mexicanos, es imposible no reconocer que el México de hace quince años es radicalmente distinto al del día de hoy en un sinnúmero de ámbitos. Los cambios más positivos se reflejan en el desempeño del comercio exterior del país y en el hecho de que se experimenta un proceso de cambio político pacífico que, aunque incompleto e insuficiente bajo cualquier medida, es muy superior al que parecía posible hace sólo unos años. Pero ninguno de los logros que se han alcanzado, por más importantes y valiosos que sean, permite minimizar el hecho de que enfrentamos una extraordinaria debilidad institucional, misma que puede impedir avances futuros, así como hacer imposible la consolidación de los que ya se han dado.
Los cambios que ha experimentado el país son muchos y muy profundos. Algunos de ellos fueron promovidos por el gobierno, en tanto que otros resultaron de la conjunción de fuerzas políticas y de circunstancias ajenas a la gestión gubernamental. En cualquier caso, el gobierno detonó un proceso de profunda transformación en el país en el momento en que comenzó a eliminar trabas e impedimentos a la actividad económica y política. Una vez eliminados los mecanismos de control que el gobierno ejercía a través de las restricciones al comercio internacional, el monopolio del papel para periódicos, la posesión de una enorme diversidad de empresas paraestatales y el fraude electoral, el conjunto de la sociedad comenzó a ocupar espacios a los que nunca antes había tenido acceso. Dada la cambiante realidad internacional, sólo a partir de entonces fue posible contemplar la posibilidad de construir una economía competitiva capaz de crear empleos y elevar los niveles de bienestar de la población, así como desarrollar un sistema político competitivo y democrático.
La realidad no ha sido muy generosa en avanzar estos procesos. Ciertamente, en el tema económico, hoy en día contamos con una planta productiva que, en los grandes números, es mucho más competitiva de lo que jamás hubiéramos podido soñar. Las exportaciones mexicanas se ha multiplicado de una manera impresionante y han comenzado a generar empleos y oportunidades potenciales para proveedores nacionales. De seguir esta tendencia, el conjunto de la economía nacional vería beneficios tangibles en el curso de los próximos años.
Sin embargo, mano a mano con la parte exitosa y creciente de la economía nacional, subsiste parte de la vieja planta productiva del país que ha sido totalmente incapaz de actualizarse y de modernizarse. Un sinnúmero de empresas mexicanas continúa entrampada en esquemas productivos que ya no son viables en el mundo moderno, no por la apertura comercial a la que muchos culpan, sino por la obsolescencia de la tecnología, por la creciente sofisticación del consumidor nacional y por problemas específicos que van desde su excesivo endeudamiento hasta la carencia de liderazgo empresarial. En este sentido, la “nueva” economía mexicana convive con una planta industrial obsoleta que, en su estado actual, no tiene mayores opciones para salir de su propio letargo. El problema es que de esa planta industrial de antaño depende el bienestar de un enorme número de familias. Lo urgente es hacer posible la expansión de la “nueva” economía y fomentar el desarrollo de nuevos empresarios, pues la vieja economía ya no tiene capacidad de realizar su cometido y cada vez constituye un mayor lastre.
Por el lado político, los cambios que ha experimentado el país son todavía más impresionantes. Las elecciones se han convertido en el medio aceptado para elegir gobernantes y las disputas en la materia disminuyen día a día. Desde esta perspectiva, el avance político es extraordinario. Pero hay otra perspectiva que no puede ser desdeñada. A lo largo de la última década, el gobierno ha ido abandonando espacios políticos, económicos y regulatorios, lo que ha erosionado y, en un gran número de casos, eliminado, las instituciones que servían para conducir el desarrollo del país, dirimir disputas y, en general, conferir algún grado de certidumbre respecto al futuro. No cabe la menor duda que la gran mayoría de esas instituciones eran autoritarias, existían para proteger privilegios particulares y servían para impedir la participación política del conjunto de los mexicanos. Sin embargo, nuestro principal problema en la actualidad es que esas instituciones, con todos sus vicios, no han sido substituidas por unas más apropiadas a las circunstancias de un país como el nuestro en la actualidad.
La combinación de una economía pujante, pero que ha dejado a muchos atrás, y de un sistema político cambiante pero fundamentado en instituciones políticas y legales sumamente débiles, explica en buena medida la aparente imposibilidad para arribar a consensos específicos respecto al futuro del país. Lo que era válido antes ha dejado de serlo y lo que es indispensable para el desarrollo del país en la actualidad todavía está incompleto o simplemente no existe. Las negociaciones en materia presupuestal hacen más que evidentes estas nuevas circunstancias.
De particular importancia en este tema es el gobierno mismo. Por tres lustros, el gobierno mexicano se ha abocado a transformarse, sin haberlo logrado. El gobierno virtualmente ha desaparecido como conductor del desarrollo del país, pero tampoco cumple las funciones más elementales para las cuales debe existir. Perviven sus viejas estructuras, las que obstaculizan más que promueven el desarrollo. En suma, el gobierno es la principal víctima de sus propias reformas porque no ha cambiado, lo que le impide funcionar y ser efectivo.
Lo que el país necesita es un empresariado decidido a actuar y a convertirse en el pilar de una economía pujante y creciente. Pero también necesita un gobierno adecuado a la realidad de la época actual. Un gobierno que, en lugar de impedir, se aboque a promover; y que en lugar de contentarse con ser un mero reflejo de lo que fue, se reforme para poder cumplir con sus funciones medulares, funciones en las que ninguna empresa privada lo puede substituir, pues se trata de la esencia de su actividad y su razón de ser, como lo es la provisión de seguridad pública y el establecimiento de el estado de derecho. La gran paradoja de este fin de siglo mexicano es que el gobierno tiene que reformarse para poder ser, dentro de criterios de absoluta eficiencia y equidad, mucho más fuerte que nunca antes.
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