Las encuestas sugieren que el PRI va a acabar con una mayoría absoluta (contando los escaños de sobre-representación que otorga la cláusula de gobernabilidad) en la Cámara de Diputados o que, en el más extremo de los escenarios, tendrá una mayoría relativa muy cercana al 50%. Estas cifras chocan con las expectativas de muchos observadores y comentaristas, quienes suponen que el PRI ha ganado históricamente por fraude en el uso de los recursos públicos o directamente en el manejo electoral. Sin embargo, más allá del posible choque entre expectativas y realidad, la pregunta relevante en esta etapa previa a las elecciones no es quién puede ganar, sino que significaría ese resultado para el país.
Hay dos planos en los que es posible evaluar los efectos potenciales que podrían tener los diversos escenarios legislativos que resultaran de los próximos comicios federales. El primer plano se refiere a los dos posibles escenarios electorales: el del triunfo o derrota del PRI. En primer término se encuentra el escenario que en este momento parece más probable que ocurra: que el PRI gane la mayoría, aunque sea relativa. En segundo término estaría la posibilidad de que alguno de los partidos de oposición, presumiblemente el PAN, lograra colarse por encima del PRI con una mayoría, previsiblemente relativa. El segundo escenario evidentemente entrañaría cambios muy significativos para la política nacional, pero aun el primero podría venir acompañado de sorpresas, sobre todo a la luz de la distancia que existe entre la política económica gubernamental y la plataforma electoral del PRI, misma que se sustenta precisamente en la crítica de esa política.
En principio, sería de esperarse que, bajo un escenario de triunfo del PRI, la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo se mantuviera dentro de los cánones tradicionales. El mismo partido controlaría las dos instancias de gobierno lo que, de entrada, evitaría el tipo de confrontaciones y diferencias que con frecuencia se presentan en casos de gobiernos “divididos” como ocurre actualmente en Estados Unidos y ha ocurrido repetidamente en Francia en la última década. El hecho de que el PRI estuviera, como ha estado siempre, de los dos lados de la mesa haría mucho más fácil la labor gubernamental y favorecería que la “torcida de brazos” que con frecuencia tiene lugar en el poder legislativo (como ocurrió cuando se incrementó el IVA en 50% en 1995) fuese tan natural y expedita como siempre.
A pesar de lo anterior, los priístas han estado experimentando una rebelión. El conflicto interno del PRI no es despreciable y ha adquirido diversas modalidades en los últimos años. Esto se va manifestar inevitablemente en la próxima legislatura. El conflicto inter-priísta se manifestó en forma violenta a lo largo de 1994 y, aunque afortunadamente sus expresiones más violentas han disminuido, las causas del mismo ciertamente no se han disipado. Los priístas desaprueban al actual gobierno en múltiples frentes y han llegado incluso a lo inaudito: han rechazado nominaciones a la Cámara de Diputados y, con ello, ¡se han quedado fuera del proverbial presupuesto! Por encima de lo anterior, la mayoría de los políticos priístas siempre se han opuesto a una política económica que reduce sus privilegios y prebendas, pero sólo desde la crisis de fin de 1994 se han sentido totalmente libres de expresarlo en forma amplia y generosa. De hecho, sería difícil encontrar un mayor contraste entre las prioridades presidenciales y las que expresa la plataforma del PRI, en base a la cual se están lanzando los actuales candidatos al congreso. Por dóciles que sean los priístas de la próxima legislatura, no cabe duda que van a ser mucho más militantes que sus predecesores.
Un escenario con mayoría de la oposición, aunque ésta fuese relativa (o sea, menor al 50%), o incluso un escenario bajo el cual el PRI fuese mayoritario pero sin contar con una mayoría absoluta, constituiría una pesadilla para un gobierno que, históricamente, ha estado acostumbrado a imponer sus preferencias sobre el poder legislativo. En lugar de exigir, el gobierno tendría que convencer; en lugar de demandar, tendría que negociar; en lugar de torcer brazos, el gobierno tendría que aceptar las prioridades de la oposición para que ésta aceptara las del gobierno. Aunque sin duda éste sería un escenario extraordinariamente complejo y difícil de administrar, tendría la ventaja de comenzar a sentar las bases para que algún día se evitaran los abusos y excesos que han caracterizado al sistema político por décadas.
Pero hay otro plano que no es menos importante de ser considerado. La razón por la cual es importante plantear la pregunta de qué pasaría si cambia la composición del congreso es que hasta hace muy poco el congreso funcionaba como una secretaría más, a cargo de la ratificación de las decisiones presidenciales. Ya hoy en día el congreso ha venido cobrando -o haciendo intentos por tomar- una mayor independencia respecto al Ejecutivo. Esa tendencia promete acentuarse independientemente de quien gane los comicios, pero indudablemente se profundizaría mucho más de ganar la oposición (o aun si ninguno de los partidos rebasa el 50%). Es decir, el hecho de que el poder legislativo esté cobrando importancia tiene que ver con la creciente independencia que le confiere la realidad política actual. México está excepcionalmente mal preparado para esta contingencia.
La historia de países con gobiernos “divididos” no es grata en casi ningún caso. Las experiencias latinoamericanas son particularmente malas, como ilustran los casos de Brasil, el Chile de Allende, Perú, etcétera. Quizá el temperamento latino haga difícil la negociación entre las distintas instancias de gobierno, razón por la cual los países de la región suelen tener gobiernos con un acentuado presidencialismo. Pero también es posible que el problema no radique en cuestiones de temperamento, sino en las estructuras institucionales. España y Portugal demuestran que es posible la convivencia entre partidos distintos, como ilustra el actual gobierno de Aznar. Lo que importa es que existan mecanismos institucionales que establezcan reglas del juego claras para todos, que permitan evitar una parálisis presupuestal si las partes no llegan a ponerse de acuerdo y que faciliten la solución del problema de los vetos, que no está prevista en nuestra legislación. Sería útil acelerar el paso en esta materia para evitar descalabros innecesarios en caso de que el PRI no logre la victoria en el legislativo que el gobierno tanto desea.
No es posible minimizar la complejidad de un escenario en el que ningún partido logra una mayoría absoluta, sobre todo cuando la agenda gubernamental ofrece tan poca latitud de negociación y cuando nos encontramos en una coyuntura tan frágil como para llevar a cabo todavía más cambios económicos o de cualquier otro tipo. Sin embargo, tampoco es razonable minimizar el impacto que la actual crisis -y su manejo- ha tenido sobre la población. Si el resultado de la próxima elección es un congreso sin mayoría priísta será porque los mexicanos habrían llegado a la conclusión de que son preferibles los entuertos y negociaciones altisonantes que las consecuencias de un gobierno con rienda suelta
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