A 45 días de que venza el plazo para la implementación de la reforma penal, CIDAC presentó el reporte “Hallazgos 2015″: evaluación de la implementación y operación a ocho años de la reforma constitucional en materia de justicia penal”.
La tercera edición de este reporte señala que el proceso de implementación se caracterizó por la ausencia de políticas públicas capaces de atender integralmente las necesidades de coordinación institucional; además, las acciones para la implementación en todo el país se llevaron a cabo de forma aislada y descoordinada. Aunado a ello, el constante cambio de autoridades ha generado vulnerabilidad en el proceso de implementación. Lo anterior, derivó en 33 procesos de transformación paralelos, pero desarticulados, tanto en las entidades federativas como en la Federación, lo que inevitablemente impactará en la operación y resultados del sistema de justicia penal.
Entre los principales hallazgos, se identificó la insuficiencia de operadores importantes como asesores de víctimas o facilitadores. Por otro lado, aunque se han llevado a cabo esfuerzos en materia de capacitación, aún existe un enorme rezago, especialmente en el ámbito de la policía. Además, hubo un retraso significativo en la armonización de importante legislación nacional, lo que ha significado el riesgo de la aprobación, con prisas, de normas no idóneas para implementar la reforma constitucional.
Asimismo, la reforma en materia de justicia penal implicó una considerable inversión de recursos financieros. Entre los recursos para las entidades, está el subsidio de apoyo a las entidades federativas para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio administrado por la SETEC, del cual, entre 2010 y 2015 distribuyó $3,510,092,861.60. Adicionalmente, las entidades contaron con recursos del Fideicomiso de Apoyo para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (BANOBRAS), el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); y el Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG).
Por otro lado, CIDAC llevó a cabo una clasificación de las entidades federativas con el objetivo de identificar el avance que presenta cada una las condicionantes de implementación. En ninguno de los casos, las entidades federativas lograron alcanzar el estándar establecido por la metodología de CIDAC para 2014, y únicamente seis entidades han superado el estándar de 2013, lo que hace evidente que aún tenemos pendientes que atender para contar con un sistema de justicia penal eficaz, eficiente y que asegure el respeto de los derechos humanos de los imputados y las víctimas.
Si se mantiene el ritmo de implementación que han mostrado las entidades federativas desde 2013 a nivel nacional nos llevará, en promedio, once años alcanzar el nivel óptimo para que el sistema de justicia penal opere de manera eficaz y adecuada, en relación con el estándar ideal establecido por CIDAC.
Ante este escenario, CIDAC propone una Estrategia para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio que tiene como objetivo contribuir a garantizar la viabilidad y sustentabilidad del SJPA en el mediano y largo plazo.
La estrategia contempla una temporalidad de 11 años para garantizar un nivel idóneo de operación y prevé tres ámbitos de aplicación: 1) sectorial, que se refiere a acciones que integren y aglomeren las distintas perspectivas del sector de justicia penal nacional, 2) institucional, que corresponde atender a las distintas instituciones del SJPA de forma particular y 3) ciudadano, que se refiere al impacto de las acciones institucionales en las experiencias de los ciudadanos. Todo lo anterior en estricto respeto de los derechos humanos y al marco legal del sistema de justicia penal en México.
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