La inseguridad ciudadana y la injusticia penal, son temas de gran trascendencia para la
opinión pública y la percepción ciudadana, y por ello, uno de los asuntos más
relevantes de la agenda política y de gobierno en todos los ámbitos de competencia. El fenómeno delictivo y la respuesta social e institucional ante el crimen se dan en un
entorno social determinado. La justicia penal no puede aspirar a ir más allá de la justicia
social. Los estudios comparados y la literatura sobre sociología criminal están de
acuerdo en que el aumento de la delincuencia y la inseguridad, están estrechamente
vinculados con variables socioeconómicas. Por ejemplo, indicadores de desempleo y
bajos ingresos se asocian a la comisión de delitos patrimoniales (como el robo); en
tanto que variables como desigualdad social se reflejan en crímenes violentos como las
lesiones y el homicidio.
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