Ceguera e impunidad van de la mano. No hay otra forma en que pueda leerse el intercambio de impunidades que, con toda solemnidad, celebraron el PRI y el PAN en diciembre pasado cuando optaron por abandonar toda pretensión de esclarecer los casos en torno a las familias Bribiesca y Montiel. Al intercambiar impunidades, los políticos hicieron gala de su ceguera, además de que abonaron más a su jugosa cuenta de desprestigio. Su extravío es tal que no fueron capaces de comprender que con ello le dieron la tabla de salvación al único posible beneficiario de semejante ofuscación: el candidato identificado con la honestidad, Andrés Manuel López Obrador.
El hecho es por demás revelador: nos muestra a una clase política ajena a su realidad, incompetente para entender el mundo en el que opera o el momento que vive. Con buenas intenciones o malas, la colección de torpezas que sus integrantes han acumulado en los últimos meses (para qué hablar de años) es impactante. Ahí está el intento, seguro bien nacido, pero en el momento más improcedente y de la manera más impúdica que uno pudiera imaginar, de conferirle autonomía a entidades clave del sector financiero o, todavía mejor, el albazo de pretender aprobar una nueva legislación para radio y televisión sin el menor análisis o debate.
Todas y cada una de esas iniciativas bien pueden tener su lógica y legitimidad, pero las formas que se emplearon para avanzarlas revelan la intención y/o, lo que sería (y probablemente es) mucho peor, sugieren una total desconexión de los políticos respecto ya no a la ciudadanía (que sería mucho pedir), sino incluso frente a su competencia inmediata. Revelan a una clase política que sería capaz de ponerle un candado a la llanta de una ambulancia al momento de recoger a un accidentado.
La iniciativa de sacar adelante la autonomía de entidades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorros para el Retiro (CONSAR), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) merece todo el apoyo y yo sería el primero en defenderla. Lo que no es defendible es el momento de presentarla. Una iniciativa que tiene por propósito institucionalizar procesos clave para el desarrollo y estabilidad de una sociedad, lo que por definición implica reducir los márgenes de maniobra y autoridad del gobierno, sólo puede ser impulsado al inicio de un gobierno (para atarse las manos a sí mismo) o en cualquier momento para que sea el siguiente gobierno el que lo instrumente. Es decir, una iniciativa de esa naturaleza no puede tener dedicatoria y eso es precisamente lo que ocurrió en diciembre pasado.
Pero lo peor no reside en pretender la aprobación de una iniciativa en un tema que trasciende las fronteras de un sexenio, con todo lo que eso implica, sino que a nadie, entre los promotores de la misma, se le ocurriera que pudiera existir alguna oposición. Ese hecho refleja el desprecio que los políticos tienen por la ciudadanía, por sus propios colegas y por la estabilidad del país. Todavía puede llegar a ocurrir que, como en tantos otros temas, una gran idea (la autonomía) se torne imposible por el prurito de haberla empleado no para institucionalizar, sino para frenar a un individuo en lo particular.
La iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados en materia de radio y televisión refleja un similar vilipendio por la legalidad e invita a pensar, más bien a concluir, que los políticos mexicanos viven temerosos de los medios y están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluyendo el chantaje implícito para ellos en esta iniciativa, con tal de satisfacer a sus virtuales secuestradores. Es mucho pedir, pero sería deseable que los legisladores analizaran la dinámica perversa en que han caído con situaciones como el intento de albazo en esa materia y en otras similares, como es el caso del presupuesto del IMSS o la ley de telecomunicaciones. La razón de ser de los pesos y contrapesos es precisamente la de conferirle autonomía y protección a todos los actores institucionales en un sistema político: de existir la ciudadanía en la mente de los legisladores (situación que se volvería inmediata y necesaria de existir la reelección), los supuestos representantes del pueblo tendrían la protección de los votantes frente a los abusivos intereses particulares que con regularidad tocan a su puerta. En ausencia de ese tipo de mecanismos, los legisladores tienen una de dos: corromperse o ser arrasados, algo que no es distinto al mecanismo que emplean los narcos: plata o plomo.
En el espíritu de Bismark, quien afirmó que “con las leyes pasa como con las salchichas, es mejor no ver cómo se hacenâ€Â, uno podría reconocer que en temas como el de las autonomías antes señaladas o de leyes como la de radio y TV, los legisladores no hacían más que su labor cotidiana y se comportaban como lo hacen todos los días: con mayor o menor torpeza, pero nada más. Ese no es el caso del intercambio implícito de impunidades entre el PAN y el PRI respecto a los casos Bribiesca y Montiel.
Si de algo está harta la sociedad mexicana es de la impunidad. Aunque espera muy poco de su gobierno y nada de sus políticos, la sociedad se revuelca ante el espectáculo que ofrecen uno y otros de manera cotidiana. Tratándose de un individuo privado, el mecanismo empleado por el Congreso para investigar el caso del hijo de la esposa del presidente era sin duda impropio. Quienes crearon la comisión respectiva no lo hicieron para investigar con seriedad, aplomo y profesionalismo los bienes y negocios de la persona en cuestión (esa no es la tarea de una comisión del Congreso), sino para explotar frente a los medios los presuntos casos de corrupción en que incurrieron los sospechosos. Ese sin duda no era un mecanismo idóneo para investigar y hacer justicia.
Pero la decisión de cancelar la comisión e intercambiarle al PRI el favor al no investigar el caso del ex gobernador Montiel, trasciende cualquier medida de probidad. El lugar apropiado para investigar ambos tipos de supuesta corrupción es el poder judicial. Pero nadie entre los políticos está interesado en la justicia, sólo en la impunidad. Eso funcionaba bien antes, cuando ni los medios ni la sociedad tenían instrumentos a su alcance para desafiar a los políticos. Aunque limitados, los instrumentos ahí están y el voto es el principal de ellos. La ceguera detrás de esa concepción puede acabar determinando el devenir de la próxima elección.
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